Evaluar a un dependiente no podrá costar más de tres meses

Gobierno y comunidades quieren reducir la espera desde que un dependiente pide la ayuda hasta que la obtiene. Para ello, han consensuado que no transcurran más de tres meses desde que una persona presenta la solicitud hasta que se determine el grado y nivel de dependencia que tiene.

La medida está incluída en un borrador para modificar el Real Decreto que regula la valoración de la dependencia, al que ha tenido acceso Público. El documento también propone la creación de un nuevo órgano de valoración. Se trata de formar equipos "multiprofesionales" (formados por psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etc.) que, periódicamente, revalorarán "al menos al 5% de las valoraciones realizadas en un semestre".

Para la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales la creación de esta nueva figura persigue aumentar la exigencia a la hora de determinar el grado de dependencia y evitar que se dictamine a demasiados dependientes severos. Esta fue una de las recomendaciones que hicieron los expertos que elaboraron un informe sobre el funcionamiento de la Ley a instancias del Congreso.

Las comunidades reciben dinero del Estado para aplicar la norma en función del número de dependientes cuando más ayuda necesitan, más dinero reciben independiente de cuál sea el tipo de ayuda que concedan luego a sus dependientes (una residencia cuesta cuatro veces más que una ayuda económica).

Como modificar el sistema de financiación, como reclaman muchas comunidades autónomas, supondría cambiar la Ley, el grupo de expertos consideró que aumentar el nivel de exigencia para determinar el grado y nivel de dependencia ayudaría a solucionar los problemas de financiación del sistema.

En el Ministerio de Sanidad desmienten que se quiera "dirigir hacia ninguna dirección a los valoradores, que son independientes". Según argumentan, la creación de estos nuevos órganos evaluadores responde a la necesidad de homogeneizar el modo en que se evalúa en las diferentes comunidades. "Este comité revisará los dictámenes y podrá corregirlos, pero también servirá para solucionar las dudas de los valoradores", explican fuentes de Sanidad.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, denuncia que añadir un nuevo órgano evaluador ralentizará el proceso. En Sanidad lo niegan rotundamente. "Al contrario, agilizará los trámites", defienden.

Reducir el tiempo de espera para que evalúen a un dependiente es sólo el primer paso para que las ayudas se hagan efectivas. Una vez determinado el grado de dependencia, los beneficiarios deben esperar a que se le conceda el Plan Individualizado de Atención (PIA), el informe que define qué tipo de ayuda le corresponde. Pero una vez conseguido el PIA, miles de personas esperan a que el derecho subjetivo que le otorga la Ley se haga realidad. El proceso se alarga en algunos casos más de un año.

Sanidad quiere reducir también el tiempo de espera para que se conceda el PIA, pero reconocen que todavía no se han puesto a trabajar en el documento. Ramírez critica que lo realmente urgente es agilizar este proceso, y no el de valoración. Las cifras hablan por sí solas. Un 89% de las solicitudes ya han sido valoradas. En cambio, sólo un 64% de las personas con derecho a una ayuda la reciben.