El Consejo de Europa ha resuelto contra España después de que los vecinos de la Cañada Real hayan permanecido durante más de cuatro años sin electricidad, sobreviviendo en unas condiciones extremadamente precarias. 

Tal y como ha informado El País, son 1.500 días sin suministro para más de 4.500 personas que no han podido disfrutar de lo que para ellos es ahora un privilegio: calentar su hogar en invierno y combatir las altas temperaturas del verano. Tanto es así, que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha fallado en contra de España por incumplir la Carta Social Europea, pues lo cierto es que no se han impulsado las medidas necesarias para que esta circunstancia terminase. 

La demanda de diversas organizaciones, entre las que se encuentra Comisiones Obreras, es la que motivó esta causa en el órgano europeo, una entidad totalmente ajena a las instituciones de la UE. Si bien esta reclamación se llevó a cabo en 2022, cuando los habitantes del sector VI de la Cañada ya llevaban un año y medio sin luz, es ahora cuando se ha reconocido la violación directa por parte de España de ocho derechos fundamentales, como son el derecho a la vivienda, la protección social de la salud, de la pobreza, de la familia y la niñez, así como el derecho de las personas de edad avanzada o con discapacidad, entre otras disposiciones. 

En realidad, el mal trago de estos residentes madrileños va más allá de no poder utilizar aparatos eléctricos como un ventilador o una estufa. De acuerdo con algunas declaraciones, muchos de estos ciudadanos debieron consumir alimentos fríos, ducharse con agua helada e incluso utilizar ropa sucia, en mal estado, ante esta ausencia de suministros. Muchos niños también vieron vulnerados sus derechos educativos, ante la dificultad de seguir el ritmo de las clases por la falta de internet.

La principal solución que emplearon los vecinos de la Cañada consistió en la utilización de velas u hogueras, unos remedios temporales y, sobre todo, peligrosos que evidentemente no ponían fin al problema real y que, además, les condujeron a distintos incidentes como incendios. 

Si bien Naturgy, la empresa encargada de la electricidad de este lugar, fue quien efectuó los cortes de luz ante el argumento de que se sobrecargaban las líneas como consecuencia de enganches ilegales, el Consejo de Europa ha dictaminado que la responsabilidad de la precariedad de estas personas va más allá de los actos de la entidad eléctrica y los ayuntamientos en cuestión, tratándose de un conflicto que repercute en el Estado español. Desde el punto de vista de la resolución, era esta institución quien debía hacerse cargo de frenar esta falta de suministros.