Los escraches de la PAH por la aprobación de la ILP derivan en guerra de demandas con el PP

Desde que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentara a principios de marzo la segunda fase de su de campaña de información a los diputados contrarios a la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios y por la dación en pago, al menos diez diputados del PP han sido señalados públicamente mediante los polémicos escraches.

Lo que comenzó con el envío masivo de cartas instando a los representantes de la ciudadanía en el Congreso a que acudieran a las reuniones de la plataforma para conocer de primera mano la situación de los afectados por los desahucios, ahora se ha convertido -ante la falta de respuesta e interés por parte de estos diputados- en una campaña de seguimiento. "Si los diputados no vienen a las reuniones, nosotros llevaremos la realidad de los afectados a su propio entorno", dijeron los activistas en varias ruedas de prensa ante las puertas del Congreso.

Lejos de interesarse por la situación de las personas que pierden su vivienda, el Partido Popular (PP) estudia una demanda conjunta contra los responsables de estas acciones informativas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) consideraba ilegales los desahucios en España al contener los contratos hipotecarios cláusulas abusivas. El Gobierno debe ahora modificar la legislación sobre desahucios, pero en lugar de escuchar las propuestas de la PAH y de los ciudadanos en su conjunto, prefiere votar en contra de la ILP que pide la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la regulación del alquiler social de las viviendas municipales vacías para que las familias con menos recursos puedan disfrutar de un derecho constitucional como es el de tener un techo bajo el que dormir.

Diez diputados del PP han sido señalados e informados pero, desde que comenzó la crisis, en 2008, se han dictado cerca de 500.000 ejecuciones hipotecarias. La PAH ha conseguido paralizar 568 desalojos desde que empezó a plantarse en los portales de los afectados para impedirlo, pero sin una legislación adecuada a la realidad, su labor se ve más que resentida, ya que a los pocos días se vuelve a ejecutar el lanzamiento.

En un mes ha habido 10 escraches a diputados del PP pero desde 2008 ha habido casi 500.000 desahuciosSin embargo, pese a la sentencia del TJUE, los desahucios programados siguen su curso hasta que la ley hipotecaria sea modificada a tal efecto. Por ello, la PAH presentará este martes en los principales juzgados de España el escrito que ha elaborado su equipo jurídico tras el fallo. Con él, las personas cuyo procedimiento de ejecución hipotecaria siga en curso, podrán solicitar su anulación por "ser ilegales, por basarse en una ley contraria al derecho comunitario y, por tanto, ilegal", explica la PAH en su página web.

A las 11.00 horas, los activistas estarán en la puerta de los juzgados para entregar el escrito a los afectados que deseen presentarlo y lograr que sea una acto masivo de manera que "se paralicen todos los desahucios ilegales". Para los afectados que ya han perdido su casa y su expediente ha sido archivado, la Plataforma ha preparado otro documento en el que pide "que se tomen medidas de forma inmediata a fin de reparar el daño causado en los últimos años, como el cese de las reclamación de deudas, la recuperación de las viviendas, el retorno de las cantidades embargadas, y la indemnización por los daños y perjuicios causados a las víctimas de una ley ilegal".

Guerra de demandas

Ante el señalamiento público a los diputados del PP, varios de ellos han demandado a la PAH por coacciones y acoso. Algunos, como Esteban González Pons o Cristina Cifuentes, han comparado estas acciones con actos de kale borroka. El lunes, la delegada del Gobierno en Madrid encendía aún más los ánimos al acusar a la portavoz de la PAH en Barcelona, Ada Colau, de apoyar a "grupos proetarras". Ante estas declaraciones, la propia Colau anunció que no descartaba emprender acciones judiciales contra Cifuentes por "difamación".

IU no descarta pedir la comparecencia del Ministro del Interior si el PP sigue con su campaña de acoso y derribo

Desde otros grupos parlamentarios se ha criticado la nueva "campaña de criminalización" que el PP ha emprendido contra cualquier movimiento contrario a las políticas de recortes del Gobierno.

Desde Izquierda Unida, el responsable de Comunicación Externa de la Ejecutiva Federal, Ricardo Sixto, critica que "Cifuentes vuelve a hacer gustosamente de pantalla del PP para desviar la atención sobre lo importante: la postura y los contenidos a la baja que el Gobierno y el PP van a defender en la tramitación parlamentaria tanto del proyecto de ley como de la Iniciativa Legislativa Popular que se estudian en el Congreso", y no ha descartado que "si se sigue con este comportamiento", se pida la comparecencia del ministro del Interior" en la Cámara Baja.

Desde Amaiur no perciben con sorpresa esta actitud. Según fuentes de la formación consultadas por Público, "la criminalización de los movimientos populares ha sido y es una constante en Euskal Herria y tambien en el resto del Estado". Lo que sí les sorprende es "que el PP se queje de los medios pacíficos empleados por la PAH para denunciar y presionar a los que ellos y ellas consideran culpables de la injusta situación" y que nadie enjuicie "los mismos medios y técnicas empleadas por otros sujetos no implicados en los movimientos populares como, por ejemplo, el Cobrador del Frac".

Mientras tanto, los escraches seguirán su curso hasta que se vote la ILP. Lo que pase después dependerá del resultado de esa votación. Hasta ahora, así ha llevado la PAH a cabo los distintos escraches a políticos en todo el Estado:

11 de marzo: Puerta del Hotel Ritz de Madrid. Objetivo: el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Resultado: los políticos salieron por la puerta trasera del hotel.

14 de marzo: Barcelona. Objetivo: Ángeles Esteller, diputada del PP por Barcelona.

15 de marzo: Barcelona. Objetivo: Ángeles Esteller, diputada del PP por Barcelona; Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior; y Jorge Moragas, asesor del Presidente del Gobierno y diputado del PP.

16 de Marzo: el Prat de LLobregat. Obejetivo: Antonio Gallego, diputado del PP.

18 de Marzo: Valencia. Objetivo: Belén Juste, diputada del PP por Valencia.

 

18 de marzo: Oviedo. Obejtivo: Carmen Rodríguez Maniega, diputada del PP por Asturias. Resultado: la diputada ha demandado a la PAH por acoso

19 de marzo: Estación de Atocha, Madrid. Objetivo: Marcial Marín, consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla- La Mancha.

20 de marzo: Valencia. Objetivo: Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del PP. Resultado: Pons comparó el escrache con la kale borroka e interpuso una demanda contra la PAH por coacciones.

20 de marzo: Madrid. Objetivo: Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia; e Iñaki Oiarzábal, Secretario General del PP del País Vasco.