El desarrollo de las tecnologías de la información e Internet ha tenido muchas ventajas para el régimen chino. Con ellas ha sabido crear la mayor red de ciberpolicía del mundo para controlar a sus ciudadanos en la Red y perfeccionar el sistema de censura. Pero Internet también ha traído desventajas: el riesgo cada vez más elevado de que se produzcan filtraciones de información confidencial en redes públicas e Internet ha llevado al Parlamento chino a revisar la Ley de Difusión de Secretos de Estado, una regulación que ha servido de excusa para encarcelar a disidentes políticos, y que se habría quedado 'obsoleta'.

'El rápido desarrollo social y económico de los últimos años ha traído la aparición de nuevas situaciones que ponen en peligro la confidencialidad de los secretos de Estado, especialmente con la introducción de tecnologías de información y la aplicación del e-gobierno', ha afirmado Xia Yong, jefe de la Administración Nacional para la Protección de Secretos de Estado, ANPSE.

Internet y los nuevos formatos electrónicos y digitales originan el 70% de las filtraciones, según Xia, lo que requiere tomar medidas técnicas para proteger y aumentar el control sobre las conexiones de Internet y la salida de información desde los ordenadores utilizados por instituciones públicas.

Sin embargo, algunos expertos han criticado que la revisión de la actual Ley de Secretos de Estado, aprobada hace diez años, significa un aumento del secretismo por parte del Partido Comunista Chino (PCCh).

'Las correcciones en la ley deberían servir para asegurar que la transparencia es la norma y el secretismo, la excepción', comentaba el abogado pekinés Lu Liangbao al diario South China Morning Post, que se edita en Hong Kong. 'Pero parece que los cambios en la ley no irán por este camino', se lamentaba Lu, para quien 'un Gobierno más transparente es un paso crucial en el camino de China hacia la democracia y el Estado de derecho'.

Bajo la ley actual, la definición de secreto de Estado engloba 'cualquier información que implique una amenaza a la seguridad o a los intereses nacionales', que incluye desde la cifra total de ejecutados al año en China a políticas macroeconómicas y de Defensa o programas científicos, como el aeroespacial.

Sólo en 2005 se decidió eliminar una cláusula que definía como secreto de Estado la cifra de fallecidos en desastres naturales, como en el caso del terremoto de Tangshan, en 1976, que mató a más de medio millón de personas, pero que Pekín silenció.

El rotativo en inglés China Daily, la ventana del Gobierno chino a la comunidad internacional, ha pedido al legislativo en un editorial que se aproveche la revisión de esta ley para redefinir los criterios que establecen qué es un secreto de Estado, y no sólo para aumentar el control en Internet y otras redes públicas.

'La arbitrariedad de la ley actual permite que cualquier autoridad pública pueda considerar como secreto de Estado cualquier cosa que le interese esconder, dejando sin ningún tipo de defensa legal al acusado', decía el editorial del China Daily.

Sin un Estado de derecho consolidado, el régimen chino ha permitido que hasta ahora la difusión de secretos de Estado sirviera de excusa para condenar a disidentes políticos o silenciar a activistas de derechos humanos.

Además, China ha recibido acusaciones de espionaje informático. El pasado marzo, dos informes de las Universidades de Cambridge y Toronto acusaron a servidores chinos de estar detrás de una red de espionaje electrónico sobre más de 100 países, incluyendo gobiernos y particulares.