España avanza hacia la aconfesionalidad

El Gobierno estudia suprimir los símbolos religiosos de los espacios comunes a todos los españoles, como cuarteles, hospitales, cárceles y colegios públicos, así como de los actos oficiales, entre ellos los funerales de Estado o las ceremonias de toma de posesión de cargos en la Administración pública. Lo adelantó ayer el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cuyo Departamento ultima la reforma de la Ley de Libertad Religiosa.

El ministro insistió en que "es preciso crear espacios públicos de neutralidad religiosa" y confirmó que este será uno de los puntos fundamentales de la reforma. La normativa, que está muy avanzada, según dijo el propio Caamaño, se llamará Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia, ya que, por vez primera en España, regulará también la objeción de conciencia y los derechos de los que no profesan ninguna religión.

El ministro recalcó al respecto que "ninguna convicción personal puede excusar del cumplimiento de la ley". Caamaño anunció que sólo se admitirá la objeción reconocida en la Constitución o explícitamente por los legisladores. Y puso un ejemplo concreto y de actualidad: un médico podría objetar frente al aborto, pero sólo si el hospital en el que trabaja hace posible que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar, como dicta la ley.

La reforma legislativa, según ha podido saber este diario, será presentada antes de final de año. Los distintos derechos de los no creyentes que pretende regular formarán parte asimismo de su posterior desarrollo reglamentario.

El proyecto, en palabras del ministro, "buscará mejorar en igualdad y definir mejor los espacios de neutralidad religiosa de los poderes públicos en los espacios públicos", así como evitar que sean los jueces, en cada caso concreto, los que tengan que resolver polémicas relacionadas con la libertad religiosa, como ocurre ahora.

"Necesitamos reglas claras y nítidas para la libertad que reconoce el artículo 16 de la Constitución", recalcó el ministro, que incidió en la necesidad de definir qué espacios concretos deben ser neutrales. Entre ellos, señaló como ejemplo la presencia de las confesiones en hospitales, cárceles o en instalaciones del Ejército.

"La reforma de la ley no va contra nadie, ni va a afectar a los Acuerdos del Estado con la Iglesia católica", afirmó Caamaño, "porque todas las confesiones son defensoras de la libertad religiosa y de la diversidad". Y más, añadió, en una sociedad como la actual, que en materia religiosa es "mucho más abierta que en 1980" fecha de publicación de la actual ley y que exige practicar una tolerancia activa de las distintas confesiones e iglesias con arraigo en España, reconociendo los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y "reflejar sin dudas su pluralidad".

"El pluralismo es una virtud, y no una amenaza", defendió Caamaño, remitiéndose a la Constitución, para contestar al cardenal Cañizares, quien hace pocas fechas afirmó que si España dejase de ser católica, dejaría de ser España: "Nadie mejor que los españoles para decir lo que somos", recalcó el titular de Justicia.

En cualquier caso, el ministro se mostró convencido de que la Iglesia católica no se opondrá a la futura ley, porque lo contrario sería, a su juicio, ir en contra de su propia esencia.