La Inspección de Trabajo en Galicia ha abierto expediente a varios agricultores de las comarcas ourensanas de A Limia, Monterrei y O Ribeiro por no haber dado de alta en la Seguridad Social a los familiares, amigos y vecinos que los ayudaban a recoger la cosecha de patatas y uvas en sus tierras. Así lo ha denunciado el sindicato Unións Agrarias, que planea llevar al Congreso de los Diputados una propuesta de modificación de la legislación que regula la colaboración de los familiares en el ámbito laboral para evitar nuevas propuestas de sanción.

Los hechos sucedieron el mes pasado, cuando los inspectores de Trabajo, que dependen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se presentaron en las granjas, en algunos casos acompañados de agentes de la Guardia Civil, para identificar a las personas que recolectaban patatas y uvas. La mayoría son pequeñas explotaciones familiares, ubicadas en localidades donde existe una tradición secular de cooperación que lleva a parientes, conocidos, amigos y convecinos a ayudarse mutuamente en la recogida de la cosecha, sin que medie remuneración salarial de ningún tipo y, por tanto, contrato de trabajo.

“Resulta completamente escandaloso que se multe a las personas por el hecho de echarle una mano a parientes y vecinos, tal y como se viene haciendo desde siempre en Galicia, cuando se sabe que esas ayudas son siempre puntuales y que no se percibe por ellas renta alguna”, asegura el sindicato. Según la Xunta, cuya Consellería do Medio Rural se puso en contacto con la Inspección de Trabajo para interesarse por el tema, ni los trabajadores ni los propietarios de las fincas recibirán sanción.

El responsable de Agricultura de Unións Agrarias, Xosé Ramón González, asegura que el sindicato ha ganado de momento todos los recursos que ha presentado contra los expedientes de sus asociados, apelando al precepto del Estatuto de los Trabajadores que excluye de la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a quienes realicen trabajos “a título de amistad, benevolencia o buena vecindad”.

“Perseguir el fraude en las pequeñas explotaciones sería un titiritada si no fuera porque los funcionarios iban escoltados por la Guardia Civil”, apunta González, quien explica que ese hecho ha provocado que muchos campesinos sintieran su visita como una amenaza. De hecho, en cuanto se corrió la voz de que se estaban realizando inspecciones en plena cosecha, algunos campesinos optaron por no meterse en problemas y dar de alta en la Seguridad Social a sobrinos, primos, tíos... “El caso más sangrante que tenemos es el de una persona que aseguró a su cuñado sólo un sábado”.

El portavoz sindical opina que la presión inspectora buscaba precisamente eso: “Es una forma de maquillar las cifras de paro. Son altas ficticias, pero una provincia como Ourense, con muy pocas afiliaciones, sirven para dar la impresión de que se crea empleo”, relata.

Según los últimos datos disponibles del Instituto Galego de Estatística (IGE), de las más de 350.000 explotaciones agrarias que había en Galicia a principios de los años noventa quedan hoy menos de 80.000, de las que la inmensa mayoría son pequeñas unidades de producción (más de 37.000 tienen una extensión de menos de 5 hectáreas).

Unións Agrarias asegura que las inspecciones del Gobierno se unen a varias otras medidas que no hacen sino “vaciar las rentas de los productores” gallegos, como el “catastrazo que les obliga a pagar por las construcciones que son su medio de vida”, la reducción de más de un 20% en la bonificación del gasóleo profesional, la limitación del complemento de renta a los pensionistas que venden castañas y uvas, o la “campaña indiscriminada de requerimientos fiscales” que ha emprendido la Agencia Tributaria contra los agricultores que heredaron el derecho a recibir ayudas de la UE.