AlviaLa apertura de infracción de Bruselas a España vuelve a poner el foco en el accidente de Angrois

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la apertura de un procedimiento de infracción contra España al considerar que las autoridades han incurrido en "deficiencias" tanto en la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios como en las "técnicas de supervisión" de los organismos competentes.

España dispone ahora de dos meses de plazo para disipar las dudas del Ejecutivo comunitario, que vuelven a poner el foco en los últimos accidentes ocurridos en la red ferroviaria española, como el del tren Alvia 04155 en la localidad gallega de Angrois, en el que murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas.

No obstante, la Comisión Europea ha subrayado que su actuación no se refiere a ningún accidente en particular. "Nuestro análisis evalúa la situación ahora, no en el momento del accidente", ha señalado el portavoz de Transporte de la CE, Enrico Brivio. El portavoz comunitario ha subrayado que la apertura del procedimiento "no está relacionada con la investigación" de ese accidente en Galicia sino con el sistema general de investigación actual en España.

Pese a ello, las víctimas del Alvia han considerado que el procedimiento iniciado por Bruselas viene a darles la razón en sus reivindicaciones.

Este inicio de procedimiento da respuesta a la denuncia presentada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, contra el Estado español el 7 de julio de 2017, justo un año después de que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) entregara a la Asociación de Víctimas del Alvia 04155 y al BNG el informe que cuestionaba la independencia de la investigación realizada por la CIAF. 

Miranda valora positivamente la noticia y considera que el hecho de que la Comisión Europea decida iniciar este proceso "le da la razón al BNG" tras su "largo e intenso trabajo" desarrollado en Europa con el objetivo de "buscar verdad y justicia" para las víctimas.

Además de la catástrofe del Alvia, en los últimos años destacan otros accidentes como el de O Porriño en septiembre de 2016, en el que fallecieron cuatro personas y otras 49 resultaron heridas, o el de Vacarisses (Barcelona) en agosto del año pasado, cuando un tren descarriló dejando un muerto y 44 heridos. 

El portavoz comunitario, igualmente, ha señalado que su actuación no cita tampoco a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), creada por el Gobierno en 2017 para investigar los accidentes ferroviarios en el territorio nacional (otro organismo cuestinado por la víctimas).

En su carta de emplazamiento, primer paso en el procedimiento sancionador, el Ejecutivo comunitario señala que "los procesos de seguridad en España no cumplen con los requisitos de la legislación de seguridad ferroviaria de la Unión Europea (UE)" dispuesta en la Directiva de seguridad ferroviaria 2004/49 que cubre "los requisitos de seguridad del sistema ferroviario en su conjunto". "La Comisión considera que se han identificado deficiencias en la forma en que el organismo nacional de investigación analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión de la autoridad nacional de seguridad", indica.

A partir de este jueves el Estado español cuenta con dos meses para enviar a Bruselas información sobre cómo paliará los errores cometidos. Si la misiva no convence a la institución europea, ésta procederá a enviar petición formal para que España cumpla la legislación. Como última opción, la Comisión sugiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponga una sanción a España.

Tras el aviso de Bruselas, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha avanzado que el Gobierno aprobará "en las próximas semanas" un plan de seguridad en el transporte y que ha pedido comparecer en el Congreso para explicar el procedimiento de Bruselas.

En declaraciones a periodistas en la sede de la CEOE, el número dos del Ministerio de Fomento ha indicado que tratará de explicar en su comparecencia parlamentaria a petición propia cuál fue la "herencia" recibida del anterior Gobierno en materia de conservación y mantenimiento de las redes de transporte, y los planes y medidas que está implementando el Ejecutivo del PSOE desde hace medio año.

No obstante, Saura ha añadido que no debe cundir ninguna alarma porque "las infraestructuras son seguras", al ser preguntado por la apertura del procedimiento infractor por la Comisión Europea por las deficiencias en las técnicas de supervisión de las investigaciones en España de los accidentes e incidentes ferroviarios.

El secretario de Estado ha destacado el plan de seguridad en el transporte que "responderá a las demandas europeas" y llevarán al Consejo de Ministros en las próximas semanas y ha recordado que en el proyecto de ley de Presupuestos para 2019 ya han "multiplicado por dos" las partidas relativas al mantenimiento y conservación de la red convencional ferroviaria.