El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó ayer por unanimidad un resolución que envía al dictador libio Muamar el Gadafi y su entorno cercano el firme mensaje de que la comunidad internacional no tolera las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Según esa resolución, que se negoció durante casi nueve horas, Gadafi y los responsables de los ataques generalizados y sistemáticos contra la población libia desde que comenzaron las protestas civiles hace casi dos semanas tendrán que responder ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya.

"Es un reconocimiento de la justicia internacional y la justificación del TPI. Es un maravilloso homenaje a la justicia internacional", afirmó el embajador de Francia, Gérard Araud, al término del Consejo, al tiempo que consideró que la resolución adoptada es también "una victoria" de la comunidad internacional.

La resolución exige el fin inmediato de la violencia y pide que se tomen todas las medidas para cumplir las "legítimas" aspiraciones del pueblo libio, remite la situación al fiscal del TPI, que a partir de ahora dispone de dos meses para comunicar al Consejo los pasos que realice y después tendrá que informar cada seis.

La remisión al TPI fue uno de los escollos solventados para adoptar esta resolución que, por lo demás se aprobó con extrema rapidez, en apenas 24 horas tras su presentación.

La dificultad se refería a que en el Consejo hay países que no son parte del Estatuto de Roma que dio lugar al alto tribunal y que, en consecuencia, no tienen un obligación al respecto, pero se instó a todos ellos y a las organizaciones regionales a que cooperen con la corte y su fiscal.

La resolución también se refiere a los mercenarios a los que el regimen de Libia ha recurrido para reprimir a su pueblo y señala que "quedarán sometidos a la jurisdicción exclusiva de ese Estado".

"Envía un claro mensaje al régimen de Trípoli y también de apoyo a los libios. Esperamos que el régimen empiece a pensar sobre lo que ha pasado ahora y que todos los que colaboran con él se situen al lado del pueblo libio", dijo a la prensa el embajador adjunto de ese país, Ibrahim Dabashi, al término de la reunión.

Dabashi, que precisó que el personal de la misión diplomática no ha dimitido porque no reconocen la autoridad de Gadafi, subrayó también que esperaba que la decisión "ayude a parar la tragedia".

"Cuando se cometen atrocidades contra los inocentes, la comunidad internacional tiene que hablar con una sola voz, y hoy se ha hecho así", dijo la embajadora de EEUU, Susan Rice, tras la votación, en la que también señaló que con la resolución 1970, el "Consejo condena la violencia, pide responsabilidades e impone sanciones".

Rice agregó que este conjunto de sanciones a Gadafi y su régimen "es una clara advertencia al Gobierno libio de que debe parar la violencia ya".

El embajador de Francia subrayó que "el pueblo libio tiene derecho a la democracia, la libertad y la justicia", al tiempo que explicó que la petición de su homólogo libio al Consejo para que actuara, así como su aceptación del papel del TPI "influyeron en el debate, y en especial sobre los países africanos".

La decisión del Consejo fue valorada por el responsable jurídico de Human Rights Watch (HRW), Richard Dicker, que consideró que el máximo órgano de seguridad "ha estado a la altura y mostrado al mundo que no tolerará la represión de manifestantes pacíficos".

"Gadafi y sus secuaces ahora saben que si ordenan, toleran u obeden órdenes de disparar contra los manifestantes, se verán en La Haya", dijo Dicker, que destacó que con la decisión "no solo se hace justicia, sino que busca evitar más víctimas".

Además de enviar al TPI la investigación de esos delitos contra los derechos humanos, el Consejo impone de inmediato un embargo total sobre armas y prohibe viajar a Gadafi y a otras quince personas cercanas, incluidos sus siete hijos y otros familiares.

Igualmente congela los bienes y activos financieros de Gadafi y cinco de sus hijos: Aisa, Hannibal, Khamis, Mutasim y Saif al Islam, que se pondrán "más adelante a disposición" del pueblo libio.

Así, todos los Estados miembros de la ONU tendrán también que cerciorarse de que "sus nacionales u otras personas o entidades an en sus territorios no pongan fondos, activos financieros ni recursos económicos a disposición" de los Gadafi.

La resolución aborda asimismo otra de las preocupaciones expresadas por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y los demás países, como es la asistencia humanitaria, y la ayuda que necesitan las decenas de miles de refugiados que han cruzado la frontera hacia Túnez y Egipto.

A ese respecto se acordó también que todos los países de la ONU colaboren entre sí y con el secretario general para facilitar y apoyar el regreso de las agencias humanitarias, para las que tendrán que dar asistencia, además de dejar abierta la posibilidad de adoptar medidas adicionales si fuera necesario.