Al menos 88.000 víctimas del franquismo continúan sepultadas en fosas comunes

Alejandro Agón era jornalero. Fue fusilado por las tropas franquistas el 24 de septiembre de 1936. Nadie sabe donde está. Luciano Chamorro desapareció durante la guerra en la provincia de Badajoz. Tenía 37 años, era campesino y nunca se volvió a saber de él. Lisardo Gutierrez, minero de profesión, fue detenido y 'paseado' por las fuerzas franquistas en marzo del 38. Tras una breve estancia en la cárcel fue ejecutado. Se desconoce dónde descansan sus restos mortales. Como ellos, las asociaciones de memoria histórica estiman que hay cerca de 88.000 cuerpos enterrados en cualquier cuneta de España. Una cifra a la que se suman las cerca de 20.000 víctimas del franquismo que están enterrados junto a su verdugo en el Valle de los Caídos.

"Sólo el régimen de Pol Pot en Camboya supera a España en número de desaparecidos", señaló Miguel Ángel Rodríguez Arias, investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este jueves se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y España tiene el dudoso honor de ser la única democracia mundial que no ha investigado el terrorismo de Estado una vez superada la dictadura, según Rodríguez Arias. De poco sirvieron las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008 o el informe de Amnistía Internacional Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, publicado el 9 de mayo de 2012, que insta a España a derogar la ley de amnistía, investigar los crímenes y exhumar las fosas comunes. El Estado español, más allá del tímido intento que supuso La Ley de Memoria Histórica de 2007, no ha hecho nada por sacar de las cunetas a sus desaparecidos.

Las cifras que se barajan son inexactas, se basan en teorías y en cálculos aproximativos y siempre hablan en términos mínimos, pero son escalofriantes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Emilio Silva calcula que 88.000 personas, aproximadamente, continúan enterradas en fosas comunes en cualquier rincón de España. “En casi todas las capitales de provincia hay una fosa. Pero el número de personas que hay dentro es difícil de calcular porque se ha destruido mucha documentación de la dictadura y porque hay casos de personas que no han sido reclamados por familiares”, relata a Público Emilio Silva.

España es la única democracia que no ha investigado los crímenes de Estado superada la dictadura La cifra inicial de la que se parte es que, en 1975 cuando Franco falleció y se inició el período de transición, las cunetas españolas albergaban alrededor de 93.000 muertos. A esa cifra total, Emilio Silva resta una cifra que oscila entre los 1.000 y 2.000 cuerpos que fueron exhumados desde la transición hasta el golpe de Estado de Tejero en 1981 y otros 6.000 que han sido recuperados desde el año 2000 hasta la actualidad.   

“Las cifras que barajamos siempre se quedan cortas”, apunta José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que señala que siempre que se analiza a fondo cualquier provincia de España aparece al menos una fosa de la que no había ninguna prueba documental.

Está más claro el número de fosas comunes que se encuentran a lo largo y ancho del territorio español, en total, 2.246 señaladas en la Península, de las que prácticamente la mitad se encuentran repartidas entre Aragón (594) y Andalucía (492). Tras estas dos comunidades, están el Principado de Asturias (320), Castilla y León (187), Catalunya (151), Castilla-La Mancha (139), País Vasco (92), País Valencià (85), Madrid (51), Extremadura y Galicia (46 en cada una), Navarra (16), Cantabria (7), La Rioja y Murcia (6 en cada una), Balears (4), Canarias (2) y Ceuta y Melilla (una fosa en cada ciudad autónoma).   

El futuro de los miles de cuerpos de asesinados durante la Guerra Civil que continúan en las fosas comunes es aún hoy, 37 años después de la muerte de Franco, incierto. Las reticencias de algunos sectores de la sociedad para su apertura, el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica y la falta de fondos ha repercutido negativamente en las investigaciones y exhumaciones. Las asociaciones de memoria histórica siguen denunciando el “sin sentido” que supone que sean las familias de los desaparecidos las que tengan que promover las investigaciones y posteriores exhumaciones.

“Los familiares no sólo tuvieron la desgracia de haber sufrido la pérdida de un ser querido y su estigmatización, sino que aún hoy tienen que hacerso cargo de las exhumaciones. Es un sin sentido”, denuncia Emilio Silva, quien, no obstante, asegura que a pesar de las dificultades encontradas no tienen intención de cesar en este trabajo.

En este sentido, José María Pedreño asegura que el movimiento memorialista “no va a parar”. “No se trata sólo de la defensa a ultranza de los derechos humanos sino de luchar contra la impunidad. No se puede permitir que muchos herederos de los que declararon la guerra a un sistema democrático, eliminaron sistemáticamente a sus rivales políticos y gobernaron a base de Consejos de Guerra, hoy estén disfrutando de muchos privilegios económicos y políticos”, denuncia.

La Red ciudadana de apoyo a la querella argentina (Red AQUA), en la que están integradas más de 30 organizaciones sociales, denuncia que el Estado español no investiga las desapariciones forzadas “incumpliendo sus obligaciones internacionales”. En este sentido, la Red señala que ni el Gobierno español ni la Judicatura han respondido a los requirimientos judiciales de la Justicia argentina de “identificación de los personajes políticos, militares policiales del periodo que va desde el alzamiento militar-fascista hasta las primeras elecciones de 1977".

Asimismo, la Red denuncia que el Gobierno de Rajoy, así como el de Zapatero, no han cumplido con las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU de 2008, que instaban a España a abolir la Ley de Aministía aprobada durante la Transición y a investigar los crímenes del franquismo. “España, al no investigar las desapariciones forzadas, no sólo está incumpliendo sus obligaciones internacionales sino que está contribuyendo a que perdure el crimen como tal, y a 
aumentar los daños que las desapariciones provocan. Esto es particularmente grave: conmemoran la lucha contra un crimen que en realidad contribuyen a agravar”, denuncia la Red en un comunicado de prensa.