El forense de la Audiencia Nacional contradice a Interior y dice que Bolinaga puede ser tratado en prisión

El informe de la Clínica Forense de la Audiencia Nacional sobre el estado de salud del miembro de ETA Josu Uribetxeberria Bolinaga concluye que el preso, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, puede ser tratado de su enfermedad sin salir de la cárcel, informaron fuentes jurídicas.

El estudio pericial médico, que tiene seis fólios, ha sido entregado este viernes al juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, y al fiscal Pedro Rubira, que ha asumido la causa en sustitución del fiscal-jefe, Javier Zaragoza.  

El informe mantiene una posición distinta a las sostenidas por el ministro del Interior, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, la cárcel de Zaballa (Alava) y el hospital Donostia de San Sebastián, quienes rechazaban el tratamiento en la enfermería de una cárcel, por tener ésta rango de centro de atención primaria, y consideraban más ajustado al caso que fuese tratado en un hospital. De acuerdo a los informes de la cárcel y el hospital, Interior concedió el viernes de la semana pasada el tercer grado a Uribetxebarria con vistas a su libertad condicional, por estar aquejado de una enfermedad terminal e incurable.

La médico forense de la Audiencia Nacional ha analizado, a partir de las investigaciones científicas sobre el cáncer utilizadas por la comunidad médica, la esperanza de vida aproximada que tendría el etarra y el tratamiento médico más aconsejable a su situación, concluyendo que puede ser tratado en prisión.

Los forenses han trabajado sobre el informe clínico enviado por el Hospital Donostia de San Sebastián, que estaba firmado por una "comisión médica" del servicio vasco de salud Osakidetza. El documento recogía que el preso se encuentra en una situación "irreversible" en la que "más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento", es decir, que tendría un 90 por ciento de probabilidades de fallecer antes de un año.

"El pronóstico de este paciente es muy grave. Si nos basamos en literatura científica con la misma probabilidad, el proceso es irreversible e incurable. En esta situación clínica, más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los nueves meses y la probabilidad de supervivencia a los 12 meses estaría en torno al 10 por ciento", apunta este documento.

A este informe se han unido el historial clínico y la identidad de los médicos que firmaron el informe sobre Bolinaga, que fueron enviados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias después de que la Fiscalía pusiera de relieve que no constaban en el primer documento remitido a la Audiencia Nacional.

El informe elaborado por la cárcel de Zaballa (Álava) concluyó que el tratamiento que necesita el preso no es posible en una cárcel "porque en las prisiones hay enfermerías que son como centros de atención primaria", según señaló el jueves el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien añadió que "ese tratamiento exige estar ingresado en un hospital".

En la misma línea se manifestó el secretario general de Instituciones Peniteciarias, Ángel Yuste, quien dijo el miércoles en una entrevista que el preso está recibiendo en el hospital un tratamiento que no se le puede dar en las enfermerías de la cárcel porque éstas tienen la consideración de ambulatorio.

El secuestrador de Ortega Lara disfruta desde el pasado viernes del tercer grado penitenciario, que le concedió la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por "razones humanitarias" y "a pesar de la entidad de los delitos cometidos", una vez estudiada la propuesta a favor elaborada por unanimidad por la Junta de Tratamiento de la cárcel.

"Esta Secretaría General entiende que, a pesar de la entidad de los delitos cometidos por el penado, resulta indudable que tanto la gravedad de la enfermedad, su previsible evolución, así como las características del tratamiento mitigan extraordinariamente la peligrosidad del recluso y anulan prácticamente el riesgo de reincidencia", explicaba Prisiones.

En todo caso, le imponía como condiciones el "alejamiento de las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas", la "prohibición de participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia" y la imposibilidad de "ausentarse, sin previa autorización de la Administración Penitenciaria, de la localidad en la que fije su residencia".

La decisión sobre la libertad condicional de Uribetxerria Bolinaga depende ahora de la decisión que adopte el juez Castro tras recibir el informe que elabore la Fiscalía de la Audiencia Nacional.