Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, las Administraciones que no obedezcan la sacrosanta regla de la austeridad y no respeten los planes de ajuste de déficit pueden sufrir la intervención del Estado. Pero no sólo eso. Sus responsables se exponen a la destitución. 

Esta última parte se desveló durante la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros de ayer viernes. Uno de los bloques del anteproyecto de Ley de Transparencia profundiza en el Código de Buen Gobierno. En concreto, establece el procedimiento sancionador para todos aquellos altos cargos que incumplan la ley en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y el ámbito disciplinario. El borrador del Gobierno también recoge como infracciones todas aquellas derivadas del incumplimiento de la Ley de Estabilidad . ¿Cuáles? No respetar la regla de gasto, no cumplir con los objetivos de déficit o no facilitar la información pertinente de desviaciones presupuestarias. 

¿Qué castigo conlleva cometer esas infracciones? La destitución, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la oblicación de devolver el dinero indebidamente percibido y la obligación de indemnizar a Hacienda. Los autores de infracciones graves y muy graves pueden ser inhabilitados por entre cinco y diez años. 

El Título de Buen Gobierno se incluye en la nueva Ley de Transparencia

La novedad recae igualmente en quién aplica esos castigos. Según explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, si los incumplidores son ministros o secretarios de Estado, será el Consejo de Ministros el órgano sancionador. Si son otros cargos, 'de cualquier Administración pública' –sean del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos–, el Ministerio de Hacienda aplicará la sanción. La inhabilitación para ejercer cargo público, al tratarse de una pena, deberá ser impuesta por jueces y tribunales. 

Dicho de forma más simple, si un presidente o consejero de una autonomía o un alcalde vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Hacienda podrá cesarlo sin más, por mucho que sean cargos cuya elección no dependa del Gobierno central. 

El Ejecutivo prevé que la Ley de Transparencia, que ahora pasa a ser examinada por la Agencia de Protección de Datos y el resto de órganos consultivos, sea aprobada por las Cortes Generales en el próximo periodo de sesiones, que acaba en diciembre. Pero el despliegue de la misma se producirá en dos tandas. El Título de Buen Gobierno entrará en vigor de manera 'inmediata', pero todos los aspectos relativos a la publicidad de las Administraciones o al derecho de acceso de los ciudadanos, por la complejidad de la implantación, no se pondrán en marcha hasta pasado un año, 'en la media de lo hecho por otros países de nuestro entorno', alegó Santamaría.