El Defensor del Pueblo destapa en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que 'muchos' de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.

El informe monográfico revela como, citando casos concretos, el centro de protección para menores con trastornos de conducta de Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, encierra a los chavales ingresados hasta 72 horas en salas de castigo, una humillación que se repite en la mitad de los seis centros de estas características que existen en la región en otras modalidades, como las contenciones físicas de gran violencia.

El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento, así como que en el 75% de las mismas, suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.

A pesar de que dichas contenciones deben hacerse, según el Defensor del Pueblo, 'de forma limitada', en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad 'desproporcionada' que puede producir lesiones físicas.

Asimismo, la Institución alerta de que más de la mitad de las instituciones utilizan medidas de aislamiento, que si bien deben aplicarse de forma terapéutica, en ocasiones se llevan a cabo como medida sancionadora e intimidatoria.

Esta práctica, según la investigación, se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y carecen de ventanas, lo que provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.

Esta situación ha llevado a que muchos de estos centros tengan varias denuncias en su contra por episodios de violencia. En el caso de Picón de Jarama, por ejemplo, un menor presentó una denuncia el pasado 10 de julio manifestando que, tras una discusión con una compañera, los vigilantes del centro lo habían llevado a su habitación y lo habían 'reducido a la fuerza', metiéndolo en un cuarto de castigo en el que 'los vigilantes y un tutor se abalanzaron sobre el menor para que no pudiera escapar, dejándole sin respiración y llegando casi a ahogarlo'.

Dos meses más tarde, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia recibió otra queja de un menor que decía haber sido atacado por un empleado de la seguridad, que le asestó 'dos golpes en la cabeza con la plaqueta mecánica utilizada para detectar metales en los cacheos', lo que le ocasionó una brecha con diagnóstico de traumatismo encefalocraneal. 'No sólo no llevaron al niño al médico, sino que se le dejó toda la noche aislado y sin supervisión médica', continúa la queja.

El caso más sangrante en la Comunidad de Madrid es el del centro Tetuán, gestionado por la Fundación Internacional O'Belén y ya cerrado por el Defensor ante las múltiples irregularidades que presentaba. Entre otras cosas, en estas instalaciones se cerraban las puertas blindadas de las habitaciones durante las horas de descanso nocturno.

Otro problema de este tipo de instalaciones es la falta de recursos frente al incremento de menores ingresados. Así, los profesionales señalan que 'hay un gran número de menores que circulan de centro en centro y no acaban de encontrar una respuesta acertada a sus necesidades'.

Esto provoca retrasos en la aplicación de los programas, por lo que los chavales acaban pasando más tiempo del recomendado teóricamente en estos centros. Por ejemplo, mientras la media efectiva de permanencia se sitúa entre el año y los dos años en la mayoría de los centros, algún chaval ha llegado a estar hasta cinco años en Sirio I.