"Me dijeron que nos íbamos allá para ejecutarme. Lo deseé profundamente. Deseé que todo acabara"

MADRID.- Para la Fiscalía General del Estado la Transición "fue voluntad del pueblo español" y "ningún juez o tribunal puede cuestionar la legitimidad de tal proceso". Así lo hizo saber Consuelo Madrigal en la circular que remitió a las fiscalías provinciales en la que explicaba cómo debían oponerse a las declaraciones de cargos franquistas y víctimas de la dictadura que solicitaba desde Argentina la juez María Servini, quien instruye desde Buenos Aires la única causa judicial abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura. 

Las víctimas del franquismo, los organismos internacionales de Derechos Humanos y también el equipo jurídico que desarrolla la querella argentina tienen, sin embargo, una opinión completamente diferente a la expuesta por la Fiscalía. Y anuncian que a pesar de este nueva barrera, no desistirán en su empeño de acabar con la impunidad de la dictadura que permite que la democracia española tenga sus cimientos sobre cientos de miles de fosas aún por abrir y sentencias de muerte aún hoy consideradas legales. 

Prueba de ello son las dos denuncias que este miércoles se presentan ante el Consulado argentino en Madrid. Se trata de los casos del capitán del Ejército Vicente Cervera Grau, que defendió durante los tres años de Guerra Civil [con éxito] la isla de Menorca, y de Ángel González García, militante antifranquista que fue brutalmente torturado tras su detención en octubre de 1975 y que permaneció en prisión, sin juicio alguno, hasta octubre de 1977. Para Ángel González, por ejemplo, la Transición fue un gran fraude democrático en el que víctimas y verdugos fueron equiparados y donde los que lucharon durante años por la democracia sufrieron el "gran olvido". Isabel Cervera, por su parte, sobrina nieta del Capitán, considera que la Transición no fue más que "el continuismo" del franquismo. 

Ángel Gonzalez, de 63 años, luchó contra la dictadura franquista desde las filas del PCML-FRAP. Fue detenido el 11 de octubre de 1975 cuando regresaba a España tras una reunión en el extranjero de la Dirección Nacional de su partido. Ahí comenzó un camino de interrogatorios, golpes, amenazas, mentiras y torturas que finalizaría el 19 de octubre de 1977, en aplicación de la Ley de Amnistía, la misma que ahora utiliza el Estado para no investigar por ejemplo quién ordenaba las brutales palizas contra aquellos que luchaban por la democracia. Represor, reprimido. Opresor, oprimido. Lo mismo da. 

"Nada más llegar, ya sabían quien era yo (yo no lo había confesado) y empezaron 10 días seguidos de imborrables torturas. Se me sometió a diario y con pequeños descansos en calabozos a la tortura de la barra(...), mediante la cual te colgaban entre dos mesas de la sala y así colgado empezaban a golpearte con porras en las nalgas, las plantas de los pies la zona lumbar... (...) Cuando me bajaban a los calabozos estaba ya en tal estado, con las plantas de los pies tan inflamadas que me tenían que bajar entre dos policías", relata Ángel Gonzlo en la denuncia que se presenta este miércoles ante el Consulado y a la que ha tenido acceso Público. 

La tortura física nunca viene sola. A los golpes hay que sumar la presión psicológica sobre el preso, las amenazas, las mentiras, el juego sucio del represor.

La tortura física nunca viene sola. A los golpes hay que sumar la presión psicológica sobre el preso, las amenazas, las mentiras, el juego sucio del represor. Así lo recuerda perfectamente Ángel González, que describe en su denuncia el día en el que los policías de la Brigada Político Social le dijeron que le iban a dar "el paseíllo" en el Campo de la Bota, lugar donde los franquistas fusilaron a discreción durante su entrada a Barcelona en la Guerra Civil. 

"Recuerdo que cuando por fin por la noche me metieron esposado en un coche camuflado con cuatro policías y me dijeron que nos íbamos allá para ejecutarme, lo desee profundamente, desee que todo acabara y así se lo dije. Atravesamos Poble Nou, pero antes de llegar al destino dieron la vuelta, volvimos a Laietana (sede de la DGS en Barcelona) y continuaron torturándome con más ganas", señala este hombre, que pese a ello se negó a firmar reconociéndose como "inductor del asesinato de un policía". 

El ahora denunciante pasaría dos años más en prisión. Sin fianza. Sin juicio alguno. Nada. El inicio de la democracia significaría el entierro de su lucha en lo más profundo del armario de la memoria colectiva. Como si la transición a la democracia se hubiera producido por el afán democrático de las élites. Como si no se hubiera conseguido por la presión y la lucha organizado desde la ciudadanía. Como si las élites nunca hubieran convivido sin rasgarse las vestiduras, en el mejor de los casos, con una dictadura que tuvo en la violencia represora su marca de identidad.

No obstante. el empujón final que ha llevado a Ángel González a unirse a esta causa fue el escrito de la Fiscalía en el que se opone a que los jueces españoles cumplan con los exhortos remitidos por la Justicia de Argentina. "Me quemó mucho. Eso y que el ministro del Interior dijera que algunos quieren ganar la guerra ahora que perdieron hace 80 años. ¿Cómo puede permitirse hablar así de la Guerra Civil un ministro que está ahí para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos y libertades? Aquí hay más de 100.000 personas enterradas en fosas y miles de personas condenadas por la Justicia por luchar contra la dictadura. Y no hacemos nada para evitarlo", se lamenta Ángel González, en conversación telefónica con este diario. 

La indignación de Ángel es compartida por Isabel Cervera, la sobrina nieta del capitán del Ejército Vicente Cervera Grau, que presenta la denuncia ante el Consulado de Argentina en nombre de su padre, que con 93 años de edad ya no puede venir a Madrid desde Valencia, donde residen. "Hace unos días le conté a mi padre que iba a presentar la denuncia y se emocionó mucho. Para él el asesinato de su tío ha sido un lastre que ha cargado toda la vida. Sobre todo por no poder conseguir que se hiciera justicia con un señor que lo único que hizo fue mantenerse fiel a un gobierno democráticamente elegido", cuenta a Público Isabel Cervera. 

El tío abuelo de esta mujer fue uno de los héroes republicanos de la resistencia de Menorca, que no se rindió ante las embestidas franquistas en los tres años de conflicto. Tras la victoria franquista Vicente Cervera fue detenido en Valencia el 22 de abril de 1939, enviado a Mahón (Menorica) y juzgado en Consejo de Guerra en junio de 1941, donde se le condenó a 30 años de reclusión como "autor de un delito de adhesión a la rebelión".

Sin embargo, este castigo no había sido suficiente. El régimen quería una sentencia aún más ejemplar contra todos aquellos que le habían aguantado el pulso y que a la postre podrían servir como símbolo de que la victoria contra las tropas fascistas era posible. Así, el Capitán General manifestó disconformidad con el fallo del Consejo de Guerra y en julio de 1941 pidió que se impusiera la pena de muerte, que se ejecutaría el 9 de julio de 1942..

"La noticia de este asesinato nunca se comunicó a mi familia. Ni por escrito, ni de forma oficial. Mi bisabuelo se enteró por un vecino en una barbería del pueblo y el resultado fue que murió a los pocos días tras recibir la desgarradora noticia de lo sucedido. No pudo soportar ni el dolor ni la injusticia", relata esta mujer en su escrito de denuncia.

"Cuando mi padre ingresó en las filas en 1945 alguien le comentó: 'Si hubieras estado aquí hace tres años, muy probablemente hubieras forma parte del pelotón que fusiló a tu tío'", narra Isabel

Pero como en el caso anterior, la violencia del régimen volvió a golpear otra vez. El padre de Isabel y sobrino de Vicente fue enviado en 1945 a realizar el servicio militar obligatorio a Mahón, donde estuvo destinado su tío y donde fue fusilado. "De hecho, cuando mi padre ingresó en las filas en 1945 alguien le comentó: 'Si hubieras estado aquí hace tres años, muy probablemente hubieras forma parte del pelotón que fusiló a tu tío'", narra Isabel, que también muestra con su relato cómo el régimen negó a las víctimas el mismo derecho al duelo ya que su padre sólo pudo ir una vez a la fosa común donde reposaban sus restos. "Alguien se le acercó para decir que si lo veían ante esa fosa podría sufrir consecuencias desagradables", prosigue. 

Los restos de este capitán del Ejército fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Mahón hasta que en 1950 se remodeló y un vecino decidió acoger los huesos de los enterrados en su nicho, donde descansan aún hoy: el 164 del tercer ensanche Párvulos. "De no haber sido por este hombre tal vez hoy estarían debajo de cualquier construcción y desaparecidos para siempre. Aún así, hoy en día aún se desconoce la existencia de estos seres humanos ya que de sus nombres no hay inscripción alguna en lápida ni otro lugar visible, sólo están en el dolido pensamiento de sus familiares", prosigue. La vergüenza llega hasta ese punto. Hasta el punto de no tener ni un lugar para ellos en el cementerio. 

La Justicia que reclama Isabel para su tío abuelo no es otra cosa que la exhumación de los restos y una investigación judicial seria sobre qué sucedió en España durante los cuarenta años de la larga noche franquista. Algo que el Estado se niega a realizar como ha quedado claro con el último escrito de la Fiscalía. Por eso, Isabel se indigna cuando lee que el escrito se refiere a la Transición como una "reconciliación pacífica". "Aquí lo que ha habido es una continuidad franquista. No se ha depurado ninguna responsabilidad y de aquellos barros, estos lodos", sentencia.