El Congreso firmó ayer con una mayoría aplastante el certificado de muerte de la justicia universal para los tribunales españoles. Solo unos pocos diputados la lloraron. Uno de ellos, Gaspar Llamazares, se encargó de escribir el epitafio: “Hoy es un día triste para la justicia universal y los derechos humanos. Hoy es un día triste para las víctimas, para las palomas. Hoy sólo brindarán con champán los halcones de Guantánamo o Gaza”. Un aplauso, el de su compañero Joan Herrera, le acompañó.

Los diputados de IU-ICV fueron dos de los nueve que votaron en contra. Completaron la suma los tres de ERC, dos del BNG, Uxue Barkos de NaBai y uno del PP, por error. Enfrente, 329 de PSOE, PP, CiU, UPyD y UPN, que apoyaron la reforma. Los seis representantes del PNV se abstuvieron. Otros seis diputados –5 del PNV y 1 del PSOE– constaban como ausentes.
Víctimas españolas

A partir de ahora, los jueces españoles sólo podrán abrir una causa penal cuando los responsables se encuentren en territorio español, existan víctimas españolas o se demuestre una “conexión relevante” con España. Además, siempre que exista un proceso abierto en “otro país competente o en el seno de un tribunal internacional”, el español será sobreseído provisionalmente. Aunque falta el paso por el Senado, no se espera que se introduzca ninguna modificación.

La de la izquierda era una crítica impotente, tras el acuerdo de los dos grandes partidos. Pese a todo, uno tras otro, los portavoces de la izquierda parlamentaria subieron a la tribuna para condenar una modificación que, en palabras de Joan Ridao, “empequeñece el compromiso moral de nuestra Justicia”. El diputado republicano lamentó profundamente que el Congreso cuestione con ese acuerdo “los derechos humanos más fundamentales”. A partir de este momento “hay un doble rasero”, le respaldó Llamazares, uno para el tercer mundo y otro para los blancos de Israel o Estados Unidos.

«De tapadillo»

Los reproches de la izquierda fueron más allá del contenido de la modificación. Llamazares también criticó la forma: que el cambio se incluyera en la reforma de la Oficina Judicial para evitar el debate por separado de la ley. La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, se sumó a las críticas.

Contra ellos, para atemperar los reproches, hicieron frente común PP y PSOE. Los diputados de ambos partidos, Dolors Montserrat y Julio Villarrubia, compartieron el argumento de que era necesaria una reflexión que clarificara el principio de subsidiariedad de la Justicia española. Además, recalcó la oradora conservadora, las sentencias “eran inejecutables y afectaban a las relaciones internacionales” de España.