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La Abogacía del Estado tacha de causa general contra el Gobierno la investigación sobre el 8M
Agencia Atlas
No se recuerda un informe policial tan contestado. Sus conclusiones para sustentar un posible delito de prevaricación por parte del delegado del Gobierno en Madrid son la base con la que la juez Carmen Rodríguez-Medel continúa firme en su investigación. En ese propósito, la magistrada por el momento cuenta con el apoyo del abogado denunciante y la Policía Judicial, en este caso, el teniente y el capitán de la Guardia Civil que han redactado el informe. La juez expresamente ha exigido que los dos agentes solo le rindan cuentas a ella. Mientras la Fiscalía ha optado por mantenerse en un segundo plano a la espera de escuchar la declaración, como investigado, de José Manuel Franco. La Abogacía del Estado ya ha pedido a la Audiencia provincial de Madrid que desautorice a la juez y le ordene archivar la causa. En su recurso, sostiene que "la instructora ha iniciado el proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino meras sospechas e hipótesis". Y apunta que "la juez estaría convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria...", algo, señala, que se excede de sus competencias.
-Redacción-