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Los expertos consideran innecesario el cambio legal

Distintos especialistas apuestan por la aplicación de medidas socioeducativas

JAVIER SALAS

Los casos de sucesos atroces cometidos por menores de 14 años (como los ocurridos en Isla Cristina o Baena durante este verano) son tan excepcionales que no justifican por sí mismos una reforma legal que rebaje la edad penal hasta los 12 años. Así lo señalan expertos del ámbito jurídico o del trato con menores en situación de riesgo, que coinciden en señalar el 'oportunismo político' de la propuesta planteada ayer por el Partido Popular.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y jurista, Arturo Canalda, se opone expresamente a la proposición de situar a partir de los 12 años la edad de responsabilidad penal. 'No se puede bajar hasta esa edad porque mañana puede aparecer otro delincuente más precoz que cometa una violación con 11 años y entonces otros plantearían la necesidad de aplicar el Código Penal a los mayores de 10', argumenta.

'Mañana puede surgir un delincuente más precoz'

Canalda se muestra seguro de que será 'muy complicado' sacar esta reforma adelante por la sensibilidad que ya han mostrado los distintos grupos políticos de la cámara. Aun así, se muestra partidario de plantear una reforma que establezca 'medidas educativas de carácter obligatorio' para los menores de 14 años que cometan crímenes especialmente graves, 'para que tengan conciencia de que han hecho algo mal'.

El fiscal de menores Félix Pantoja asegura que no es necesario rebajar la edad penal para aplicar medidas socioeducativas como las que plantea el PP. 'Eso se puede hacer sin necesidad de introducir en el proceso penal a un crío de 11 años', defiende, antes de señalar que ya se dan medidas de internamiento obligatorio con menores de 14. 'Esta propuesta sólo busca llamar la atención y apuntarse un tanto político', denuncia Pantoja, quien no cree que haya ningún problema de delincuencia juvenil en España que justifique reformas legales.

En ese mismo sentido se manifiesta el portavoz de la Asociación Pro Derechos del Niño, José Luis Calvo, que cree que 'para tres casos al año, dos o incluso ninguno, no tiene sentido exagerar las cosas para que un grupo político aparezca como valedor de una opinión pública mayoritaria que no es tal'. Calvo coincide con Pantoja en señalar que en estas situaciones, la apuesta del Estado debe concretarse en acciones dirigidas a la prevención social. 'No podemos pretender que todos los problemas de la sociedad los resuelvan jueces y fiscales', sentencia.

'En España, no hay un problema de delincuencia juvenil'

Con respecto al apartado planteado por el PP sobre el acotamiento al uso que los menores hacen de Internet, tanto el director de la Agencia Española de Protección de Datos, Artemi Rallo, como su predecesor, José Luis Piñar, han manifestado sus dudas. 'Las políticas restrictivas generan el síndrome de la fruta prohibida', asegura Piñar, quien no ve lógico que 'Tuenti tenga fotocopias del DNI de los menores para verificar su edad'.

¿Son iguales las penas para todos los menores de edad?
No. Desde el año 2000, existen dos grupos: los mayores y los menores de 14 años. La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores de edad, impidió que los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años pudiesen ser condenados según la ley penal para adultos. Entre las medidas para mayores de 14 años, están los ingresos en centros de día o de internamiento.

¿Qué ocurre en la actualidad con los delincuentes menores de 14 años?
Los menores de 14 años, según el Código Penal actual, se consideran inimputables. Es por este motivo por el que no existen datos sobre los delitos protagonizados por menores. Sin embargo, la Ley del Menor sí que permite medidas de tipo socio-educativo y de seguimiento para este colectivo.

¿Se puede ingresar en prisión antes de los 18 años?
La ley española no permite esta circunstancia en ningún supuesto. En los casos más extremos, existe la posibilidad de retirar la tutela a los padres del menor y proceder a su ingreso en un centro especial, según la Ley de Protección Jurídica del Menor.

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