Los días pasan y las familias de la Cañada Real sobreviven a más de dos años sin luz. Ante la ausencia de electricidad, los vecinos hacen frente a los fenómenos meteorológicos y a la llegada del frío en condiciones precarias. En enero de 2020 ya tuvieron que sufrir una Filomena que colapsó Madrid tiñéndola de blanco sin que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital tomasen cartas en el asunto. A todo ello se añade los derrumbes de viviendas y los soterramientos de las casas que ponen en peligro a las familias.

Los vecinos del sector 6 se ven obligadas a atravesar caminos sin asfaltar varias veces al día que, en días lluviosos, es mejor evitar. El actual temporal de lluvia no solo convierte las calles en barro, sino que aumenta el peligro de desprendimientos o corrimientos de tierra de los vertidos y las montañas de arena que han sido depositadas en la zona desde hace años.

Como denuncia a Público Javier Rubio, abogado de las familias que viven en la Cañada Real, la Consejería de Medioambiente del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de la capital llevan años enterrando las viviendas derruidas del sector 6 con vertidos que llegan a la zona procedentes de "obras de toda la Comunidad de Madrid".

El abogado explica que el espacio liberado por los derribos de viviendas y los realojos es rellenado por los residuos que "diariamente" transportan unos "400 o 500 camiones". Todo ello en virtud de un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y una asociación de empresas de excavación y retirada de escombros.

Rubio considera que estos vertidos y movimientos de tierra, que el Ejecutivo madrileño engloba dentro de un proyecto para crear zonas verdes, es una "excusa" ya que "no está escrito en ningún lado y no responde a ningún plan ni a ninguna estructura". "Dicen que van a plantar árboles y los están enterrando. No había que plantar árboles, había que mantener la flora y fauna de la zona que ha quedado enterrada", argumenta.

Viviendas enterradas

La tierra está sepultando el sector 6 y está "cercando" las viviendas que no han sido derribadas, incide el abogado. El problema se agrava cuando se dan unas condiciones meteorológicas determinadas como las fuertes precipitaciones que se están dando en Madrid, lo que puede provocar un "corrimiento de tierras que acabe sepultando las viviendas alojadas". Además, el abogado explica que los soterramientos a nivel medioambiental son dañinos porque no se están haciendo limpiezas previas, por lo que "están quedando enterrados residuos contaminantes de viviendas que han sido derribadas y no se han desescombrado, electrodomésticos, neumáticos o chatarra".

Por el momento, solo se han producido soterramientos sobre las casas derribadas, pero Rubio avisa de que podría suceder sobre viviendas habitadas porque "parece que esta actividad no tiene límite". Sin embargo, aunque estos espacios estén sin ocupar, entre las ruinas se encuentran algunas de las pertenencias de sus antiguos residentes.

Ante esta situación, Unidas Podemos y Más Madrid han registrado una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid contra el Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel Gorbea, y la empresa encargada de los soterramientos por "posibles delitos contra el medio ambiente y coacciones inmobiliarias". En la demanda conjunta, las formaciones han insistido en que "se ha acelerado el proceso de vertidos ilegales y de movimientos de tierras".

La diputada y candidata por Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto insiste en que los soterramientos que acaban cercando las casas de los vecinos son un "serio riesgo para la salud de las familias". En especial en los días lluviosos por los corrimientos de tierra que "ponen en peligro la vida de las personas que viven allí", añade la diputada asamblearia por Más Madrid Alicia Torija.

Más de dos años sin luz

Más de 4.000 vecinos de Cañada, entre ellos 1.800 niños y niñas, siguen afectadas por el corte de luz que llevó a cabo la empresa Naturgy el 2 de octubre de 2020 en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real. Rubio afirma que dos de los ayuntamientos con los que colinda la Cañada Real Galiana –Madrid y Rivas Vaciamadrid– "están interesados en desmantelar la Cañada por completo". No quieren devolverle la electricidad a los vecinos porque "saben que si dan la luz tardarían más en desmantelarla".

"Van a tardar mucho porque son procesos muy largos y mientras más resistencia pongan los vecinos más garantías legales tienen que darles", explica. Los vecinos reclaman la regularización del suministro de luz y de agua –este último falla en una parte del sector 6– para facilitar que puedan firmar contratos de la luz.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, propuso en noviembre conceder licencias urbanísticas especiales a los miles de personas que viven en la Cañada Real. Gabilondo sugirió que los ayuntamientos responsables facilitasen estas licencias en los sectores cinco y seis para que las familias pudiesen acceder a contratos de luz.

"Existe un interés económico y urbanístico detrás"

El pasado 19 de octubre, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa declaró por unanimidad que la luz debía ser devuelta a la Cañada Real. La resolución de la reclamación colectiva presentada ante este comité indica que, de forma prioritaria y para evitar daños graves e irreparables en los vecinos, las administraciones deben garantizar el acceso inmediato a la electricidad y, por ende, a la calefacción antes del 15 de diciembre. 

Sin embargo, Rubio ha confirmado a Público que "no se ha cumplido todavía". "No tenemos ninguna pista de que vaya a haber ningún movimiento en ningún sentido. A lo mejor nos encontramos una sorpresa este jueves, pero de momento no hay nada que nos haga pensar que van a cambiar las cosas antes del día 15".

Estas medidas solicitadas por la Unión Europea aún no se han puesto en práctica porque, denuncia el abogado, se pretende "desmantelar la Cañada Real rápidamente". Las administraciones están "tolerando los soterramientos" a plena luz del día, añade.

Es por ello que, como afirma Rubio, hay indicios de que "existe un interés económico y urbanístico detrás". "Si le haces la vida imposible a la gente, se va a ir antes. Esto del soterramiento no tiene que ver con el corte de luz, pero sí sobre el proceso de desmantelamiento general de la Cañada Real", aclara el abogado a Público.