Los Albertos alegan que sus delitos han prescrito

Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos, vuelven a sentarse desde ayer en el banquillo de los acusados por usar una supuesta carta falsa para intentar que el Tribunal Supremo revisara su condena en el caso Urbanor. Sus abogados rechazaron que sean juzgados ahora por intento de estafa procesal, alegando que ya fueron absueltos por el Tribunal Constitucional y el Supremo de los delitos de estafa y falsedad por la venta de terrenos donde se ubican las entonces Torres KIO, hoy Puerta de Europa.

Así lo plantearon los representantes de los dos empresarios durante las cuestiones previas al inicio del juicio oral en la Audiencia Provincial de Madrid y en las que también reclamaron que se considere prescrito el delito de falsificación de la carta.

Los Albertos, que se libraron de una condena de tres años y cuatro meses de cárcel, afrontan ahora las acusaciones de falsedad en documento privado, denuncia falsa y estafa procesal junto a sus abogados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, los hermanos Javier y José María Arnáiz y la documentalista Gloria Álvarez por urdir presuntamente una prueba exculpatoria para los dos empresarios en el caso Urbanor. Esta prueba era una carta firmada por el arquitecto Pedro Sentieri y dirigida al constructor y socio minoritario de Urbanor, Julio San Martín, en la que supuestamente le daba instrucciones para que ocultara al tribunal que conocía que había precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor, lo que eximiría a los Albertos de engaño a sus socios.

Las acusaciones particulares, que representan a Sentieri y su socio Pedro Alarcón y al constructor San Martín, recordaron que tanto el Constitucional como el Supremo reconocieron la estafa, aunque absolvieron a los empresarios por prescripción de los delitos. El fiscal del caso no acusa a los Albertos.