Absuelto de nuevo el cirujano que denunció irregularidades en el hospital de A Coruña

El juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña ha desestimado la demanda por daños contra el honor interpuesta por tres cirujanos del servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) contra el presidente de la Asociación Batas Blancas, el también cirujano José María Borro. El juez considera que Borro, quien dirigía ese departamento, no incurrió en ilícito alguno cuando cuestionó la técnica quirúrgica que empleaban sus tres subordinados, que la pusieron en marcha en el hospital sin consultarle previamente. Los demandantes han mostrado su desacuerdo con el fallo y ya han anunciado que lo recurrirán. Además, siguen defendiendo las virtudes de la técnica uniportal, que permite realizar operaciones videoasistidas de cáncer de pulmón con una sola incisión torácica en los enfermos, frente a las intervenciones con dos o tres incisiones o portales de entrada.

"Lo que se produce es un debate entre profesionales de alta cualificación sobre la pertinencia de la intervención denominada uniportal"

Diego González Rivas, Ricardo Fernández Prado y María Mercedes de la Torre Bravos denunciaron ante la justicia las manifestaciones de Borro contra esa nueva técnica, que en opinión de su ex jefe no estaba suficientemente contrastada y podía arriesgar la vida de los pacientes. Estimaron que esas declaraciones ponían en peligro su prestigio profesional, pero el juez ha considerado que no es así y que las críticas del presidente de Batas Blancas responden a la normalidad en el debate sobre una técnica quirúrgica controvertida: “Lo que se produce es un debate entre profesionales de alta cualificación sobre la pertinencia de la intervención denominada uniportal, una vía de abordaje de cirugía video-asistida de una única incisión torácica, frente a la que se venía practicando en el servicio de cirugía torácica en el que demandantes y demandado prestaban servicio, y que para intervenciones de cierta relevancia, como la lobectomía, se realizaba a través de dos o tres portales”.

Desavenencias en el tiempo

Las desavenencias entre Borro y los tres cirujanos vienen de lejos, pero cobraron especial relevancia pública a partir del año 2010, cuando González Rivas, Fernández Prado y De la Torre Bravos crearon la Unidad de Cirugía Mínimamente Invasiva, una sociedad mercantil a través de la cual operaban en clínicas privadas a pacientes de patologías torácicas, especialmente a los de cáncer de pulmón. La mayoría habían iniciado tratamiento en centros públicos.

Al poco tiempo, Borro denunció al Sergas que sus tres subordinados estaban derivando a esa compañía a pacientes diagnosticados en el CHUAC, a quienes, según su versión, se les cobraban las intervenciones uniportal a través de sus respectivas compañías de seguros. El Sergas realizó una investigación interna tras la que la inspectora alertó de la situación y recomendó una sanción de dos años de inhabilitación, que finalmente quedó reducida a tres meses porque la Xunta consideró que los médicos sólo habían incumplido el régimen legal de incompatibilidades que les impedía trabajar en la sanidad privada sin informar previamente al Sergas.

Mientras tanto, Borro fue relevado de la jefatura del Servicio, no se le renovó su plaza de profesor asociado de la Universidade de A Coruña y el Colegio de Médicos de A Coruña lo multó con 2.000 euros y lo suspendió de colegiación culpándole de que el asunto hubiera saltado a los medios de comunicación. Esa sanción fue revocada posteriormente por los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, que consideraron que había sido sometido a una persecución injusta y que se había limitado a cumplir con su deber informando al Sergas de lo que consideraba un funcionamiento irregular en su servicio.

Durante ese proceso, además, la Fiscalía admitió a trámite una denuncia de Batas Blancas sobre el desvío de pacientes a clínicas privadas y abrió una investigación basada en el informe de la inspección del Sergas. El fiscal llegó a acusar a los tres subordinados de Borro de haber incurrido en tres delitos de abuso en el ejercicio de su función, de revelación de secretos y de incumplimiento del deber de custodia de documentos, y de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Pero el juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña archivó la denuncia en mayo pasado al considerar que no se había presionado a los pacientes del Sergas con “indicación, consejo o sugerencia” alguna para que aceptaran ser operados por los mismos médicos pero en hospitales privados y con cargo a sus seguros de salud. “Fueron terceros, familiares o informaciones de las que se disponía de distinto origen las que motivaron a buscar solución en los ámbitos privados frente al retraso que el sistema público de salud podría generar”, explica el juez en aquel auto.

Última batalla judicial

La última batalla la ha dirimido ahora el juzgado de Primera Instancia número ocho de A Coruña, al considerar que Borro no atentó contra el honor ni el prestigio profesional de los demandantes cuando afirmó que su forma de actuar ponía en peligro la vida de los pacientes. El cirujano basaba su apreciación en un artículo que él mismo publicó en la revista Archivos de Bronconeumología, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, en el que relata que un estudio sobre 276 casos de pacientes del CHUAC intervenidos con la técnica uniportal demostraba que habían padecido una mortalidad un 20% más alta que la de los intervenidos con la técnica convencional de dos o tres portales. A su juicio, esos resultados justificaban la necesidad de efectuar ensayos clínicos suficientes para garantizar la seguridad del nuevo método.

Para Diego Ramos, uno de los cirujanos implicados, ese artículo, cuyos datos afirma que fueron “manipulados”, carece de “relevancia científica”. En su opinión, la seguridad de la técnica uniportal está debidamente contrastada, avalada por la comunidad médica internacional y en expansión en varios países. “Nadie se atrevería a cuestionarla en un congreso médico”, matiza. También subraya que las denuncias de Borro responden “a un problema personal”, y alega que la sentencia que desestima su demanda y la de sus compañeros no argumenta justificadamente la absolución del acusado ni valora adecuadamente las pruebas documentales y testificales aportadas durante la vista oral. En especial, lamenta que el ponente haya dado validez a la versión de quienes cuestionan la técnica uniportal, y se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia atenderá debidamente a su recurso.

"La dimensión mediática de la controversia también es favorecida por los actores desde el momento que publicitan esta novedosa técnica"

El juez Antonio Fraga Mandián, firmante de la sentencia y ex decano de los jueces coruñeses, establece sin embargo en su fallo que a Borro no sólo le ampara el derecho a expresarse libremente como profesional sobre una técnica controvertida, derecho que sería superior al que ampara el honor de los tres cirujanos que la practican. También estima que su condición jerárquica le obligaba a ello: “El demandado ni siquiera ha llevado a cabo una crítica que pudiéramos calificar de desabrida y destemplada, sino que hasta de modo mesurado ha manifestado su abierta discrepancia con el proceder de los actores, poniéndolo además en conocimiento (como era su obligación, siendo como era responsable del servicio) de los organismos correspondientes. Es más, incluso podría comprenderse que exteriormente se hubiera pronunciado de modo más molesto o hiriente, cuando la primera intervención se hace a sus espaldas y ante su ausencia”, dice el juez.

Además, añade que ese derecho ampararía a Borro aun cuando no existiera controversia médica sobre la seguridad de la técnica uniportal, y justifica que la polémica haya salido a la luz pública dado que fueron los propios demandantes los que abrieron el debate glosando su defensa en los medios de comunicación. “Aun cuando la técnica referida fuera de una abrumadora implantación, no se puede impedir que profesionales cualificados cuestionen la misma cuando ello se hace de modo razonado y razonable, so pena de implantar una especie de imposición científica que todavía hoy nos haría abominar del modelo heliocéntrico de Copérnico. Es el debate y la contraposición de argumentos lo que hace progresar la ciencia y toda la actividad humana”, añade el magistrado, que añade: “La dimensión mediática de la controversia también es favorecida por los actores desde el momento que publicitan esta novedosa técnica, esto es, vierten sobre la arena pública las ventajas y logros que aquel método supone para los pacientes. Lógica es pues que las reacciones contrarias a la bondad de aquel procedimiento salgan también a la luz, fuera del estricto ámbito profesional”.