La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó este lunes un proyecto de resolución que solicita 'protección contra las represalias' para los denunciantes que hayan revelado abusos cometidos por los Estados.

El senador español Arcadio Díaz Tejera, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha sido el ponente del informe 'Seguridad nacional y derecho a la información' que lleva un año elaborando.

La fuga a gran escala de Wikileaks 'nos ha dado una lección: la publicación de informaciones relativamente sensibles no es perjudicial como creíamos', subrayó el parlamentario. Añadió que el trato 'extremadamente severo' que las autoridades estadounidenses están dando al soldado Bradley Manning, acusado de filtrar los documentos a Wikileaks, es 'inapropiado'.

El texto elaborado por Díaz Tejera pide que se fijen límites razonables cuando se invoca a la 'seguridad nacional' o a un 'secreto de Estado', ya que hay crímenes cometidos por agentes del Estado que 'no merecen ser protegidos' bajo esas calificaciones. El acceso a la información, prosigue el informe, debe permitirse cuando el interés general tiene una importancia superior a su condición de información secreta.

Incluso las empresas privadas militares o de seguridad 'tienen la responsabilidad de divulgar información sobre las situaciones, actividades o prácticas en las que haya motivos razonables para creer que tienen un efecto sobre el ejercicio de los derechos humanos', añade.

El proyecto de resolución solicita que las excepciones al libre acceso a la información clasificada por razones de seguridad, protección de relaciones internacionales, salud o medio ambiente estén previstas por la ley y persigan un fin legítimo y necesario en una sociedad democrática.

La publicación del informe coincide con las diferentes hipótesis sobre el paradero y la situación del ex analista de la CIA Edward Snowden, quien denunció un espionaje electrónico masivo por parte de EEUU, país cuyas autoridades le acusan de espionaje y robo de propiedad gubernamental.

Los proyectos de resolución y recomendación del Consejo tienen que pasar dentro de unos meses por el trámite del Pleno de la Asamblea, formado por diputados y senadores de 47 estados europeos.