El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha irrumpido en la campaña electoral, por primera vez en su historia. La Comisión Permanente se reunió ayer con urgencia para rechazar las manifestaciones realizadas por el número 1 del PSOE por Sevilla al Congreso de los diputados, Alfonso Guerra, contra la magistrada Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE fraudulentos, asunto que trae de cabeza a los socialistas.

La convocatoria extraordinaria de la comisión –que ya se había reunido el martes– fue promovida por la vocal Margarita Robles, quien sumó su voto al del presidente del Consejo, Carlos Dívar, que ni siquiera estaba en Madrid, y al de Manuel Almenar.

La vocal Almudena Lastra votó en contra, al entender que “no es procedente que el CGPJ entre a valorar el contenido o la intención de declaraciones vertidas por un candidato [...], en el marco de la campaña electoral, y menos aún para expresar su rechazo”, sobre todo cuando la magistrada aludida no ha solicitado amparo alguno.

La defendida por Lastra ha sido siempre la práctica habitual del órgano de Gobierno de los jueces. No pronunciarse sobre críticas a magistrados mientras no hayan solicitado el amparo, al entender que hasta ese momento no ven perturbada su independencia. Un ejemplo de ello fue la magistrada de Las Palmas Victoria Rosell, instructora del caso Salmón, que fue  víctima de una brutal campaña por parte del PP y a la que no se amparó mientras no lo solicitó.

Relación fuerte

Alfonso Guerra dijo el miércoles en un desayuno informativo que “hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañeros y dicen que algún expediente en común tuvieron”.  A tenor del texto del acuerdo, la Permanente ha debido interpretar estas palabras como que ambos mantenían una relación íntima, porque concluye diciendo: “El rechazo a tales discrepancias es mayor en cuanto contienen insinuaciones claramente vejatorias por la condición de mujer de la magistrada aludida”.

Hasta ahora el Consejo sólo se había pronunciado cuando los jueces se sentían afectados en su independencia y solicitaban el amparo. Nunca lo había hecho para defender su honor. Pero es que, además, el acuerdo afirma que “la discrepancia con las resoluciones judiciales se ha de expresar a través de los cauces procesales legalmente previstos”, lo que parece que veta cualquier crítica, salvo la que puedan hacer las partes a través de sus recursos, algo que difícilmente casa con la libertad de opinión y de expresión propia de un Estado de derecho.

Tormenta política

La frase de Guerra, el respaldo posterior de Manuel Chaves y la insólita respuesta del CGPJ, por rápida y no solicitada, generaron ayer una tormenta política en Andalucía. El PP, liderado por Javier Arenas, salió en tromba a criticar a los socialistas. Arenas, que no ha tenido empacho alguno en cargar con dureza contra la Fiscalía cada vez que le ha parecido oportuno, ayer se escandalizó por las palabras de Guerra y Chaves, e incluso trató de meter en la polémica al presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien hasta ahora ha mantenido un exquisito respeto a las decisiones de Alaya. Ayer, continuó en esta línea: “Respeto totalmente la independencia del poder judicial y estoy de acuerdo con la instrucción del caso por el fraude de los ERE, ya que fue el propio gobierno andaluz el que denunció este asunto”.

Arenas acusó sin pruebas a Griñán de montar una “campaña” contra la jueza. Fuentes cercanas al presidente manifestaron a Público que Guerra y Chaves ya tienen una trayectoria suficiente para decir lo que quieran y agregaron que el presidente desconocía por completo que iban a tirar por ese camino. De hecho, su estrategia y la de su gabinete ha sido hasta ahora la contraria: defender que la denuncia partió de la Junta y respetar las decisiones de la justicia. Esta línea de actuación ha logrado diferenciarles del PP, que ha criticado con fuerza a los jueces que han investigado actuaciones de los suyos.

El afectado por las críticas de Guerra, Juan Ignacio Zoido, exmagistrado, quien, al contrario que su jefe Arenas, ya manifestó alguna vez no sentirse “cómodo” cuando los excesos contra los jueces venían de sus propias filas, destacó ayer la “fuerte llamada de atención” del CGPJ a Guerra, agregó que este “sobra ya en la vida política” y le acusó de “faltar” a la dignidad de Alaya. El PP también atacó por este flanco. Su portavoz, Rosario Soto, reclamó a las mujeres progresistas una defensa de Alaya.