El Gobierno está dispuesto a mover ficha para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional si el magistrado conservador Guiller-mo Jiménez también fracasa en el intento de ahormar una mayoría para resolver los recursos sobre el Estatut de Catalunya.

'El fracaso del nuevo ponente ya sería un signo definitivo de impotencia del Tribunal Constitucional en su actual composición y el Gobierno tendría que moverse a favor de la renovación', reconocieron a Público fuentes gubernamentales.

El resultado de la nueva ponencia se espera para la próxima semana

La previsión que maneja el Ejecutivo es que la próxima semana se conozca ya si la nueva propuesta de sentencia prospera o si, como se confía en la Moncloa, corre la misma suerte que las elaboradas antes por la magistrada progresista Elisa Pérez Vera.

Aunque José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido hasta ahora la legitimidad del actual Tribunal Constitucional (TC) para resolver sobre el Estatut de Catalunya y ha vinculado la renovación a un cambio de actitud del Partido Popular, un nuevo fracaso del alto tribunal cambiaría el escenario político, según las fuentes consultadas.

Argumentan estos interlocutores que no sólo se trataría del fiasco del segundo ponente designado por la presidenta, María Emilia Casas, sino que este hecho adquiriría especial relevancia política al haberse encomendado ya la búsqueda de una mayoría al sector progresista y al sector conservador, los dos polos ideológicos del tribunal.

Un nuevo bloqueo se consideraría 'signo definitivo de impotencia' del TC

Sería, pues, la evidencia del bloqueo interno del tribunal en su actual composición, de modo que la renovación pasaría a convertirse en 'una obligación política ineludible, tanto para el Gobierno como para el PP'.

La preocupación es máxima en el Ejecutivo. Rodríguez Zapatero se enfrenta a una complicada tesitura, ya que, por una parte, ha sido uno de los principales avalistas del Estatut y, por otra, su condición de presidente 'le obliga a la defensa institucional' del alto tribunal, actitud que en su caso se ve reforzada por su pensamiento como profesor de Derecho Constitucional, que identifica al alto tribunal como la clave de bóveda de toda la arquitectura de la democracia española.

Pero sin abdicar de esta visión académico-institucional, enfrentada no sólo a la del Partido Socialista de Catalunya sino también a la de otros dirigentes del PSOE en el que ha tenido que imponer su autoridad para preservar al Constitucional, el impacto político de una sentencia dura contra el Estatut ha ido tomando cuerpo en el ánimo presidencial.

Fuentes próximas opinan que un fallo que revoque la esencia del Estatut haría peligrar 'la integración de Catalunya', cuando una de las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional es velar por la integración del país. Esta, según el análisis gubernamental, quedaría seriamente dañada con una sentencia que fuera percibida dentro de Catalunya como una exhibición de nacionalismo español.

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, confirmó ayer que tanto el Gobierno como el PSOE 'están dispuestos a hacer un esfuerzo' para renovar al Tribunal Constitucional. Chaves, que participó en Vitoria en el Foro de Gobiernos Locales de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, reiteró que el problema 'está en si el PP está o no dispuesto' a realizar también ese esfuerzo. El vicepresidente rechazó que sea 'un desafío' la decisión del presidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, de trasladar al Senado la petición de renovación del tribunal aprobada por la mayoría del Parlament de Catalunya. 'El Senado está precisamente para que unas comunidades autónomas puedan exponer sus puntos de vista ante el resto', argumentó Manuel Chaves. 'Cuando se presente la iniciativa, la estudiaremos y llegaremos a algún acuerdo que respete al Tribunal Constitucional', añadió.