La Fiscalía esgrime la Ley de Amnistía para no detener a torturadores franquistas

La orden de la jueza María Servini para que España detenga y le entregue a cuatro policías acusados de graves torturas a detenidos durante el franquismo, ha tropezado con el primer escollo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a quien trasladó la petición la oficina de Interpol en España.

En cuatro informes de igual contenido, referidos a cada uno de los reclamados, la Fiscalía no considera necesaria la "detención preventiva" de los presuntos torturadores instada por la jueza Servini, alegando cuatro razones: la antigüedad de los hechos, la prescripción de los delitos,  lo dispuesto en la Ley de Amnistía española de 1977, y la falta de un relato pormenorizado de los hechos atribuidos a cada uno de los reclamados, con concreciónde fechas y lugar de comisión.

Los informes, firmados por el fiscal Carlos Bautista, han sido entregados al juez de la Audiencia Pablo Ruz, por encontrarse de guardia, quien tendrá la última palabra sobre si proceden o no las detenciones.

La Policía tiene indicios de que dos de los reclamados pueden haber fallecido

Aunque no comparta que deban producirse los arrestos, la Fiscalía sí insta al juez a incoar el correspondiente expediente de extradición a Argentina de los cuatro reclamados, que son los expolicías Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte González, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar. En este sentido, la Policía tiene indicios de que Galván y Giralte pueden haber fallecido, por lo que el caso se ceñiría a González Pacheco y Muñecas, mientras la juez no pida más entregas.

El procedimiento que la Fiscalía insta a comenzar es la comunicación al Ministerio de Justicia español de la incoación del expediente de extradición, para que informe al Ministerio homólogo argentino y le requiera la solicitud formal de extradición y la documentación adicional --como la concreción de los hechos imputados a cada uno--.

Argentina tendrá un plazo de 40 días para contestar, y a partir de ahí, según fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia puede continuar el proceso judicial de extradición o archivarlo, siempre de forma motivada. En caso de acordar proseguir, se instruiría en la Audiencia Nacional el proceso de extradición, que puede alargarse durante meses.

Si la Audiencia Nacional aprueba la extradición, la última palabra la tendría de nuevo el Gobierno, a quien no vincularía esa decisión, mientras que si el tribunal español la deniega, el Ejecutivo podrá o no seguir su criterio.

En su informe, la Fiscalía señala que la juez Servini califica los hechos que imputa a los reclamados como delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores. El Ministerio Público adelanta que en el caso concurre "la probable causa de denegación" de la extradición prevista en la Ley y en el convenio bilateral que regula estas entregas, y que es la prescripción de los delitos.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que habían recibido la petición de detención de los cuatro presuntos torturadores de la oficina de Interpol en España, que en ocasiones detiene a los reclamados sin pasar previamente el caso a la Fiscalía o los tribunales. Las mismas fuentes indicaron que no es extraño, sin embargo, que actúen como en este caso, pasando el caso primero a la Fiscalía, cuando se trata de reclamaciones por delitos antiguos o que planteen dudas. Recordaron que recientemente se ha obrado igual con un ciudadano estadounidense reclamado por su país.

"Esas órdenes han llegado a España y están trasladadas a la Audiencia Nacional a través de su Fiscalía, como corresponde", ha señalado este martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras presentar en Madrid las pruebas del proyecto Perseus sobre vigilancia de las fronteras.

Preguntado sobre estas órdenes de busca y captura de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquistas reclamados por la juez argentina María Servini, el ministro ha subrayado que su departamento y la Policía Nacional estarán "a lo que diga la Audiencia Nacional".

El portavoz del PP en el Congreso avala la decisión del fiscal de no apoyar las detenciones

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, está convencido de que la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional de rechazar la detención "preventiva" los cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por la justicia argentina por su supuesta implicación en los crímenes del franquismo se ajusta a la ley.

Tras recordar que el PP siempre ha expresado su respeto por las decisiones judiciales, Alonso ha señalado que, en este caso concreto, entienden que la Fiscalía ha actuado "de manera profesional y con acuerdo al principio de legalidad". "Ellos tienen que tomar sus resoluciones y hacer sus proposciones de acuerdo con la ley. Y en este caso estamos convencidos de que ha sido así", ha indicado.

El juzgado que se encuentra de guardia esta semana es el Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se encuentra actualmente Pablo Ruz tras la inhabilitación de Baltasar Garzón, quien ya trató de investigar sin éxito los crímenes del franquismo y que fue juzgado por un delito de prevaricación por intentarlo, aunque finalmente resultó absuelto.

En octubre de 2008, la Fiscalía ya se opuso a la investigación que desarrollaba el juez Baltasar Garzón alegando, entre otras razones, la Ley de Amnistía de 1977.

Con la presentación de este escrito, la Fiscalía deja en manos de un juzgado español el procedimiento puesto en marcha por la juez Servini al cursar el pasado 18 de septiembre una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo.

La resolución de la juez, de 200 páginas, reclamaba su detención para tomarles declaración indagatoria e incluía un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.

Entre los argumentos de su decisión, adoptada en el marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la juez retomaba informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.