El escándalo sobre los abusos de la CIA sólo acaba de empezar. O de continuar. Después de que el Departamento de Justicia decidiera nombrar a un investigador especial para averiguar los casos más extremos de maltrato de prisioneros, Washington se prepara para la batalla política que se avecina mientras las organizaciones de derechos humanos y la propia ONU piden una investigación exhaustiva.

Las revelaciones contenidas en un amplio informe de la propia CIA, que salió a la luz el pasado lunes, han exacerbado las disensiones políticas. Los demócratas denuncian la normalización de la tortura y los republicanos afirman que el fin justifica los medios y que las 'técnicas intensivas' autorizadas por el Gobierno de George Bush ayudaron a desmantelar nuevos atentados.

El ex vicepresidente Dick Cheney aseguró ayer que la información obtenida por la CIA 'salvó vidas y previno ataques terroristas'. Los detenidos, que fueron sometidos en algunos casos a la asfixia simulada (waterboarding) 'ayudaron a detener a otros militantes de Al Qaeda', dijo.

'Bush 2.0'

Al otro lado del espectro político, organizaciones pro derechos humanos, que contribuyeron a desclasificar el polémico informe, piden a Barack Obama que cumpla con su promesa de acabar con las prácticas del Gobierno republicano. 'El presidente se ha comprometido a poner fin a la tortura y otras medidas ilegales. Pero mientras no quede claro que las leyes se harán cumplir enérgicamente, sus palabras no serán dignas de crédito y suscitarán el fantasma Bush 2.0', declaró Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional en EEUU.

'El informe del inspector general de la CIA demuestra que es más importante que nunca establecer una investigación completa e independiente con todo el rigor de la ley para poner en evidencia y exigir responsabilidades a quienes encargaron, diseñaron y aplicaron métodos antiterroristas ilegales', añadió Cox.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, declaró que EEUU debería pagar indemnizaciones a las personas que mantuvo detenidas sin cargos o que maltrató. 'Algunas personas han perdido siete años de sus vidas y pueden haber quedado severamente perjudicadas desde el punto de vista psicológico, físico y económico, simplemente porque estuvieron en el lugar y momento equivocados', dijo.