'No hay ningún dato que nos lleve a pensar que es epiléptico'. Con esa contundencia se expresó este lunes el abogado Agustín Ferrer, que representa a la familia de la víctima del conductor 'kamikaze' indultado por el Gobierno. El letrado rebatía así las explicaciones dadas en el Congreso por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que mencionó que el servicio de salud de Castilla-La Mancha diagnosticó esa enfermedad a la persona beneficiada con la medida de gracia.

Ferrer declaró a los medios que un informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Valencia estableció que e conductor que provocó el accidente no sufría esta enfermedad y que tampoco tuvo un ataque de epilepsia en el momento en el que cometió los hechos.

La familia del joven que perdió la vida en un accidente en 2003 en la AP-7, provocado por un 'kamikaze' condenado a 13 años de prisión que acaba de ser indultado por el Gobierno, ha presentado un recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia en el que alega 'desproporción' en la conmutación de la pena --de cárcel a una multa de 4.000 euros-- y falta de equidad. El objetivo de este escrito es lograr que se anule la concesión del indulto.

Así lo ha explicado el abogado de la familia, Agustín Ferrer, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de presentar el recurso en la delegación del Ministerio de Justicia en Valencia. Junto a Ferrer estaba la hermana de la víctima, Loreto Dolz, y la presidenta de Stop Accidentes y delegada en la Comunitat, Ana Novella.

Este recurso, paralelo al que está presentado por vía judicial en el Tribunal Supremo (TS), tendrá que resolverlo el Consejo de Ministros en el plazo máximo de un mes. El letrado ha reconocido la 'dificultad' de que prospere, ya que entiende que es 'complicado' que el propio Gobierno cambie de opinión sobre una decisión adoptada hace unos días. No obstante, considera que como se trata de una cuestión excepcional, 'podría haber una respuesta excepcional'. 'No perdemos la esperanza, legalmente es posible', ha dicho.

El recurso se fundamenta en tres aspectos: falta de proporción, principio de equidad y falta de motivación. Respecto al primero, el letrado ha explicado que en este caso existe 'desproporción' al cambiar una pena privativa de libertad de 13 años por una multa de 4.000 euros. 'El hecho en sí es desproporcionado, así como la cuantía fijada', ha aseverado.

Al respecto, ha advertido de que el Consejo de Ministros debe basarse, para tomar este tipo de decisiones, en los principios recogidos en la Ley del Indulto y en la Constitución. Estas normativas 'le impiden desproporción en la conmutación del indulto', ha puntualizado.

Asimismo, en cuanto a la falta de motivación, el letrado ha indicado que 'cualquier resolución administrativa tiene que ser motivada', y en este punto se incluye la concesión del indulto, 'algo que no ha ocurrido'.

Respecto al tercer motivo alegado en el recurso, el relativo al principio de equidad y de justicia, se ha preguntado '¿por qué es más justo indultar que no hacerlo? ¿qué motivos hay para que sea más justo hacerlo, cuando lo más justo parece que sea el cumplimiento de la pena?'.

'No podemos entender --ha agregado el abogado-- que en contra de los informes emitidos por la Audiencia y Fiscalía, se haya dictado el indulto'. En este punto, ha recordado que el único informe favorable dictado fue el de Instituciones Penitenciarias, que 'decía que el hombre se había apuntado a cursos y que su conducta era normal', pero 'no le queda otro remedio en prisión', ha ironizado.

Loreto Dolz, la hermana del fallecido en el accidente, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que el Gobierno 'debería tener en cuenta el dolor de las víctimas y no defender al 'kamikaze''. 'El Gobierno debería ponerse en el lado de las víctimas', ha reivindicado.

Así, ha pedido a Gallardón que se ponga en su lugar y piense qué hubiera hecho, 'qué habría pasado si hubieran indultado al 'kamikaze' que mató a su propio hijo', ha puesto como ejemplo. 'Esto es injusto, va en contra del sentido de la Justicia y no tiene precedentes', ha apostillado.

Por su parte, el secretario general del PPCV y consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, preguntado en otro acto sobre la presentación de este recurso, ha destacado que los familiares 'están en su derecho de tomar todas las iniciativas legales que puedan ampararles para defender lo que ellos creen que es lo más justo'.

Por ello, Serafín Castellano ha subrayado que desde el Gobierno valenciano 'esto lo tenemos que ver con todo el respeto y toda la comprensión del mundo', ha aseverado.