Asociaciones judiciales denuncian ante la ONU los "ataques" a la independencia de jueces y abogados

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, junto con la organización defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain se han dirigido a Gabriela Knaul para denunciar los "ataques" del Gobierno español a la independencia judicial mediante un escrito. Las tres asociaciones representan a la mayoría de jueces y magistrados de España.

La carta dirigida a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados pone en evidencia la "difícil situación que está atravesando la independencia judicial en España". Los jueces y abogados denuncian la "erosión" del principio de separación de poderes en España. Según relatan, esto está llevando a "un debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho". "Estas actuaciones pretenden limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional", se lamentan.

La misiva también critica con dureza la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Denuncian que la elección de sus miembros por cuotas a través del parlamento va en contra de la separación de poderes. "Su propia configuración supone un riesgo potencial para la independencia judicial", afirman. La carta recalca, además, que esta modificación se aprobó con el único apoyo del grupo parlamentario del PP.

Otra de las denuncias que se ponen de manifiesto en la carta dirigida a la ONU es el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno para la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Con esta reforma, afirman, el poder político podrá "alterar el curso de las investigaciones" de los órganos judiciales cuando se encuentren realizando investigaciones penales por corrupción.

Los jueces y abogados firmantes denuncian que la reforma de la ley propone también restringir el derecho de los jueces a participar en la vida pública al introducir "prohibiciones a la libertad de expresión". "Se pretende restringir opiniones por el hecho de resultar molestas para ámbitos del poder político que buscan blindarse", acusan.

La misiva aprovecha también para denunciar "presiones" de los políticos que tienen como objetivo que los jueces "apliquen el ordenamiento jurídico de forma incorrecta". La denuncia señala que estas presiones se hacen a sabiendas de que los jueces dependen en última instancia del CGPJ, que tiene "vinculaciones a intereses políticos".

Por último, la carta hace hincapié en la falta de recursos que el Gobierno asigna a los órganos judiciales para investigar la corrupción. Se lamentan de que a pesar de que la corrupción es "un grave problema" en España, "nos encontramos a la cola de Europa en el número de jueces por habitante y también en el gasto en Justicia sobre el Producto Interior Bruto".

Esta misiva, la primera de este tipo que se traslada a la ONU desde asociaciones de jueces y abogados tan representativas, concluye pidiendo que se presione al Gobierno español para que se retire el anteproyecto de ley de reforma del Poder Judicial, se dote de recursos a los tribunales y se adopten mecanismos para garantizar la independencia del poder judicial evitando las "mermas e intromisiones del ejecutivo".