Bruselas acusa a España de maquillar datos y permitir daños en Doñana

La Comisión Europea no se cree los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), órgano de cuenca dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, sobre el estado del acuífero de Doñana y los daños causados por su sobreexplotación en ecosistemas protegidos por Europa. Bruselas acusa en un demoledor dictamen motivado -último paso antes de la infracción al Estado miembro-, cuyo contenido se desconocía hasta ahora y al que ha tenido acceso en exclusiva Público, de dar datos parciales, incompletos, contradecirse a sí misma en sus dos últimos planes hidrológicos y, como consecuencia, no tomar medidas efectivas para impedir los daños en ecosistemas del Parque Nacional, incumpliendo el principio de precaución al obviar múltiples datos y estudios científicos.

Bruselas considera que el Gobierno de España “no ha adoptado las medidas necesarias” para proteger Doñana, lo que supone “incumplir las obligaciones” relativas a la conservación ambiental y a la política de aguas, lo que podría acarrear graves sanciones económicas al Estado español.

El dictamen motivado por infracción contra España por daños ecológicos en Doñana a causa de la sobreexplotación del acuífero, es por ahora el último capítulo de un procedimiento de la Comisión Europea por incumplir la normativa medioambiental y de aguas de la UE, que arrancó en el año 2009, cuando tras recibirse varias denuncias -entre ellas la de la organización ecologista WWF-España- por “alteración y destrucción” de hábitats en Doñana, Bruselas abrió una investigación “con el fin de comprobar si las autoridades españolas estaban aplicando correctamente la normativa ambiental europea”.

El dictamen motivado de la Comisión Europea da un ultimátum al Gobierno de España para que “adopte las medidas necesarias” que impidan el deterioro del acuífero de Doñana y sus ecosistemas asociados, se cumple el próximo 27 de junio.

Sin embargo, por ahora lo único que ha realizado la autoridad de aguas del Ministerio es proceder a la clausura de 42 pozos ilegales, a los que se suman otras 10 captaciones ilegales clausuradas en los últimos tres años por parte de la Demarcación Hidrográfica Tinto-Odial-Piedras, cuyas competencias son de la Junta de Andalucía. En total, en los últimos tres años se han clausurado 52 pozos ilegales, lo que parece una actuación insuficiente teniendo en cuenta que hay más de 2.000 extracciones ilegales de agua que están esquilmando el acuífero del que depende Doñana.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, donde se encuentra la gran mayoría de las captaciones ilegales de agua subterránea, ha reconocido que se está actuando a un ritmo más lento del inicialmente previsto, pero organizaciones como WWF-España apuntan que se podrían haber tomado medidas de cierre cautelar de pozos ilegales para salvaguardar la salud del acuífero y señalan que estos cierres de pozos ilegales son medidas de “humo” al no ir acompañados de clausuras de fincas ilegales dedicadas al millonario cultivo de la fresa en Doñana, que factura -según el sector- más de 400 millones de euros al año.

La opacidad y falta de transparencia que acompaña a la CHG también causa desconfianza en parte del Consejo de Participación de Doñana, del que forman parte junto a otras administraciones, organizaciones ecologistas y agrarias y la dirección del Espacio Natural.

Cada año antes de julio suele convocarse la comisión de aguas de este órgano de participación, donde la CHG ofrece los datos y sus conclusiones sobre el acuífero, pero tras el ultimátum de Bruselas se ha quitado de la agenda y aun no se ha convocado. Miembros del Consejo de Participación de Doñana consultadas por esta redacción no creen que se reúna antes de venza el plazo puesto por Bruselas y un representante del mismo apunta que la Confederación “tratará de nuevo de presentar una conclusiones maquilladas sobre el estado del acuífero para que parezca que aquí no pasa nada”.

El dictamen motivado es el último paso antes de que el caso pase al Tribunal Europeo por incumplimiento de la normativa comunitaria. Bruselas recuerda a las autoridades españolas que ya le alertó previamente en una carta anterior, fechada en octubre de 2014 de que el Plan Hidrológico que estaba en vigor (2009-2015) “no reconocía el impacto de sobreexplotación del acuífero” en los hábitats de Doñana que albergan zonas protegidas por normativa europea y afirmaba que “no había daño ambiental alguno en los ecosistemas que dependen de las aguas subterráneas”.

La respuesta del Gobierno español en febrero de 2015 “insistió en el supuesto estado de conservación favorable de Doñana”, algo que aseguran desde la Comisión Europea que no es cierto al existir “evidencias científicas” de los daños

Según Bruselas, la respuesta del Gobierno español en febrero de 2015 “insistió en el supuesto estado de conservación favorable de Doñana”, algo que aseguran desde la Comisión Europea que no es cierto al existir “evidencias científicas” de los daños. El dictamen recrimina al Gobierno español que tras negar la evidencia al principio, tras las denuncias y la apertura del expediente de infracción haya dado marcha atrás y reconoce ya en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado el pasado enero, “que tres masas de agua se encuentran en mal estado”. Sin embargo Bruselas critica la maniobra de maquillaje del órgano ministerial al dividir administrativamente en esta ocasión el acuífero de Doñana en 5 partes en el Plan de 2015-2021, aprobado el pasado mes de enero.

Pese a esa división sobre el papel del acuífero, el dictamen europeo alerta de que los datos ofrecidos sobre la cantidad de agua sintieranea “siguen siendo incompletos” y “no toma en consideración los impactos sobre los ecosistemas terrestres ni el estado de las aguas superficiales asociadas a las masas de agua subterráneas”; además -recalca Bruselas- se han obviado criterios y datos “que en Doñana son de vital importancia para el mantenimiento de los valores naturales protegidos”.

“En cualquier caso, el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021 admite el impacto significativo sobre los valores naturales de Doñana originado por la sobreexplotación de las masas de agua” que apuntan al cultivo de fresas en la comarca de Doñana, aclara el dictamen, por lo que la Comisión, que critica que no asumiera esta realidad en el plan hidrológico anterior, considera que la CHG ha incumplido así el principio de precaución, obviando hasta enero “los numerosos datos y estudios científicos que apuntaban la sobreexplotación del acuífero de Doñana”.

El análisis de la Comisión denuncia que “las autoridades no deben esperar para adoptar las medidas necesarias a que los hábitats sufran efectivamente algún deterioro o perturbación; la mera posibilidad de que pueda producirse algún daño es motivo suficiente para adoptar las medidas correctoras que sean pertinentes”.

El dictamen carga gran parte de la responsabilidad en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la administración responsable de velar por el buen estado de las masas de agua en la cuenca: “Dado que el Plan Hidrológico del Guadalquivir no reconoció en su día el impacto de la sobreexplotación del acuífero de Doñana sobre los hábitats de las zonas protegidas por la Directiva de Hábitats, las autoridades no han adoptado medidas o actuaciones para evitar ese impacto”.

La otra administración implicada en la protección de Doñana es la Junta de Andalucía. Respecto a las medidas llevadas a cabo el Gobierno andaluz, el dictamen apunta que el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de Doñana, aprobado por el Gobierno andaluz en 2014, conocido como el Plan de la fresa, “constituye uno de los pasos fundamentales para avanzar en la resolución de los problemas de sobreexplotación del acuífero causados por la agricultura de regadío” pero “no está claro -dicen desde Bruselas- que el Plan sea suficiente por sí mismo para superar esos problemas y solventar la degradación de los hábitats asociados”. Este plan plantea el cierre de pozos y fincas ilegales reduciendo la presión de las extracciones sobre el acuífero. Sin embargo, a fecha de hoy las únicas fincas que se han clausurado responden a sentencias del Tribunal Supremo tras el trabajo de la Fiscalía de Medio Ambiente, indican desde WWF, mientras que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni siquiera aporta un sólo dato sobre las fincas de regadío que carecen de concesiones de agua y, por tanto, se sirven de extracciones ilegales.

Mientras, el Plan de la Fresa sí está legalizando progresivamente algunas de las fincas que habían quedado fuera del mapa de las autorizadas. En concreto hay 30 expedientes favorables, según han manifestado desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, un lobby de presión que agrupa a los freseros -legales e ilegales-.

Según sostiene Bruselas, el Plan de la fresa hace aguas porque “ha sido adoptado por la Junta de Andalucía, pero una parte significativa de las líneas de acción más importantes tienen que ser aplicadas por una administración diferente (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Gobierno de España) sobre la que la Junta carece de competencias”. La Comisión considera que es preciso integrar las medidas del Plan de la fresa en el segundo Plan Hidrológico del Guadalquivir “pero las autoridades españolas no explican como se incorporarán esas medidas”.

No obstante, “lo más grave” según el dictamen es que “pese a haberse confirmado la sobreexplotación del acuífero, el Plan prevé nuevas concesiones para riego de superficies que carecían de acceso legal al agua en 2004”. Para cubrir esas nuevas necesidades de agua se usaría el embalse de Alcolea, en construcción actualmente, para hacer un trasvase de aguas superficiales a Doñana, aunque hay organizaciones ecologistas que han apuntado que el agua de ese embalse está muy contaminada por metales pesados. Por el contrario, apunta el dictamen, “el Plan no establece medidas para reducir el consumo de agua”.

Bruselas también critica que las medidas y líneas de acción del Plan de la Fresa no tengan el suficiente respaldo presupuestario, ya que “sólo se asigna un 0,34% de ese presupuesto a medidas relacionadas con la clausura de pozos ilegales”, por lo que el dictamen concluye que “parece que la atención (del Plan) se centra más en consolidar el nivel de actual explotación que en proteger, restaurar y mejorar las masas de agua subterránea y garantizar el necesario equilibrio entre la extracción de agua y la recarga de esas masas para mejorar el estado del acuífero y de las aguas superficiales y ecosistemas asociados”.

La conclusión final del dictamen es que “la Comisión no considera aceptable la afirmación de las autoridades españolas de que sea favorable el estado de conservación de los hábitats y espacies de interés comunitario”, y se recalca de manera contundente que “el detallado análisis del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural del Doñana permite llegar a la conclusión de que los hábitats y especies asociados a los ecosistemas fluviales y ribereños se encuentran en un estado de conservación desfavorable como consecuencia directa de la explotación que sufre el acuífero”.

Si los datos que esta vez ofrece el Gobierno español a Bruselas vuelven a no convencer, la próxima cita será en el Tribunal Europeo.