La Audiencia Nacional condena de nuevo al PP por lucrarse con la trama Gürtel

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena en su sentencia por la pieza 'Boadilla' de la causa Gürtel a los 24 acusados que se sentaron en el banquillo hace unos meses acusados de participar y de beneficiarse de la trama corrupta que el grupo de Francisco Correa había establecido en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, gobernada por el PP. El partido ha sido condenado como partícipe a título lucrativo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, indica que el Partido Popular y el 'grupo Correa' actuaron en una "dinámica de beneficio mutuo", que supuso la administración del Ayuntamiento de Boadilla por parte del entramado criminal y la "financiación irregular" del PP a través de "fondos ilícitos". 

La Audiencia Nacional condena al PP a pagar 204.198,64 euros y a penas de cárcel de 36 años y 11 meses para el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero; y de 13,5 años para Francisco Correa y Pablo Crespo. 

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han desestimado de forma unánime los argumentos presentados por la defensa del Partido Popular en lo referido a la trama Gürtel, condenando a la formación como partícipe a título lucrativo de la actuaciones de la trama en Boadilla del Monte e instándole a pagar la cantidad de 204.198,64 euros; dinero procedente del 'grupo Correa', obtenido de mordidas por el amaño de contratos públicos en la localidad  durante las precampañas y campañas municipales entre 2003 y 2007. 

Con esta serían tres las condenas para el PP en todo lo que concierne a esta trama, en concreto por haberse lucrado de la misma, así como por su caja b. El tribunal, en su escrito, apunta a que existe un "acervo probatorio sólido" de que el PP consiguió un "beneficio evidente" con la trama. 

La sentencia parte de la dinámica descrita en la sentencia de la pieza Gürtel-Época primera, confirmada en su mayor parte por el Tribunal Supremo, sobre la actividad desarrollada por Correa y su grupo de empresas para el enriquecimiento personal y de sus miembros a costa de las administraciones

públicas gobernadas por el PP. Declara probado que esto se produjo en el municipio de Boadilla del Monte a partir del 2001 y hasta el 2009 cuando era su alcalde Arturo González Panero.

Los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y Dolores Hernández (Ponente) indican que el lucro se obtenía mediante la adjudicación de obras o de contrataciones directas a las empresas de Correa y otras seleccionadas por este a cambio del pago de una comisión, con la que iba realizando pagos a los cargos públicos responsables dentro del Ayuntamiento y la Empresa Municipal de la Vivienda. Una parte de las comisiones iba destinaba al pago de facturas para actos, eventos y gastos del Partido Popular.

Se condena todos los acusados que reconocieron los hechos, Francisco Correa,

Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Cesar Tomas Martín Morales, Alfonso Bosch, Alfonso García-Pozuelo, Jose Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, José Luis Martínez Parra, Rafael Martínez Molinero, Antonio de Miguel Reyes, Ramón

Blanco Balín, Felisa Isabel Jordán, Javier Nombela Olmo, Luis de Miguel y Javier del Valle. 

A todos ellos se les imponen las penas solicitadas por el Ministerio Público, acogiendo la atenuante analógica de confesión en juicio, con el carácter muy cualificado, "en reconocimiento no solo a la utilidad y suficiencia de la información facilitada, sino también en el caso de Correa y Crespo debido al cambio de actitud observada en relación a la reparación de la responsabilidad civil por haber cooperado en la repatriación del dinero de sus cuentas en Suiza", consta en la sentencia. 

A Arturo González Panero, quien fuera alcalde de Boadilla del Monte cuando se produjeron los hechos, la Audiencia Nacional le condena por un total de 18 delitos, entre ellos, por asociación ilícita, delito continuado de cohecho pasivo, de prevaricación continuada, fraude a las administraciones públicas, delito continuado de malversación, delito de trafico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Son 36 años de prisión y multas de más de seis millones de euros los que recaen sobre González Panero, que en el juicio recibió la reprimenda de la Fiscalía por no haber colaborado. 

A la acusada Alicia Vallejo López se la condena por "su contribución al ocultamiento de los fondos de Arturo González Panero como cooperadora necesaria de un delito de blanqueo de capitales".

Se condena también al resto de los acusados que negaban su participación en los hechos, salvo a Francisco Pastor de Luz. A los funcionarios Juan Jesús Siguero y Juan Carlos Rey Rico se les condena por la manipulación de las adjudicaciones.