La Fiscalía pide a Garzón que se inhiba en favor de los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia

La Fiscalía Anticorrupción se ratifica en el informe que presentó hace dos semanas al juez Baltasar Garzón, en el que pide al magistrado que se inhiba en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y puntualmente al de Valencia en el 'caso Gürtel'. 

Dado que el dictamen policial apuntaba al tesorero del PP Luis Bárcenas y al eurodiputado Gerardo Galeote, y ambos solo podían ser investigados por el Tribunal Supremo, Garzón solicitó hace una semana un nuevo informe a la Fiscalía Especial para que se pronunciara al respecto.

Tras estudiar el informe policial, Anticorrupción sigue considerando que no hay indicios suficientes contra ningún aforado para remitir la causa al Tribunal Supremo, en cambio sí los hay contra los diputados del PP de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, así como contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Franciso Camps, y otro diputado de esta Comunidad Autónoma cuya identidad no ha trascendido.

El día en el que Garzón elevó su petición a Anticorrupción distintos medios apuntaron que los posibles aforados serían el tesorero del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado del mismo partido Gerardo Galeote. Por su parte, el propio Garzón negó "rotundamente", a través del Gabinete de Prensa de la Audiencia Nacional, que otro de los posibles aforados fuera el diputado Esteban González Pons, tal y como se señalaba en otras publicaciones.

La respuesta de la Fiscalía se produce siete días después de que la solicitara Garzón, a pesar de que en la misma providencia el magistrado daba un plazo de 48 horas al Ministerio Público para entregarle el informe. Anticorrupción le contestó un día después que no cumpliría con el plazo, y que respondería tras analizar pormenorizadamente el informe policial al que se refería Garzón en su petición.

En su breve providencia del pasado miércoles, Garzón apuntaba que la Policía le había presentado un nuevo informe indicando que en la trama estarían implicados nuevos aforados (además de los que correspondería investigar a los TSJ de Madrid y Valencia).

El informe policial remitido al instructor por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) contiene "nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la revisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un posible nuevo casos de aforamiento", según la providencia de Garzón.

El señalado artículo regula que, si bien "cada delito de que conozca la autoridad judicial será objeto de un sumario", aquellos "delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso".

En la causa están imputadas 37 personas, entre las que se encuentran los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega, respectivamente. Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.

El juez Baltasar Garzón debe enviar lo que se conoce como “exposición razonada” al tribunal que crea que debe hacerse cargo del caso.

En el texto justificará la remisión de la causa con los indicios que existen contra los aforados que competen al tribunal en cuestión.

Tanto los Tribunales Superiores de Justicia como el Supremo deben aceptar la causa o devolvérsela a Garzón.

En casos anteriores, el Alto Tribunal ha pedido que la instrucción esté más avanzada para hacerse cargo de ella.

Mientras se pronuncian, el juez seguirá haciendo diligencias, como interrogatorios.