Los tribunales siguen tumbando las contrataciones irregulares promovidas por las instituciones gobernadas por el PP en Ourense, una práctica que se ha convertido en el modus operandi habitual en una región en la que la oposición lleva lustros denunciando el funcionamiento caciquil y clientelar de los populares tanto en la Diputación Provincial como en numerosos ayuntamientos. Esta semana se han producido dos sonoros ejemplos: la anulación de un concurso para la una promoción interna de alrededor de más de un centenar de funcionarios interinos de la Diputación, que el juez ha considerado diseñada para favorecer a trabadores afines confirmando sus plazas; y la anulación del nombramiento a dedo de un ex concejal del PP como jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de la capital. Serán los contribuyentes los que asuman las consecuencias pecuniarias de esas decisiones, ya que la justicia ha impuesto a ambas instituciones las costas judiciales derivadas de ambos procesos.

En el primer caso, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense ha estimado en su integridad una demanda presentada por el sindicato nacionalista Confederación Intersindical Galega (CIG) contra la convocatoria y las bases reguladoras del concurso firmadas por el presidente de la institución provincial, Manuel Baltar en octubre del año pasado. Según la CIG, se trataba de “un mecanismo para repartir puestos de trabajo”.

El juez ha dado la razón al sindicato al considerar que las bases del concurso limitaban la posibilidad de acceso a los puestos a los funcionarios que ya estaban desempeñando provisionalmente esas funciones, pues valoraba fundamentalmente que pertenecieran “exactamente a los mismos grupos, escalas, subescalas, clases y categorías profesionales” que la convocatoria debía cubrir. De esa forma, según el magistrado, se violaron los artículos 14 y 23 de la Constitución, que establecen el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y en sus posibilidades de acceso a la función pública, y los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección de los empleados de las administraciones.

La Diputación ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Para Anxo García Torres, secretario de Organización de la CIG en Ourense y responsable de la asesoría jurídica del sindicato en la provincia, el fallo pone de manifiesto “una práctica secular” en la institución que consiste en “consolidar los puestos de trabajo por la puerta de atrás, haciendo resoluciones a medida para colocar al personal ligado al Partido Popular e impidiendo que nadie más pueda acceder” a esos empleos.

En el segundo caso, el mismo juzgado tumbó a principios de esta semana el nombramiento como responsable de Personal del Ayuntamiento de Ourense de Javier Rodríguez-Nóvoa González, que fue concejal del PP entre 1995 y el 2011 y que, precisamente, trabajaba en la Diputación cuando obtuvo la mejor puntuación en las oposiciones convocadas para cubrir ese puesto municipal de carácter técnico. Los partidos de la oposición criticaron entonces que las bases habían sido diseñadas “a medida” para él en un ejemplo de libro de enchufismo partidista. Sin embargo, el alcalde, Jesús Vázquez, ex diputado del PP en el Congreso y ex consejero de Educación en el primer Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta, aseguró entonces que todo se había hecho “dentro de la legalidad”.

El PSdeG y Ourense en Común (aliados de En Marea en la ciudad) recurrieron a la justicia al ver sus demandas desestimadas en la vía administrativa, y el juez les ha dado finalmente la razón. El proceso para cubrir esa plaza, asegura el ponente de la sentencia, estableció medidas destinadas a privilegiar la candidatura de Rodríguez-Nóvoa, al puntuar de manera diferente a los candidatos en función de las administraciones en las que hubieran trabajado y al no valorar sus méritos en función de las características específicas del puesto que disputaban. El juez fue especialmente crítico con el hecho de que la mayor puntuación se le otorgase a Rodríguez-Nóvoa, licenciado en Farmacia, y que no tuvieran el mismo trato otros aspirantes con titulaciones académicas mucho más adecuadas para desempeñar al puesto de jefe de Personal, como los que tenían licenciaturas en Derecho y Ciencias Empresariales. Esa forma de baremar los méritos alegados, reza el fallo, convirtió la oposición en “nula de pleno derecho”.

Ourense es una de las provincias españolas donde el PP obtiene mayor electoral. En las generales del 2016, rozó el 50% de los votos, es decir casi 17 puntos por encima del 33% de sufragios que obtuvo Rajoy en todo el Estado. En los comicios municipales del 2015, mediante los que también se eligen indirectamente a los diputados provinciales, se aproximó al 44%, es decir nueve puntos sobre la media gallega y 19 sobre la española. EL PP ganó en 88 de los 92 municipios ourensanos, incluida la capital.

Las denuncias sobre prácticas caciquiles y clientelares en las instituciones públicas de Ourense son desde hace decenios una constante de la vida política orensana. Algunas de las más destacadas en los últimos años afectan al ex presidente de la Diputación Provincial, Xosé Luis Baltar, quien fue condenado en el 2014 a nueve años de inhabilitación por contratar a dedo a más de cien empleados del organismo en las semanas previas al congreso en el que su hijo Manuel se hizo con las riendas del PP provincial, un puesto gracias al cual pudo heredar también el de presidente de la Diputación. Según la versión de la oposición y de los perdedores de aquel congreso, muchos de los delegados que apoyaron a Baltar hijo habían obtenido de Baltar padre empleos para ellos o para sus familiares y amigos. El propio Manuel Baltar fue investigado recientemente por ofrecer sexo a cambio de un empleo a una mujer. El caso fue archivado porque la jueza consideró que aunque el ofrecimiento se había producido los hechos no eran constitutivos de delito.

Los casos de corruptelas judicializadas afectan también a responsables de la Xunta en la provincia. El pasado mes de abril, un juzgado de la localidad de Ribadavia ordenó la apertura de juicio oral contra Rogelio Martínez González, ex delegado el Gobierno autonómico en Ourense. El juez lo acusa de idear, junto a cargos institucionales y orgánicos del PP y profesionales y particulares vinculados al partido, una trama para emitir facturas y certificaciones de obra falsas destinadas a obtener ilícitamente dinero procedente de fondos europeos.