Las denuncias contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por torturas, malos tratos y/o trato degradante continúan produciéndose. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) ha recopilado hasta 256 denuncias judiciales o sociales de ciudadanos en el año 2016 que se produjeron en 117 situaciones diferentes. Así se muestra en el Informe La tortura en el Estado español, que ha sido presentado este viernes en Madrid. 

Estas cifras suponen una continuidad respecto a las de 2015 y un extraordinario descenso si se comparan con los números de 2014. Ese año se registraron hasta 961 denuncias de ciudadanos contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este descenso respecto a 2014 se debe, especialmente, a la caída de la movilización social y a la externalización del control de la frontera Sur. 

No obstante, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura achaca la caída del número de denuncias a que haya ciudadanos que ya no se atreven a denunciar o que consideran que es una pérdida de tiempo. Así, a la explicación del descenso de las denuncias, la CPDT añade los siguientes factores: el "miedo a denunciar las agresiones sufridas ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncias"; "la desconfianza en los tribunales de justicia"; "la criminalización de quienes denuncian violencia policial"; la impunidad de quienes practican la tortura y su 'reconocimiento'"; y, por último, "la disminución de la capacidad de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos". 

Los migrantes, los que más denuncian

El informe de la CPDT realiza también una diferenciación de las denuncias según las circunstancias de las personas agredidas. En este análisis, es especialmente significativo que 147 de las 256 personas denunciantes son migrantes. "Ha de tenerse en cuenta que no todas las agresiones que registra el dato han tenido una motivación racista clara y directa", matiza el informe, que destaca que el número de migrantes que ha denunciado se triplicó en 2016. 

El segundo colectivo que más denuncias ha presentado es el de las personas presas y, en tercer lugar, se sitúan las 20 personas que han denunciado agresiones en la represión de los movimiento sociales. Cabe destacar también que 18 menores han denunciado malos tratos, denuncias o trato degradante y que se trata del segundo año que no se registran denuncias de torturas de presos en situación de incomunicación. 

"En el presente informe no se recoge ninguna denuncia por tortura en situación de detención incomunicada. Sin embargo, pervive la legislación que permite la detención incomunicada y, por tanto, la posibilidad de que se produzcan en un futuro, más o menos próximo, casos de tortura y malos tratos en esta circunstancia", señala el informe, que "exige la derogación absoluta del régimen de detención incomunicada" ya que contraviene las indicaciones de los organismos de defensa de los derechos humanos. 

Llama la atención también el considerable descenso de denuncias procedentes de movimientos sociales en 2016. Si en el año 2012 se registraron 591 denuncias; en 2014, 450; y en 2016 el número se ha reducido a 20.  

Policía Nacional y funcionarios de prisiones, a la cabeza

La Policía Nacional es el cuerpo que más denuncias de personas acumula. 103 personas denunciaron a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 2016. Este dato equivale a un porcentaje del 40% del total de denuncias por agresión, malos tratos o torturas. El informe explica este hecho señalando que el Cuerpo Nacional de Policía es el que tiene las competencias de antidisturbios y custodia de los CIE. 

El siguiente grupo que más denuncias recibe es el de los funcionarios de prisiones, que han recibido 50 denuncias. Un análisis de estos datos permite comprobar que que la mayoría de las situaciones denunciadas se han producido en "espacios de privación de libertad, algo que reviste una especial gravedad puesto que se supone que en estos espacios la custodia es completa", según la CPDT.