Los focos están puestos en Zaldibar. El día 6 de febrero, el vertedero de este municipio vizcaino dijo basta; las laderas de basura no podrían soportar más residuos. El peso de los desechos, algunos de ellos tóxicos, propició un desprendimiento de tierra que llegó hasta la AP-8 que terminó con las vidas de Sololuze y Beltrán, dos trabajadores de la planta cuyos cuerpos siguen sepultados entre tierra y escombros. 

El desastre –además de la muerte de los dos operarios– ha supuesto una crisis ambiental debido a la presencia de amianto en la tierra desprendida, una sustancia peligrosa a la que los trabajadores de rescate se expusieron sin protección durante las primeras horas búsqueda. A ello se debe sumar la propagación de un incendió que difundió las toxinas de este componente por toda la zona, afectando a más de 40.000 personas de los municipios colindantes y  obligando a suspender el partido de fútbol entre Real Sociedad y Eibar.

Zaldibar, según denuncian las organizaciones ecologistas, evidencia una dejadez administrativa en el tratamiento de residuos. Tanto es así, que, una semana antes del desastre, uno de los trabajadores desaparecidos había informado a la empresa de la presencia de grietas en la estructura del vertedero y denunció, según El Correo, la situación "insostenible" de la planta. No en vano, este suceso no es un hecho puntual. Bens, Seseña, Valdemingómez... La lista de vertederos polémicos es inabarcable, estos son algunos ejemplos que cuestionan la forma en la que se administran los residuos en el Estado español.

La avalancha de basura de Bens

"Corrí más que Usaín Bolt". De esta forma irónica miraba al pasado –en una entrevista para La Voz de Galicia– Luis Mantiñán, uno de los supervivientes de la catástrofe ecológica del vertedero de Bens (A Coruña) de 1996, que, al igual que lo que ha ocurrido en Euskadi, terminó colapsando fruto de una gestión deficiente. Además del resultado dramático que dejó ese suceso –un muerto, casas engullidas por el derrumbe de desechos y un puente destruido–, el desastre comparte un componente de dejadez en la gestión con los hechos ocurridos en Zaldibar.

Tanto es así, que, según un relato de El Mundo, la empresa concesionaria estuvo desde 1993 sin compactar la basura que llegaba a diario. Fue, en este caso, un pequeño incendio producido meses antes lo que se sospecha que pudo desestabilizar la tierra, provocando que más de cien toneladas de desperdicios sólidos engulleran el poblado y el puerto de O Portiño, acabando con la vida de un vecino de la zona que, con mala fortuna, había decidido salir a limpiar su coche en el momento menos oportuno. La cochambre que se acumulaba durante años en lo alto de la colina, además de convertirse en una avalancha destructiva, contaminó parte de los mares. Incluso parte de los restos terminaron llegando a la costa vascofrancesa, según denunciaron algunos municipios galos.

La catástrofe de Bens fue archivada en 1998 por el Juzgado de Instrucción Nº5 de A Coruña con un auto que eximía de responsabilidades al Ayuntamiento y a la empresa que gestionaba los residuos. No en vano –y pese a la víctima mortal– el suceso tuvo una reacción positiva a nivel ambiental, ya que la zona donde se encontraba el vertedero fue rehabilitada y reconvertida en un espacio verde de 600.000 metros cuadrados. Además, el Consistorio gallego invirtió en la creación de una planta de reciclaje para tratar de abordar el problema de la contaminación por vertidos, que, por entonces, no alcanzaba los niveles de concienciación social de hoy.

El humo negro de Seseña

Durante la madrugada del 13 de mayo de 2016, una nube negra eclipsó la luna en el municipio toledano de Seseña, ubicado en una zona limítrofe con la Comunidad de Madrid. Cuando el sol salió, la torre de humo se veía desde algunos puntos de la capital. ¿La causa? De nuevo un vertedero. Esta vez fue un cementerio compuesto por 100.000 toneladas de neumáticos que desbordaban el recinto donde se almacenaban. Según las investigaciones, "fruto de una fuente de calor externa", las ruedas viejas comenzaron a arder. El fuego se mantuvo activo durante 24 días y provocó una crisis ecológica sin precedentes, además de un conflicto institucional entre los gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla-La Mancha.

El proceso de destrucción se tradujo en 80.000 toneladas de neumáticos calcinados y casi 24 días de emisiones contaminantes que pusieron en riesgo sanitario a toda la población de Seseña, superando en algunas ocasiones los valores límite de partículas contaminantes PM10. Detrás de la toxicidad del asunto, un nuevo caso de negligencia administrativa. Tanto es así, que la empresa que gestionaba el recinto, Disfilt, fue sancionada en 2005 con una multa de 60.000 euros. Además, se ordenó que se paralizara la llegada de residuos al recinto. Algo que no dejó de ocurrir. En 2013, el Gobierno local del PP alcanzó un acuerdo con Desechos y Gestión de Ruedas Iberia para proceder a desmantelar el vertedero. Sin embargo, tres meses antes de que se propagase el fuego, el contrato terminó su vigencia sin que las tareas se hubieran llevado a cabo.

Casi cuatro años después de aquellos sucesos, la causa judicial sigue abierta, a la espera de que Google de acceso al juez al teléfono del único investigado por la catástrofe. 

Valdemingómez se desborda

El conflicto del vertedero de Valdemingómez es el resumen, quizá, de la gestión de residuos que durante décadas ha imperado en la capital. El lugar, situado al sureste de la ciudad–cerca de zonas pobladas como la Villa de Vallecas y Rivas– lleva recogiendo la basura de la mayor parte de Madrid desde hace años, pero el motivo de la discordia no son tanto los desechos como la incineradora que a principios de los años noventa inauguró Esperanza Aguirre, por entonces en la Concejalía de Medio Ambiente. 

Los vecinos de la zona llevan décadas manifestándose para exigir el cierre de la incineradora y reclaman a la administración que los desechos dejen de llegar. 
En el año 2012, un estudio elaborado por el Instituto de Salud de la Universidad Carlos III puso sobre la mesa lo que los ciudadanos llevaban denunciando desde hacía casi veinte años: "Hay estadísticamente más riesgo, tanto para hombres como para mujeres, de muerte por cánceres (estómago, pulmón, pleura, riñón y ovario) en ciudades situadas cerca de incineradoras y plantas de tratamiento de residuos peligrosos".

La lucha vecinal contra los olores y los humos de la incineradora –que quema cerca de 300.000 toneladas de desechos anuales– no ha conseguido, sin embargo, poner freno a la llegada de basuras. Aunque en el año 2018 hubo un espejismo que hacia preveer un posible cierre de la incineradora, el alcalde Martínez-Almeida ha anunciado que la mecha de Valdemingómez seguirá quemando basura, al menos, hasta el año 2025, ya que licitará un nuevo contrato que sustituya al actual, el cual termina en junio, fecha en la que se preveía el fin del calvario.

De hecho, la situación no sólo no mejora sino que se prevee una entrada mayor de basura al vertedero, ya que la situación de riesgo sanitario del vertedero de Alcalá, propició que en diciembre de 2019 se autorizase la entrada en Valdemingómez de toda la basura proveniente de los 31 municipios de la mancomunidad del Este de Madrid. Por ello, desde la Federación de Asociación Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) denuncian la falta de interés político para solventar un problema ecosocial de grandes dimensiones. Tanto, que reclaman que se reduzca el 50% de la basura quemada para 2022 y que la planta quede clausurada tres años después.

Las montañas de vidrio de Ajalvir

Desde hace años, la mayor parte del vidrio que se consume en la Comunidad de Madrid termina en el mismo sitio, la planta de reciclaje de Ajalvir, un pequeño municipio al este de la capital. Allí, la empresa Recycling Hispania (RH) se encarga de tratar los envases y residuos acristalados para darles salida. Sin embargo, los vecinos llevan años denunciando el colapso del lugar, que acumula todo tipo de residuos, incluso por fuera del recinto, situado en una Zona de Especial Protección (ZEP) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Ajalvir, más allá de la acumulación de desechos, resume a la perfección la complejidad del tratamiento de residuos de España. Por un lado, los vecinos afectados por la acumulación de desechos y –en este caso–el dueño del terreno donde se asienta la planta, quien desde lleva años denunciando el impago del alquiler por parte de la empresa. En varias conversaciones con este diario, el propietario ha manifestado su mayor temor: que la empresa marche y le dejen la basura allí. Por otro lado, la empresa que consigue la adjudicación del tratamiento de los residuos a través de Ecovidrio, una organización que aglomera a los empresarios del sector. Pero el entramado no termina ahí. 

Debido a la falta de solvencia de la empresa, Ecovidrio rompió las relaciones con Recycling Hispania y sacó a concurso el tratamiento de los residuos, adquirido por Verallia, una vidriera que, al no disponer de planta en Madrid para tratar los desechos, subcontrató los servicios a Recycling Hispania. ¿Conclusión? Las imperfecciones que no se conseguían reciclar continuaron acumulándose en el recinto. Al menos hasta que ocurra alguna desgracia que acelere los cambios.