Detenidas 42 personas por estafar dos millones en préstamos falsos

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un total de 42 personas, entre las que se incluyen un director de una sucursal bancaria y el director de una oficina de caja de ahorros, por su presunta pertenencia a una red organizada dedicada a la obtención de préstamos bancarios utilizando documentación falsa, medio a través del cual han defraudado en torno a dos millones de euros a un total de 60 afectados, 15 de los cuales se encuentran entre los detenidos.

La operación, denominada 'Capital' y que se inició el pasado mes de septiembre de 2010, ha sido dada a conocer este jueves en rueda de prensa por el inspector jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Fernando Sevillano, quien ha explicado que, como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de 42 personas, 27 de ellas miembros de la organización y a quienes se imputa los presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y en algunos casos falsificación de documentos, mientras que las 15 restantes forman parte de los afectados y están imputados por haber colaborado en la falsificación de los documentos.

Pues bien, el responsable policial ha detallado que la presunta estafa la lideraba una empresa mercantil, con sede social en el edificio Fórum enclavado en la avenida Luis de Morales de la capital hispalense, dedicada a la compraventa inmobiliaria y al préstamo de capital privado. Según ha explicado, al frente de esta empresa se encontraba un administrador único y "máximo" responsable de la misma, con quien colaboraban fundamentalmente un informático y dos falsificadores, uno dedicado a la elaboración de la documentación falsa y el segundo de ellos dedicado a la fabricación de los sellos de empresas y organismos públicos y privados.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa, asociación ilícita, falsificación...

Sobre el 'modus operandi', Sevillano ha precisado que la organización entraba en contacto con personas de escaso nivel de solvencia económica y de formación, fundamentalmente ciudadanos en paro o con un empleo pagado con dinero 'negro', a quienes llegaban a conocer "gracias a través de directores bancarios que conocían la problemática de sus clientes, de agentes externos y a través de las listas de viviendas a subastar publicadas". De esta manera, les ofrecían la posibilidad de saldarles todas las deudas a cambio de realizar un contrato de compra-venta "ficticio" de sus viviendas, que pasaban a ser propiedad de la empresa y contra las que pedían un préstamo hipotecario.

Así, era la propia organización la que presentaba en las entidades bancarias implicadas documentación "falsa" consistente en nóminas -en la investigación se ha dado con una nómina de Lipasam-, informes de vida laboral, contratos de conversión en trabajadores indefinidos y declaraciones de la renta, todo ello al objeto de "poder justificar unos ingresos solventes con los que hacer frente al futuro préstamo". "Si la empresa no conseguía el préstamo, la casa ya estaba a su nombre, y la víctima se quedaba sin préstamo y sin vivienda", ha apostillado Sevillano.

Según ha añadido, el préstamo se conseguía "en connivencia" con los directores bancarios detenidos, los cuales "miraban para otro lado" y concedían préstamos a personas con escasos recursos económicos, para lo que "engañaban" al banco o a la caja de ahorros, ya que "daban solvencia a personas que no eran solventes". El responsable policial ha dado a conocer que, por cada crédito hipoteario concedido en estas circunstancias, los directores bancarios cobraban unos 5.000 euros. Una vez concedido el crédito, se retiraba Lael dinero y la empresa se quedaba con el mismo, mientras los afectados se hacían cargo de la hipoteca.

La organización buscaba personas con escaso nivel de solvencia económicaLa tasadora de la vivienda también formaba parte de la organización, tasando por encima de su valor y consiguiendo la máxima tasación posible, incrementando con ello el préstamo hipotecario conseguido.

Dentro de esta "laboriosa" operación, que se ha desarrollado entre septiembre y diciembre de 2010 y que continúa abierta ya que se conoce que la empresa ha operado también en Cádiz y en Córdoba, se han realizado registros domiciliarios en la propia sede social de la empresa, en el domicilio particular del responsable de la misma, en el de la persona dedicada a falsificar documentos y en el de la persona que fabricaba los sellos.

Aunque por el momento hay 42 detenidos, diez de los cuales han sido puestos a disposición judicial quedando en libertad con cargos, la Policía está investigando al notario que firmó el 95% de estas operaciones fraudulentas.