Después de una noche en vela y varias horas de total incertidumbre, los vecinos que ocupan el Bloque Dignidad de Móstoles (Madrid) podrán seguir en las viviendas, aunque no saben por cuánto tiempo.

La huelga indefinida que mantienen los funcionarios de Justicia ha impedido que este viernes se llevara a cabo el desalojo que estaba ordenado por el juzgado y que afectaba a más de 40 personas, 18 familias que residen desde hace años en este edificio que ocupó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2013 para dar alojamiento a personas desahuciadas tras la gran recesión económica que comenzó en 2008.

El paro de los funcionarios ha evitado que la comisión judicial se presentara en el bloque a la hora fijada, las 9.30, y tampoco ha habido presencia policial, a pesar de que el Juzgado había solicitado la actuación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) para vaciar el edificio en un momento político complicado, a dos jornadas de las elecciones municipales y autonómicas y justo el día que entra en vigor la ley de vivienda.

Según explicaba pasadas las 11.00 horas el portavoz del colectivo STOP Desahucios Móstoles, José Torralbo, el juez mantiene activa la orden de desalojo a la espera de una nueva fecha que prevén para dentro de un mes aproximadamente.

La abogada que gestiona los recursos de las 18 familias, Sol García, ha recordado que el juez ha dejado claro que la situación de estas personas —casi una veintena de menores, personas enfermas, dependientes o de edad avanzada y con situaciones claras de vulnerabilidad— debe recibir una respuesta de los servicios sociales municipales o de la Comunidad de Madrid, aunque las soluciones que se han propuesto hasta el momento son inviables, según los afectados.

Naciones Unidas pide suspender el desalojo

El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha respondido a los requerimientos de al menos siete de estas familias y ha solicitado al Estado español que suspenda los desalojos hasta que no se garantice una vivienda digna alternativa. La letrada asegura que seguramente llegue la misma respuesta para varios de los casos que aún tiene pendiente de contestar. Pero la falta de viviendas públicas en la ciudad y la exclusión de las concesiones de viviendas sociales que impone la Comunidad de Madrid a las personas que tienen condenas o procesos abiertos por usurpación de viviendas dibujan un panorama complicado para cumplir este requerimiento de Naciones Unidas.

Seguirán presionando a los Servicios Sociales de Móstoles para encontrar una alternativa, aunque los únicos ofrecimientos que han recibido hasta el momento, aseguran, son albergues municipales, hostales pagados durante algunas semanas o ayudas para que puedan alquilar otras viviendas. "Pero los ingresos de estas personas son muy bajos o incluso inexistentes, es imposible que puedan acceder a contratos de alquiler para los que se exigen requisitos económicos y laborales que ninguna familia puede cumplir", explica la letrada.

Barricadas y puntales en las entradas

Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado en las puertas del edificio desde primera hora para apoyar a las familias y tratar de paralizar el desalojo. Los vecinos, por su parte, han pasado la noche colocando obstáculos en las diferentes entradas y bloqueando las puertas incluso con soldaduras ante la posible intervención policial. Maderas, viejos electrodomésticos, puntales y vallas de obra han servido para cerrar todos los accesos al bloque. Esta vez no han sido necesarios, aunque saben que es solo cuestión de tiempo que tengan que volver a usarlos. Ya habían dejado claro que intentarían resistir a toda costa porque no tienen otro lugar al que ir.

"Esta casa es lo único que tenemos. Si nos echan, a algunos puede acogernos un familiar durante un tiempo, ¿pero adónde vamos a ir después en nuestra situación?", se preguntaba este miércoles Juan Antonio García, de 71 años y con una pensión no contributiva que no llega a los 600 euros. Este viernes no ha pegado ojo esperando la llegada de la Policía mientras relataba a los periodistas diferentes momentos de los 14 años que pasó viviendo en la calle en Madrid. Luisa Montiel, su compañera de piso, de 55 años, también mostraba su angustia ante el desalojo después de siete años residiendo en esta casa tras ser desahuciada y tener que dormir varios días en el portal de su antigua vivienda.

Entre los realojados por el colectivo antidesahucios en estas viviendas hay personas con enfermedades mentales, casos de párkinson y enfermedades crónicas que irían a peor si se quedan en la calle. Hay familias de migrantes que perdieron los papeles cuando cayeron en el paro hace años y diferentes lesiones les impiden reengancharse al mercado laboral. Sin respuesta de la Administración, solo la iniciativa de los activistas ha proporcionado un refugio estable y digno durante todo este tiempo.

Propiedad de una empresa de EEUU

Pero la tranquilidad se acabó el pasado verano, cuando la compañía de inversiones inmobiliarias estadounidense Midtown Capital Partners se hizo con todo el edificio en subasta pública por más de dos millones de euros (su valor de tasación rondaba los 4,6 millones) e inició el procedimiento judicial para el desalojo. Previamente, el bloque formó parte de los activos inmobiliarios tóxicos que los bancos transfirieron a la Sareb (conocida como banco malo) tras el rescate bancario de 2012. Fue Bankia, entidad quebrada y rescatada con dinero público, la que se quedó con las viviendas ante el impago de la inmobiliaria que lo levantó antes de quebrar durante la crisis de 2008. Las 18 casas nunca llegaron a estar habitadas mientras en España se producían miles de desahucios de familias cada año.

En situaciones muy similares se encuentran varios bloques en la Comunidad de Madrid y decenas en todo el país, y algunos de sus ocupantes han acudido este viernes la a cita para apoyar los afectados. Todos son edificios o viviendas de entidades financieras o adquiridas después a precios de saldo por grandes fondos de inversión extranjeros, pero que los colectivos de activistas por el derecho a la vivienda decidieron "recuperar" hace años y ponerlos a disposición de las familias desahuciadas durante la crisis en una campaña que bautizaron como Obra Social la PAH. A día de hoy, es la única respuesta efectiva para cientos de personas y familias a los que la crisis económica golpeó tan fuerte como para dejarlos en total desamparo.