Argentina juzga por fin al 'ángel de la muerte'

Conocido como el ángel de la muerte o el ángel rubio, el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz comenzó a ser juzgado ayer en Argentina por los crímenes perpetrados en la Escuela Mecánica Superior de la Armada (ESMA) durante la última dictadura (1976-1983). Junto a otros 18 militares, Astiz está acusado de delitos de lesa humanidad cometidos contra 87 víctimas, entre ellas las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y el escritor Rodolfo Walsh.

Astiz debe su sobrenombre al aspecto cándido y de aire ingenuo del que se sirvió para hacerse pasar por el hermano de un desaparecido y así infiltrarse dentro de la asociación de las Madres.

De aquí deriva el llamado caso de la Iglesia Santa Cruz, por el que ahora se le juzga. Se cuenta que entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, Astiz besó a las puertas de aquel templo, punto de encuentro de activistas de derechos humanos, a quienes horas después serían secuestrados y asesinados por el Grupo de Tareas 332, del que él formaba parte.

Entre otros activistas, estaban las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, y las tres fundadoras de la organización de las Madres: Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce Horas. Las marcó con un beso para que sus compañeros del GT332 las identificaran. Más tarde se supo que las monjas francesas habían sido víctimas de los vuelos de la muerte, es decir, fueron arrojadas vivas al mar.

Aquel ángel que daba besos de la muerte acabó siendo juzgado en ausencia por la Justicia francesa y condenado a cadena perpetua. Italia también le reclama por la desaparición de tres de sus ciudadanos: Angela Maria Aieta de Gullo, Giovanni Pegoraro y su hija Susana, que estaba embarazada cuando fue enviada al centro de detención de la ESMA. Una vez dio a luz en la maternidad clandestina, los militares se apropiaron del recién nacido. Suecia también tiene procesado a Astiz por la desaparición de una joven de ese país.

La ESMA es, junto con Campo de Mayo, el centro clandestino de detención más importante que funcionó durante la última dictadura militar. Se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas. Un día antes de que comenzara el juicio, Astiz rechazó la defensa de su abogado y amigo personal Juan María Aberg Cobo, que le iba a representar.

El letrado ha sido el primer sorprendido. "Durante el tiempo en que le representé, solicitamos que se le juzgara de acuerdo a la ley vigente en el momento de los hechos que se le imputan, porque le están aplicando una ley retroactivamente más gravosa", djio Aberg a Público el mismo día que conocía su despido. "[Astiz] no aceptará la jurisdicción de los tribunales que le juzgan, porque primero tendrían que hacerlo los militares".

"Los responsables de las órdenes son los que deben asumir las consecuencias y en este proceso se juzga sólo a los subalternos", se quejó. El abogado no niega que la Junta Militar haya cometido crímenes y reconoce que él mismo tiene un familiar desaparecido. "Pero Astiz era sólo miembro de una fuerzas que intervinieron en un conflicto armado", añadió Aberg. "Y no hay un solo testimonio en las 70.000 hojas de la causa que diga que él torturó. Se habla siempre de oídas". Astiz cumple prisión desde 2003 en una cárcel a 40 kilómetros de Buenos Aires.

Los 19 ex miembros de la Armada argentina que han sido inculpados en el juicio apenas simbolizan una mínima parte de los que operaron en la ESMA, y que la Justicia calcula en más de 250. De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, unas 30.000 personas desaparecieron y unos 500 hijos de desaparecidos fueron robados y arrebatados durante la dictadura.