Agustín Toranzo denunció públicamente haber sufrido torturas de dos policías durante el desalojo de una casa ocupada en Sevilla en 2011. La Justicia le condenó a pagar mil euros a un agente y 200 a otro por calumnias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia su caso. Antonio Molina, jubilado de 67 años cardiópata, operado de un pulmón, con disnea a mínimos esfuerzos fue condenado hace apenas a unas semanas a pagar 350 de euros a tres agentes de la Policía y a seis meses de cárcel por “atentado a la autoridad”. Molina asegura haber sido golpeado tanto en la calle como en comisaría. El informe pericial avalaba su versión. El juez dio la razón a los agentes.

Según Amnistía Internacional en España se tortura. Y no poco. La práctica de la tortura no es sistemática pero tampoco se trata de casos aislados. De hecho, sólo en los últimos diez años la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha recopilado 6.621 denuncias por malos tratos o torturas policiales. La cifra contrasta con el escaso número de condenas emitidas por la Justicia. Concretamente, 752, la mayoría por faltas y no por delitos. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en seis por no investigar suficientemente estas denuncias y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura reprendió a las autoridades españolas por no investigar las denuncias por malos trato. 

“La práctica de la tortura es realidad cotidiana en España. Día tras día nos llega información de personas que han sufrido malos tratos y todo tipo torturas. Desde posturas forzadas, a flexiones, violaciones o agresiones físicas”, denuncia Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

Su opinión es compartida por Pau Pérez-Sales, asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y perito en tribunales nacionales e internacionales para víctimas de maltrato y tortura, que considera que la dimensión del problema en España no se limita “a unos cuantos policías que se saltan las leyes”. “Hay un sistema torturante que requiere impunidad. Se necesita alguien que autoriza, alguien que diseña, alguien que encubre y alguien que amnistíe”, señala Pau Pérez-Sales, que denuncia que cada cuerpo policial en España posee unidades de élite formadas para este cometido.

Antidisturbios rodean a un manifestante. - REUETRS

“Cuando hablamos de tortura, la gente piensa en la tortura del franquismo. Esta no existe apenas en 2015. La tortura intimidatoria al inmigrante, al militante de movimientos sociales es física, pero juega más con el miedo, las amenazas, el terror. El miedo al dolor es más demoledor que el dolor”, señala Pérez-Sales, que denuncia que los casos que ha documentado en Euskadi sobre la detención incomunicada son diferentes.

“Es una tortura entrenada, fría, de role-playings consensuados a minué con director de orquesta, que juega con la confusión, la humillación y la vergüenza, el dolor que aturde más que rompe, que quiebra la conciencia y la orientación más que los huesos, que interroga atacando la identidad profunda de la persona”, relata.

El juez del Supremo Joaquín Giménez no cree, como afirma Pérez-Sales, que existan “cuerpos de élite especializados en torturas” aunque señala que es “evidente” que “policías no se dedican a efectuar estas prácticas si en el ambiente no respiran una cierta impunidad”. “Esto hay que terminarlo radicalmente y, de alguna manera, las sentencias que se han dictado tanto el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han servido de despertador para advertirnos de que teníamos un problema.

“La Justicia ya ha transmitido el mensaje de que las torturas en el marco de una investigación de un delito de terrorismo no son gratis, que no hay impunidad”, apunta Giménez, que insta a los jueces a “comprometerse” a cuidar de los derechos de los detenidos y a los cuerpos policiales “a abrirse, colaborar con la Justicia y no proteger al agente que haya efectuado malas prácticas“.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, no ha llegado aún a todos los casos. Ni tampoco se puede decir que haya investigado con diligencia todas las denuncias. En uno de los cajones de la sede del TC debe estar la denuncia que presentó Mikel Soto, detenido en 2002 por presunta colaboración banda armada junto a su compañera y cuyos cargos ascendieron a presunto culpable del asesinato de UPN, José Javier Múgica, durante el tiempo que duró la detención incomunicada. Su compañera confesó haber participado en el asesinato del concejal a pesar de que, posteriormente, se demostró que no estaban implicados.

“Sufrí torturas y bastante graves por parte del equipo que se encarga de realizarlas. Eran profesionales. No parecían una cuadrilla de locos a los que se les había ido la mano. Sabían perfectamente lo que hacían”, denuncia Mikel Soto, que tras dos días de interrogatorio tuvo que ser trasladado a un hospital. Soto pasó dos años en la cárcel por asesinato pero tras la aparición de unos papeles en Francia que le desvinculaban del atentado a Mujica fue absuelto de los cargos de asesinato y condenado a dos años por intento de colaboración con banda armada. Es decir, según la Justicia Soto trató de colaborar con ETA, pero no lo consiguió.

“Es complicado explicar las torturas que sufrí. Cuento los golpes que me daban en la parte de atrás de la cabeza, el ejercicio físico, la pistola que me metieron en la boca… Pero cuesta explicar que todo eso sucede a la vez. Que tienes una pistola en la boca, mientras un guardia civil te pisa los talones y otro te insulta”, denuncia Soto.

El propio informe sobre el estado de los Derechos Humanos que encargó el Gobierno de Mariano Rajoy a un comité de expertos nombrado por Presidencia, y al que tuvo acceso este diario, señaló que "las investigaciones realizadas indican que los casos de malos tratos no son hechos aislados, sino síntomas de deficiencias estructurales". Por ello, este comité de expertos recomiendan "mejorar las garantías de los detenidos sometidos al régimen de incomunicación" con medidas como "la introducción de videocámaras de circuito cerrado en todas las zonas de las comisarías".

La denuncia de Unai Romano

Con estas cámaras que reclama el comité de expertos del Gobierno, el Estado se hubiera ahorrado casos como el de Unai Romano. Su cara completamente morada y deformada sirvió para empapelar las paredes de Euskadi y como símbolo de la lucha contra la tortura. Romano fue detenido en septiembre de 2001 acusado de pertenencia a banda armada. Tras pasar apenas unos días de interrogatorio tuvo que ser trasladado al Hospital de Juan Carlos I. Denunció por torturas a España y su caso fue archivado. Ahora lo estudia el TEDH.

“Nada más llegar a Madrid me metieron en el calabozo y me dieron una serie de reglas como no mirarlos a los ojos y comenzaron los interrogatorios. Cuando la respuesta no les gustaba, me golpeaban en la cabeza. Así pasaron horas. Preguntas, respuesta, golpes. Cada vez con más intensidad. Me golpeaban en la parte superior de la cabeza o en la parte de atrás. Yo estaba en una esquina contra la pared. Mientras golpeaban llegaban las amenazas. Te vamos a poner la bolsa, electrodos, te vamos a hacer la bañera….”, recuerda Romano en conversación con Público.

A la vez que le golpean, Romano señala que la tortura llegaba al plano psicológico. “Me dijeron que habían detenido a mi madre y que le estaban haciendo el ascensor. Después me dijeron mi madre que había muerto”, señala. Tras dos días de interrogatorio, Romano comenzó a sufrir los efectos de los golpes: “Sentí como se me hinchaba la cabeza, la frente, perdía visión debido a que los párpados también se estaban hinchando. Me quemaba todo. Ahí decidí que tenía que salir de allí. Comencé a morderme las muñecas para que me llevaran a la forense”.

A la derecha, la fotografía que, según Unai Romano, le tomaron a su entrada a Soto del Real. Fuentes penitenciarias niegan que esta sea su fotografía de acceso

En el juicio sobre las presuntas torturas sufridas por Romano la Guardia Civil alegó que el edema cerebral sufrido por el preso fue causado por golpes que el propio Unai se había dado contra la pared. La médico forense que atendió a Unai Romano durante su estancia en dependencias de la Guardia Civil declaró al juez instructor que, en su opinión, los aparatosos hematomas eran fruto de una autolesión y no cabía atribuirlos a una paliza, ni a los repetidos golpes en la cabeza denunciados por el detenido.

Sin embargo, el también médico forente Francisco Etxeberria, que en estos días anda buscando los huesos de Miguel de Cervantes, realizó otro informe médico en el que demostró que la existencia de hematomas distribuidos por toda la cabeza no podían haber sido causados sólo por el propio Unai. “Mi informe dice que Unai recibió golpes más allá de la versión oficial. Unai sufrió muchos golpes y se ve claramente en el escáner del hospital”, explicó Etxeberría en declaraciones a Carne Cruda.

“Unai Romano pudo morir aquel día”, sentecia el forense, que señala “estar seguro” de que cualquier médico forense extranjero que hubiese estudiado el caso de Romano estaría más de acuerdo con su informe que con el presentado por la médico forense de la prisión.

“Se suele decir que un individuo torturado es aquel que ya tiene una sentencia a favor que prueba la tortura. Si eso es así yo he visto a mucha gente torturada. He tenido amigos, familiares, alumnos, profesores que han sido torturados. Esto es una cuestión que salvo que uno quiera mirar hacia otro lado, existe. Es una realidad que se ha probado judicialmente”, explica Etxeberria.

El juez del Tribunal Supremo Joaquín Giménez apunta que en los casos de denuncias de presuntos miembros de ETA puede “haber una especie de estrategia de alegar sistemáticamente torturas y al mismo tiempo existir torturar de verdad”. “Hay que distinguir la paja del trigo y para eso que hacer una investigación seria y profunda”, agrega Giménez que recuerda que “también hay torturas o malos tratos en otros casos que no son de investigación de un delito terrorista.

50% de denuncias procede de movimientos sociales

En este sentido, el experto Pau Pérez-Sales señala que de las denuncias de malos tratos o torturas producidos en ambientes ajenos a una detención en comisaría, el 50% de los mismos se ha producido contra activistas de los movimientos sociales, cerca del 40% contra inmigrantes y sólo un 10% está relacionado con el “conflicto en Euskadi”.

El propio Giménez fue ponente de una sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la pena de un año de prisión y ocho de inhabilitación absoluta impuesta a dos guardias civiles por un delito de torturas cometido contra un inmigrante cubano que fue detenido por robar una cartera a una mujer en un centro comercial de Alboraia (Valencia) en 2008. Pau Pérez-Sales denuncia, por el contrario, que no siempre es así, y que muchos policías utilizan denuncias falsas de resistencia y atentado a la autoridad como estrategia disuasoria frente a denuncias de malos tratos.

“No me cabe ninguna duda de que el Consejo General del Poder Judicial tiene perfecta constancia del uso de denuncias falsas de resistencia y atentado a la autoridad como estrategia disuasoria frente a las denuncias de malos tratos y de la tolerancia pasiva de muchos jueces por razones que no atisbo”, denuncia Pérez-Sales.

Sin una institución encargada de víctimas
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Para Víctor Madrigal, secretario general del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de la Tortura, la prueba más evidente de que España tiene un problema con la tortura o los malos tratos policiales es que no hay ninguna institución española que se dedique a velar por la reparación de las víctimas de tortura o malos tratos. “Me resulta difícil pensar que en España no hay ningún centro porque no existen víctimas de tortura. Creo que tiene más que ver con una falta de reconocimiento de los derechos de esas víctimas”, explica Madrigal a Público.

“Con la documentación que aporta Amnistía Internacional o la Coordinadora para la Prevención de la Tortura me inclino a pensar que en España existe una problemática que habría que reconocer. Tanto desde las instancias judiciales como desde las autoridades públicas”, denucia Madrigal, que recuerda que para que un Estado pueda llamarse plenamente democrático debe defender el principio de legalidad que, por derivación, “establece una prohibición absoluta de la tortura”. “Sólo un Estado que investiga las denuncias de torturas diligentemente puede llamarse verdaderamente democrático”, sentencia.