A la caza del funcionario en Catalunya

Desde el Vuelva usted mañana, esa corrosiva crítica a la administración española de la época que escribió Larra en 1833, nunca los empleados públicos habían estado tan en boca de todos. Todos los males parecen provenir de su privilegiada situación y, como culpables, se les otorga la alta responsabilidad de sacar al país del atolladero en que se encuentra. Metidos todos en el mismo saco (funcionarios y laborales), el Govern catalán ha decidido espantar los males recortando los sueldos de los empleados públicos, un grupo formado especialmente por cuerpos de seguridad, maestros y sanitarios. La imagen del colectivo, que nunca ha sido boyante, se hunde por momentos y los sindicatos han dado la alarma ante lo que consideran un intento deliberado de "buscar conflictos entretrabajadores públicos y privados", según valora Xavier Casas, responsable del sector Generalitat de UGT.

El estudio El empleo público en una fase de crisis económica 2007-2010, elaborado por PIMEC (la patronal de las pymes catalanas), indica que en Catalunya había 304.515 empleados públicos en enero de 2010, un 9,7% más que en enero de 2007. La Administración autonómica representa un 54% del total de empleados públicos y ha aumentado un 11,3% su plantilla desde enero de 2007. La Administración local, que representa un 33,4% del total, ha aumentado un 10,3% durante el mismo periodo y la Administración estatal, que representa en Catalunya el 10,5%, ha aumentado un 3,9%. Tomando ese mismo periodo, el conjunto de la economía catalana ha reducido un 10,5% del empleo mientras el sector público crecía un 9,7%.

"Está de moda culpar a los funcionarios de todos los males del país", lamentan desde UGT

A pesar de este crecimiento, que sitúa el número de empleados públicos por cada mil habitantes en 40,6, el nivel catalán está por debajo del conjunto español. Según el registro de personal del Ministerio de la Presidencia, en enero de 2010, en España había 2.753.699 empleados públicos, un 7,2% más que en enero de 2007. Es bueno saber que, de estos,el 49% pertenece a las administraciones autonómicas, el 23,9% a la Administración local y el 21,5% al Estado. Cabe destacar que es en los ayuntamientos donde se registran los más altos crecimientos. En términos poblacionales, hay 58,7 empleados públicos por cada mil habitantes en España, mientras que en enero de 2007 había 56,8.

Del conjunto de comunidades autónomas, proporcionalmente, Catalunya es la que tiene una menor presencia de trabajadores públicos. Las comunidades con una mayor presencia son Extremadura, donde los empleados del sector representan el 26,4% de los ocupados, y Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con un porcentaje del 18,3%.

Catalunya es la comunidad española con menor proporción de empleados públicos

Catalunya está en el otro extremo, con un 9,8% de empleados públicos, y es la única comunidad con un porcentaje inferior al 10%. Una diferencia que viene en parte explicada por un modelo catalán que convive con la concertación de servicios, especialmente en sectores como la salud, los servicios sociales y la enseñanza.

El sistema catalán permite dar servicios públicos sin trabajadores de la función pública y eso difícilmente se encuentra en el resto de comunidades autónomas salvo alguna experiencia en Euskadi o en Europa, excep-to casos muy puntuales.

Los tres sindicatos mayoritarios coinciden en denunciar mala fe en las intenciones del Gobierno catalán y reconocen que las negociaciones se rompieron en diciembre y ahora todo está pendiente de las negociaciones de los Presupuestos de 2012.

Las centrales recuerdan que uno de cada tres trabajadores públicos catalanes es interino

Casas, representante de UGT, se muestra preocupado por el desgaste que, ante la opinión pública, "están sufriendo los empleados públicos". "Está de moda culparles de todos los males del país", denuncia, y recuerda que "un funcionario es un ciudadano normal y corriente que hace servicios a la ciudadanía y que lo puede ser todo el mundo".

Casas entiende que se está caricaturizando el perfil del funcionario otorgándole unos privilegios que no son del todo ciertos: "De cada tres trabajadores públicos, uno es interino y no tiene estabilidad", por poner un ejemplo. Añade que el blindaje a los empleados públicos "es para evitar, como ocurre en otros países con poca cultura democrática, que cada vez que cambie un Gobierno salte toda la Administración del anterior".

"En el sector público, no hay privilegios, pero sí privilegiados, altos directivos en los que no se quiere reparar y punto en el que todos estaríamos de acuerdo en que hay que actuar", señala el líder sindical.

Modest Guinjoan, responsable del estudio comparativo de empleo público de 2007 a 2010 elaborado por PIMEC, entiende que "las cifras cantan" y que, mientras el sector privado se apretaba el cinturón viendo venir la crisis, el público hacía lo contrario, crecía. "Hasta que la situación económica no ha empeorado, no se ha actuado con conciencia", indica.

Guinjoan observa con comprensión los recortes que busca aplicar el Gobierno de Artur Mas: "Son una respuesta a una necesidad y, por tanto, hay una conciencia pública". Pero no oculta su preocupación por que detrás de todo hay, alega, "un problema de déficit fiscal abusivo". "Nosotros, que ya estamos recortados hay que recordar que nuestra economía está sujeta al déficit fiscal, continuamos recortando", lamenta, al tiempo que recuerda que, con ese asunto resuelto, "las medidas que habría que aplicar serían mucho más suaves".

Guinjoan también subraya una de las paradojas más notables de su estudio: "En Catalunya, no estamos sobredimensionados en cuanto al empleo público, ni en comparación con España ni en comparación con Europa, y en cambio somos los que recortamos, cosa que no se hace en Extremadura, por ejemplo". En la comparativa europea tampoco España estaría sobredimensionada, ocupando un punto medio y muy por debajo de Francia o de la mayoría de los países nórdicos.

El autor del estudio se ha mostrado, en más de una ocasión, partidario de la posibilidad de que la Administración pública también pueda hacer reducciones de personal en determinadas circunstancias, "tal y como hacen las empresas privadas". Ese planteamiento choca frontalmente con las posiciones de UGT, CCOO y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), las principales centrales que defienden a los trabajadores públicos catalanes, un colectivo en el punto de mira.