Andalucía exige dinero en función del número real de beneficiarios

Cómo repartir el dinero estatal para que las comunidades apliquen de un modo adecuado la Ley de Dependencia. Es una de las carpetas más sociales y, a la vez, más políticas que el Ministerio de Educación, hasta ahora encargado de esta materia, deja sobre la mesa a Trinidad Jiménez, la nueva ministra de Sanidad. Andalucía, la primera en estrenar las ayudas, exige que el dinero se distribuya en función del número real de beneficiarios y no según el criterio actual, que toma como referencia la cifra de personas mayores y la extensión del territorio, entre otros factores.

"En Andalucía son ya más de 1.000 menores de tres años los que están recibiendo una prestación y eso, por ejemplo, no se tiene en cuenta en el actual criterio; la dependencia no es exclusiva de la edad", sostiene Micaela Navarro, consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social.

Pero su propuesta, defendida insistentemente, no gusta a las comunidades gobernadas por el PP, que acumulan quejas de los propios dependientes por el retraso en la aplicación de la ley, en vigor desde hace más de dos años. Ahora la nueva ministra, que ya manifestó el pasado sábado su intención de arrancar a las comunidades un compromiso para "acelerar aún más" la concesión de ayudas, tendrá que intervenir de manera clara en esta nueva pugna económica derivada de una de las medidas estrella de la primera legislatura de Zapatero que no termina de alcanzar la velocidad de crucero en la segunda.

El Gobierno ha dado ya un tímido paso en el camino que solicita Andalucía al proponer, el pasado marzo, que el 20% del fondo estatal sea repartido en función del número real de personas atendidas. El 80% restante seguiría distribuyéndose como hasta ahora. Este nuevo criterio ya se aplicó en el reparto del fondo extraordinario de 400 millones acordado el pasado diciembre. Entonces, el PP acusó al Ejecutivo de usar "sectariamente el dinero e inventar un nuevo criterio para favorecer a las autonomías socialistas". Andalucía, con 74,2 millones, fue la más beneficiada, seguida de Catalunya, con 61,9. Por detrás se situaron la Comunidad de Madrid (37,9) y la Comunidad Valenciana (36).

Pero lo cierto es que, a fecha de 1 de abril, Andalucía (con 167.810 beneficiarios) y Catalunya (con 104.168) acaparan el 43,2% del número total de prestaciones reconocidas (628.614); mientras que el porcentaje de Madrid (con 35.783) y Valencia (32.631) asciende sólo al 10,8%.

Ese nuevo criterio, aún insuficiente para Andalucía, será votado en el próximo Consejo Territorial, que se reunirá "en breve", según anunció Jiménez en su visita a un centro del Imserso de Leganés (Madrid). Esta o cualquier otra forma de reparto dependerá ahora de la nueva ministra, que ya ha avisado de que la suya será una gestión altamente social y progresista.