La CNE sospecha de manipulaciones en las subastas para fijar la tarifa de la luz

Las asociaciones de consumidores llevaban tiempo calificando de "pantomina" las subastas Cesur, que determinan la tarifa eléctrica de último recurso (TUR, que contratan la mayoría de usuarios domésticos) y en las que se adjudica la energía que suministran cada trimestre las cinco comercializadoras de último recurso (CUR): Iberdrola, Endesa, Gas Natural-Unión Fenosa, HC Energía y E.ON. Las organizaciones de usuarios se quejaban de la "absoluta falta de transparencia" de estas pujas, que se celebran unos días antes de que el Gobierno fije la tarifa de cada trimestre.

Hasta hace nada, el Ministerio de Industria daba por bueno este sistema, que puso en marcha hace cuatro años. Sin embargo, la semana pasada, el ministro de Fomento y portavoz del Ejecutivo, José Blanco, criticó que los precios de la última subasta, celebrada el pasado 27 de septiembre, estuvieron "muy por encima de lo razonable" y anunció que el Gobierno ha encargado una investigación a la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La puja apuntaba a un incremento del recibo de casi un 6% que, finalmente, Industria no aplicó, a costa de que el año que viene siga engordando el denominado déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes de generación), una enorme bola (ya supera los 20.000 millones de euros) que los usuarios pagan a las eléctricas a plazos, y con intereses. El déficit, que ya supone un 2% del PIB, crecerá más porque, al encarecerse el término de energía (el que se fija en la Cesur, y que supone la mitad de la factura), hay que abaratar los denominados peajes si se quiere congelar el recibo. Los peajes son costes regulados por el Gobierno: transporte, distribución y primas a las energías renovables.

En las subastas Cesur intervienen, además de las eléctricas, bancos y fondos de inversión

Con su petición de investigación a la CNE, a menos de dos meses del fin de la legislatura, el Ejecutivo ha dejado la pelota de las Cesur en el tejado del regulador energético. Aunque ya llevaba tiempo allí: antes incluso de la renovación, el pasado verano, del Consejo de Administración de la CNE (cuyos nombramientos ha prometido revocar el PP, porque los considera afines al PSOE), el regulador ya desconfiaba del funcionamiento de las subastas. Pero no actuó (de oficio) hasta el pasado 15 de septiembre, cuando abrió un expediente informativo para analizar un hecho recurrente: el comportamiento alcista del mercado a plazo (OTC) en los días previos a cada puja. Esta bolsa de derivados (llamada así por la expresión inglesa Over the Counter) es la referencia para fijar los precios que luego marcan las Cesur y se caracteriza por su opacidad: el vendedor no sabe quién compra, y viceversa, y sólo el intermediario que casa oferta y demanda tiene algo de información.

La Cesur funciona como una cobertura de riesgo sobre el precio que pagan luego las cinco grandes eléctricas cuando adquieren la energía que suministrarán: si, en el trimestre posterior a cada subasta, el precio de la electricidad resulta superior al que marcó la puja, las entidades vendedoras tienen que pagar la diferencia (es decir, salen perdiendo); pero si es inferior, se quedan el margen. Y esto último es lo que ha ocurrido hasta ahora, con el consiguiente perjuicio para el consumidor, por dos vías: paga la energía más cara y, si el Gobierno baja los peajes (para no subir la luz, o al menos, atenuar el incremento), ve crecer el déficit de tarifa.

En el sector atribuyen el alza de precios a las ayudas al carbón y a la menor hidraulicidad

Quienes venden la energía en las Cesur no son sólo eléctricas: también hay bancos y fondos de inversión (en la última subasta, hubo 25 adjudicatarios). Según cálculos del sector, el 90% de la energía suministrada en las subastas del último año corresponde a empresas diferentes a las cinco grandes eléctricas.

No obstante, estas parecen confiar en el funcionamiento de las pujas: esta semana, el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes, recordó que las Cesur son obra del actual Gobierno y, aunque apostó por que "se mejore la transparencia" (estarían "encantados", dijo), reclamó "más cuidado con esas cosas para que se pueda seguir invirtiendo y crear empleo". "No se nos puede tachar de que estamos desfigurando los precios reales de la energía", dijo Montes, que volvió a acusar a las primas a las energías renovables incrementar la factura del déficit tarifario.

Las compañías defienden que los precios resultantes en las subastas son inferiores a los de los principales mercados europeos (Alemania, Francia y Reino Unido) y relacionan las subidas de la última puja con la menor producción eólica e hidráulica (dos energías que abaratan los precios de las subastas, porque reducen el uso de combustibles fósiles) y con una mayor demanda en septiembre por las mayores temperaturas, entre otros motivos. Otras fuentes también apuntan a los incentivos aplicados por el Gobierno al carbón, que han duplicado la aportación de esta fuente al mix eléctrico.

Hasta ahora, las pujas dan como resultado que el usuario pague la luz más cara de lo debido

Una posible vía para reducir la volatilidad de precios, dicen en el sector, sería aumentar la periodicidad de las subastas, y llevarlas a cabo a lo largo de varios días (no sólo uno, como ahora). De hecho, hasta junio del año pasado, las Cesur se celebraban cada semestre.

La investigación de la CNE es un reto para el organismo que, desde julio pasado, preside Alberto Lafuente, y para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que es la competente en materia de mercados OTC. Fuentes próximas a la CNE admiten que el proceso va para largo y no se atreven a ponerle plazos. En su corta andadura, el nuevo consejo del regulador ha tomado alguna decisión que indica cierta discrepancia con los intereses de las eléctricas: la más sonada, su negativa (no vinculante) a apoyar los incentivos a las centrales de gas diseñados por Industria para compensar a esas plantas por el mayor uso del carbón. Si, finalmente, la CNE pone pegas a las Cesur, se dará una circunstancia curiosa: estará cuestionando un mecanismo que, legalmente, el propio regulador está obligado a validar (sin su aval, las Cesur no tienen validez jurídica). Paradojas del sector eléctrico.