Con tono serio y visiblemente afectados, con caras largas e incluso con la voz entrecortada, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros económicos del Gobierno, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, optaron por detallar antes las justificaciones que el contenido del extremo ajuste aprobado este viernes por el Consejo de Ministros. Se trata del más duro recorte del Estado del bienestar desde la instauración de la democracia, cuya aplicación ya anunció el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, el pasado miércoles en el Congreso. Pero el efecto que tendrá sobre los ciudadanos hizo que el Ejecutivo decidiera adornarlo con un aperitivo de dramatismo y alarmismo, que ya es habitual en el equipo que dirige Rajoy.

Antes de empezar a desgranar todas esas medidas ya anunciadas, Sáenz de Santamaría advertía: 'Son necesarias, imprescindibles e inaplazables'. Porque 'España vive hoy uno de los momentos más difíciles y traumáticos de su historia', con una crisis que se ha convertido 'en un drama para los españoles' y que ha hecho al Gobierno a actuar 'con responsabilidad, con rigor y con realismo'. Las medidas que el miércoles aplaudía efusivamente la bancada conservadora no son ahora 'ni sencillas, ni fáciles, ni populares', ya que suponen un 'esfuerzo adicional' para 'miles de españoles que viven al límite de sus responsabilidades'. Pero esto es lo que hay. 'Este es el camino'. Porque 'si no cambiamos las cosas, no cambiará la situación'. Así de contundente se mostró la vicepresidenta durante la tardía y dilatada rueda de prensa que ha presidido tras la reunión del Consejo de Ministros.

Además de la subida del IVA generalizada de prácticamente todos los productos, de la eliminación de la paga extraordinaria de Navidad de los funcionarios o de la supresión de liberados sindicales en las administraciones públicas, el Gobierno volvió a presentar hoy otra gran batería de iniciativas que responden al que ya parece su sempiterno objetivo: la consolidación fiscal para la reducción del déficit. Son estos dos factores los culpables de la cultura del incumplimiento que practica el PP desde que llegó al poder.

Y el engaño que más duele entre las filas conservadoras y el que más escuece al ministro de Hacienda es el aumento del IVA que, cuando estaba en la oposición e incluso ya en el Gobierno, dijo y redijo que no pensaba plantear. Hoy, con semblante serio y un leve tartamudeo nervioso, Montoro pronunciaba las palabras prohibidas: 'Subida del IVA'. Pero al contrario de lo que se esperaba el incremento no empezará a aplicarse el próximo mes, clave para el turismo en España. Será el siguiente, el 1 de septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso. 'Es la fecha que es técnicamente más operativa', insistió  el ministro, porque 'agosto es un mes muy importante para la actividad turística y comercial'. Hacienda no cree, sin embargo, que septiembre vaya a ser un mes malo para el consumo, que estará impulsado desde el Gobierno con la barra libre para el horario de apertura de los comercios.

La compra de vivienda nueva pasará del 4% al 10% en enero

¿A qué productos afectará la subida del IVA? El Gobierno ha preferido enumerar los productos a los que no se les tocará ese tributo. No habrá pues 'reclasificación' de productos que pasen del tipo superreducido –que tributa al 4%– al reducido –que pasará del 8% al 10%–. En esa primera categoría se engloban productos básicos como el pan, la leche, el queso, los huevos, o las frutas y verduras. Pero también los libros, la prensa y los medicamentos. Las gafas graduadas, las lentillas, el material sanitario, el transporte de viajeros, los servicios de hostelería, los de limpieza de vías públicas y la entrada a bibliotecas o museos, son algunos de los productos que a partir del 1 de septiembre tributarán al 10%, en lugar de al 8%. 

En el nuevo tipo reducido también estarán incluidos las actividades de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas, la entrada a archivos y centros de documentación, galerías de arte, los espectáculos deportivos, las exposiciones y ferias de carácter comercial. La compra de vivienda nueva, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó al 4% para aliviar los stocks, volverá al tipo reducido (ahora al 10%) a partir de enero, como estaba previsto. 

Pero la trampa del Gobierno (y que Rajoy no citó el miércoles en el Congreso) está en el paso de un sinfín de productos y servicios del tipo reducido al general. Se gravarán con 13 puntos más de golpe (del 8% al 21%). Entre ellos, las flores y plantas ornamentales, los servicios mixtos de hostelería (discotecas o restaurantes con espectáculo), la entrada a cines, teatros y circos y los servicios prestados por artistas personas físicas, los servicios funerarios, peluquerías, los servicios de televisión digital y la adquisición de obras de arte.

Pese al brutal cambio del IVA, el Ejecutivo en ningún momento cifró cuál sería la recaudación prevista. Cuánto reportaría la subida a las esqueléticas arcas del Estado. Ni una palabra. Nada. 

Para argumentar el incumplimiento del programa electoral, vuelta al 'no había más remedio', tan utilizado por socialistas y conservadores desde que comenzó la crisis, en 2008. 'Es obligado hacerlo, por las circunstancias, por las recomendaciones y por la situación de prioridad absoluta del déficit público', dijo Montoro, que anunció 'compensaciones' a la ciudadanía cuando las cosas vayan mejor. Aunque no dijo cuándo.

El ministro utilizó el mismo tono funerario para explicar la pérdida de derechos de los funcionarios, a lo que se unió el agradecimiento insistente a los empleados públicos de los tres miembros del Ejecutivo –Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos–, que a su vez disponen de plaza en la función pública. A todos los funcionarios que se manifiestan estos días frente a las sedes del PP de toda España, y a quienes esta mañana recibieron a los propios miembros del Ejecutivo a su llegada al Consejo de Ministros, les reclamaron 'un esfuerzo' y les recordaron que, a pesar de quitarles días libres y una paga extra, son 'grandes'.

'España tiene una gran función pública', recalcó Montoro, que atribuyó todas las medidas a la necesidad de que el régimen laboral público 'asimile' las condiciones del privado. 'Quiero manifestar mi reconocimiento a los empleados públicos de este país que trabajan bien y que ahora tendrán que trabajar algún día más', apostillaba después la propia vicepresidenta. Sáenz de Santamaría anunció, además, la puesta en marcha de una veintena de leyes que van desde el adelgazamiento de las administraciones locales o un plan contra el fraude laboral a la privatización de los transportes terrestres, ferroviarios y aeroportuarios, pasando por una nueva Ley de Costas y la ya anunciada reforma del Poder Judicial. Incluso esta última iniciativa tiene un 'objetivo económico', según indicó la vicepresidenta. Y todo por culpa de los socialistas. Porque si el PP ha tomado decisiones 'que no había en el programa electoral', si ha incumplido sus promesas, es porque se encontró una cifra de déficit superior a la que se esperaba en las arcas del Estado, y que luego se vio incrementada todavía más por la deuda ocultada por comunidades como la de Madrid o el País Valencià (en total, un 8,91% frente al 6% previsto), en manos de los conservadores. 'Es difícil encontrar un país en una situación peor de la que se esperaba', zanjaba la vicepresidenta.

-Dos acuerdos para la consolidación fiscal: una disposición de determinadas transferencias para 2012 con el objetivo de paliar el déficit este año y un real decreto ley para mejorar la estabilidad presupuestaria y la competitividad

-Medidas en el balance de ingresos y gastos para ajustar el déficit.

-20 leyes de aquí a finales de año para introducir reformas estructurales en la administración local, liberalizaciones en materia de horarios comerciales, transporte ferroviario, aeroportuario y terrestre ya este mismo mes.

-Liberalización de los alquileres también en julio.

-Ley de Costas con 'cláusula anti-Algarrobico'. La administración podrá intervenir para parar obras en pleno dominio público –en playas– que sean contrarios a la norma.

-Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

-Ley de transparencia, acceso a la información y código de buen gobierno, que penará a los gestores públicos que oculten o falseen cuentas.

-Ley de acción exterior para mejorar la imagen la posición y la defensa de los intereses españoes en el extranjero

-Lucha contra el fraude laboral.

-Seguridad Social: ley de mutuas. Ley para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

-Ley de unidad de mercado para evitar la fragmentación del mercado laboral.