Un total de siete organizaciones, entre las que figuran Amnistía Internacional, Human Right Watch o los sindicatos UGT y CCOO, han suscrito un comunicado en el que declaran como 'día de luto' por la limitación de la Justicia Universal impulsada por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Los firmantes aseguran que la reforma de la legislación que regula las competencias de la justicia española en los delitos cometidos en otros países  se ha producido 'sin que haya mediado un debate transparente y público', y denuncian que con este gesto 'se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales'.

'La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido, u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera', advierten las organizaciones.

Según explican, con el texto aprobado en el Pleno 'la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación'.

'Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos', denuncian las organizaciones.

Por otra parte, la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE) anunció que se sumará a un manifiesto que ya ha refrendado un millar de entidades y que exige al Gobierno que paralice esta reforma porque atendiendo a los convenios internacionales España 'tiene la obligación de mantener intacto en su legislación el principio de jurisdicción universal para juzgar a los responsables de la comisión de crímenes de guerra'.

El manifiesto considera que esta resolución es un 'claro incumplimiento' de las obligaciones convencionales asumidas por el Estado español y afirma que su aprobación 'supone, en la medida en que impida enjuiciarlos, un acto de encubrimiento'. 'La decisión traerá también consigo, en consecuencia, una evidente limitación de los derechos de las víctimas', defienden los firmantes.