El Constitucional "vuelve a sepultar a Lorca" y no admite el recurso para localizar la fosa en la que yacen sus restos

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de la nieta de Dióscoro Galindo, asesinado junto a Federico García Lorca en agosto de 1936 en Alfacar (Granada), para que se investigue su muerte y se localice la fosa común en la que yacen sus restos junto a los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, una decisión que ha causado gran "decepción" entre los familiares.

La nieta de Dióscoro Galindo había remitido un recurso de amparo después de que un juzgado de Granada y de la Audiencia Provincial se negara a activar la búsqueda de sus restos, ahora la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha decidido no admitirlo a trámite alegando, según consta en un resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, que no se aprecian en el mismo "la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere".

Eduardo Ranz, abogado de la nieta de Dióscoro Galindo, ha explicado a Europa Press que el recurso presentado no pretendía "enjuiciar a nadie", sino establecer una investigación que diera con los restos y así poder proceder a la exhumación de los mismo. Ya que, según el letrado, Lorca "no ha recibido a día de hoy el entierro cultural que un escritor de esas características merece".

Ranz ha lamentado que la justicia "vuelva a sepultar a Lorca", por lo que acudirán al Tribunal de Estrasburgo para que Europa les "dé la justicia que el Constitucional les niega" al no admitir su recurso, tal y como ha avanzado la Cadena Ser.

"Una sepultura digna a su andaluz más internacional"

En la denuncia presentada en enero de 2020 por García Catalán, nieta adoptiva de Dióscoro Galindo, se solicitaba que no cesara la investigación del lugar en el que yacen los restos del célebre poeta. La denuncia subrayaba además que "la sociedad española no ha tenido aún la oportunidad de dar sepultura digna a su andaluz más internacional en las letras españolas y andaluzas".

En el escrito proponían como testigos al hispanista Ian Gibson, experto en la figura de Lorca, y al periodista autor de una entrevista realizada en 2019 y origen de este procedimiento, en la que José Antonio Valdivia Gómez, que en 1986 era diputado de Obras y Servicios de la Diputación de Granada y del vivero provincial, habló, en referencia a unas obras ejecutadas ese año en el parque Federico García Lorca de Alfacar (Granada), de la aparición de un fémur pero que finalmente fue echado a la finca que había en la parte de abajo.

También se pedía que "se investiguen las órdenes de puesta a disposición de Guardia Civil y Falange dadas por la autoridad militar golpista y se averigüe si fueron únicas, o bien si fueron sistemáticas", así como que "se investigue si éstas tenían su origen en el comandante militar o bien partían de instancias superiores", y "que se consulte a la Cruz Roja si existe, como en otros lugares, un posible listado de los asesinados que vaya acompañado de información complementaria".

Tras esta petición, la Fiscalía señaló que la pretendida exhumación "no puede ser objeto de investigación en sede penal" sino que debe tramitarse a través de las actuaciones civiles o administrativas que en su caso correspondan al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007, por lo que pidió el archivo.