El caso Gescartera quedó visto para sentencia y el fallo se espera para marzo

El caso Gescartera quedó hoy visto para sentencia después de tres meses y cuarenta sesiones de juicio oral, en el que han declarado más catorce imputados, un centenar de testigos y más de una decena de peritos para formar el veredicto final del tribunal, que no se conocerá hasta antes de Semana Santa.

En su último turno de palabra, el principal acusado del caso, Antonio Camacho, para quien el fiscal pide once años de cárcel, indicó que hizo hasta el último esfuerzo para reflotar Gescartera, porque era un "proyecto viable" para convertirse en "uno de los grandes grupos financieros de España".

Tras su intervención, la del número 2 de Gescartera, José María Ruiz de la Serna, y otros siete acusados, la presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional Carmen Paloma González reconoció que el proceso ha sido "complejísimo" y dejó visto para sentencia este caso, que afecta a más de 1.600 clientes y supone un agujero patrimonial de 50 millones de euros.

La magistrada indicó que el tribunal se "tomará tiempo" hasta Semana Santa para hacer justicia y "dar a cada uno lo suyo" en este procedimiento, a través de sentencia que contenga una "conclusión razonada" sobre el paradero de los 50 millones de euros que constituyen el agujero patrimonial de la sociedad.

Además advirtió que, en el juicio, "no se ha tenido en cuenta los apellidos de nadie porque no juzgados a personas ni apellidos, con más o menos solvencia, sino hechos que podían ser constitutivos de delito".

En la sentencia de este caso se dirimirá una responsabilidad civil que podría variar desde 50,22 millones hasta 94,17 millones de euros, en función de que se consigne a partir del total apropiado, las aportaciones netas de los clientes, o bien, sus inversiones junto a la rentabilidad ofrecida por Gescartera, desde 1993 a 2001.

Aunque también figuran como responsables civiles otras sociedades como Bolsa Consulting Madrid, Bolsa Consulting, Breston, Promociones Andolini, Gescartera Pensiones, BC Fisconsulting o Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), según las acusaciones, las posibilidades de encontrar patrimonio significativo que palíe las pérdidas de los clientes son remotas, con lo que Caja Madrid Bolsa y La Caixa, podrían afrontar gran parte del pago, si son consideradas responsables civiles subsidiarias.

El fiscal pidió once años de cárcel para el dueño de la agencia de valores, Antonio Camacho, el número 2, José María Ruiz de la Serna, y el responsable de Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Anibal Sardón. Todos ellos reiteraron hoy su inocencia.

Entre los tres acusados pudieron retirar más de una cuarta parte de las aportaciones netas entre 1993 y 2001 de los 4.005 clientes de Gescartera -unos 11.559 millones de pesetas o 69,71 millones de euros-, aunque apenas un centenar de inversores han quedado representados a través de sus acusaciones particulares durante las 37 sesiones celebradas del juicio.

José María Ruiz de la Serna dijo hoy que no se puede demostrar que se apropiasen de 2.300 millones de pesetas (13,82 millones de euros), desde 1998 hasta 2001, mientras que Sardón recordó que sólo era "un comercial" de Gescartera.

Hasta el momento, los clientes han recibido unos 24,85 millones de indemnizaciones -con un tope máximo de 20.000 euros- por parte del Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que, según se ha puesto de manifiesto durante las catorce semanas de juicio, es el mayor damnificado por la apropiación indebida de Gescartera.

Tras los tres principales imputados por las acusaciones, en un segundo escalón estarían la ex presidenta de Gescartera Pilar Giménez Reyna, el jefe de Mantenimiento Miguel Angel Vicente y el apoderado Javier Sierra de la Flor, para quienes el Ministerio Público ha solicitado ocho años de cárcel, y que hoy retiraron su inocencia.

Además de que el fiscal retirase los cargos contra la mujer de Antonio Camacho -Laura García Morey- y la contable Ángeles Leis, quienes hoy no hicieron uso de su última palabra, al igual que los empleados de La Caixa, Miguel Prats y Alfonso Castro, para quienes se pide tres años de cárcel, e Inmaculada Baltar, para quien solicita seis años de cárcel.

Así, de los catorce imputados por el fiscal al inicio del juicio, el pasado 17 de septiembre, quedarían ahora, a expensas de la sentencia del tribunal de la Audiencia Nacional, sólo doce acusados.

Entre ellos figuran los asesores tributarios Agustín Fernández Ameneiro y Julio Rodríguez Gil, quienes reiteraron su inocencia y, en el caso de Rodríguez Gil, recriminaron a Camacho su "engaño".