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El Ayuntamiento de Madrid pide que Luceño garantice una fianza de 6 millones

El consistorio, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, solicita al juez que investiga las comisiones del llamado caso de las mascarillas que se proceda al embargo de los bienes del empresario "al efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pueda incurrir".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene en la inauguración de la ampliación de la planta de biogás del Parque Tecnológico de Valdemingómez, a 20 de abril de 2022, en Madrid.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene en la inauguración de la ampliación de la planta de biogás del Parque Tecnológico de Valdemingómez, a 20 de abril de 2022, en Madrid. Carlos Luján / Europa Press

El Ayuntamiento de Madrid ha solicitado al juez que investiga el conocido como caso de las mascarillas que reclame al empresario Alberto Luceño la fianza correspondiente hasta alcanzar la cantidad de 6.191.127 euros para asegurar las posibles responsabilidades económicas que se le puedan imponer.

Así se lo han requerido los servicios jurídicos del consistorio, que ejercen de acusación popular, respondiendo de este modo a la providencia dictada hace unos días por el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Una medida tomada tras evidenciarse la "insuficiencia de los bienes embargados" al empresario.

A través de un escrito, el Ayuntamiento de Madrid solicita subsidiariamente que, en el caso de que el empresario no deposite dicha fianza, se proceda al embargo de sus bienes "al efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias en que pueda incurrir".

Desde el consistorio, se reclama una consulta al Punto Neutro Judicial –red de servicios que ofrece a los órganos judiciales los datos necesarios en las tramitaciones judiciales– con el fin de averiguar las cuentas corrientes abiertas o los bienes muebles e inmuebles en los que Luceño es titular.

Como hizo con el empresario Luis Medina, a quien ha impuesto una fianza de casi 900.000 euros, el juez pidió a las partes que propusiesen nuevas medidas cautelares para Luceño al constatar que los bienes que se le incautaron no cubrían la cantidad que la Fiscalía Anticorrupción considera que cobró en comisiones, 5,5 millones de euros.

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