Las clínicas abortistas aseguran que la reforma dejará "desprotegidas" a más de 400 menores

Una reforma del aborto que no convence ni a algunos de los senadores 'díscolos' del PP y por supuesto a la oposición, que votará en bloque contra del cambio de ley que impondrá el consentimiento paterno a las chicas de 16 y 17 años que acudan a abortar.

No será suficiente para frenar el rodillo parlamentario de los conservadores, que con una mayoría importante en los parlamentos, aprobará previsiblemente el cambio legislativo.

ACAI, la asociación de clínicas para la interrupción del embarazo, denuncia que el cambio normativo dejará "desprotegidas a 400 menores, abocadas al aborto clandestino e inseguro". La reforma del aborto del PP, explican, "elimina la única vía legal que tienen las mujeres de 16 y 17 años en desamparo, para acceder a un aborto seguro". 

La asociación difunde unos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad para demostrar que solo un 12’38% del total de mujeres de 16 y 17 años que abortaron en 2013 (4.010) no pudo comunicar a sus padres la situación (496).

La cifra podría ser menor, aseguran, en 2014 y 2015, rondando el 9%. Por ello, consideran que el PP "falta a la verdad" cuando aduce la "supuesta afectación generalizada de desprotección" que sufren las menores.

El fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.

Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas provida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.

El PP, por contra, ha defendido que este es el único aspecto en el que hay consenso social suficiente y se remite a lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional sobre el resto de cuestiones.