850 inmigrantes hacen el examen de historia

El juez José María Celemín ha realizado en un año exámenes de historia a 850 inmigrantes de Getafe que han solicitado la nacionalidad española. Son datos de la ONG América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO), que hoy presentó una queja por escrito al Consejo General del Poder Judicial, a través del registro general de Abogacía, reclamando una sanción para el juez por su "demora" en la tramitación de expedientes y su conducta a la hora de preparar los cuestionarios y elaborar las entrevistas a los residentes.

Para el director de los servicios jurídicos de la ONG, Gustavo Fajardo Celis, la actitud de Celemín es "xenófoba y desconsiderada". El magistrado enunciaba seis preguntas para establecer el nivel de arraigo del inmigrante con el país. En ella figuran enunciados como "Qué pasó en España en el siglo VIII?" o "Diga un escritor español nacido en 1866", cuestiones que para Fajardo son "impertinentes" porque a su juicio no conducen al objeto de la entrevista. "Con ese cuestionario el 80% de los españoles perdería su nacionalidad", opina el abogado, que ve más oportuno preguntar sobre temas laborales, hábitos de conducta o violencia de género. "Un historiador que viva en EEUU te las responde magistralmente y no tiene nada de español", sentencia .

No obstante, irritan aún más las formas empleadas por el juez, calificadas por los afectados como "humillantes" y "burlescas". "Pensaba que me iba a pegar," comenta Marina Naranjo, presente en el texto llevado al CSPJ. "No me dirigió la mirada en ningún momento, ponía cara de asco", describe Luz-Elena Lodoño, otra de las afectadas, de nacionalidad colombiana.

Uno de los hechos más denunciados es la conducta del juez al final de la entrevista. Según varios afectados, Celemín les obligaba a firmar un informe que manifestaba su falta de apego al país sin posibilidad de leerlo previamente. "Yo no sé lo que firmé", protesta Elena. Fajardo va incluso más allá al denunciar que el juez chantajeó a una de las inmigrantes advirtiendo que, de no firmar, no podría hacer una nueva entrevista con otro magistrado, lo cual "es mentira", según el colegiado.Fajardo califica también como "falta grave" la demora del juez en la tramitación de los expedientes. En algunos casos alcanza ya los dos años. "Un amigo mío, también de Getafe, solicitó sus papeles a través de la Policía y ya los tiene", denuncia Marina.

El CGPJ comunicará en 5 días si desestima la queja o por contra la tramita y abre un expediente disciplinario. En este último caso, tendrá 60 días para estipular si hay sanción o no. Fajardo no espera sorpresas: "Cantaríamos la Marsellesa si le cae un sólo euro de multa", exclama, en relación a la protección que, según su opinión, practica el organismo con sus magistrados. La ONG presentará, no obstante, un informe pericial que contrarrestre los del juez y así evite una denegación de la nacionalidad.