El juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense ha admitido a trámite e investiga la denuncia de una vigilante de seguridad de la compañía Prosegur que acusa a un compañero de haberla agredido, vejado, insultado y tratado de atropellarla con su vehículo.

Así lo ha podido saber Público de fuentes de la representación de la víctima, que han anunciado que han presentado también sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Afirman que la mutua que le corresponde a la trabajadora, que sigue de baja tras el suceso, se niega a reconocer que su situación se debe a un accidente de trabajo.

Como ya informó Público, los hechos ocurrieron en la noche del pasado 20 de agosto en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo, donde ambos trabajadores prestan servicios de vigilancia y seguridad en varios edificios universitarios.

Según la denuncia de la mujer, a la hora del cambio de turno entabló una discusión con el vigilante al que debía dar el relevo, durante la que éste le respondió con insultos y gestos machistas. Cuando ella le pidió explicaciones por su actitud, el hombre la empujó y le arrebató el móvil con el que intentaba grabar la agresión, y, tras introducirse en su vehículo, le atrapó los brazos con la ventanilla del copiloto cuando intentó recuperar el teléfono.

Posteriormente, mientras la mantenía trabada con la ventanilla, la arrastró por el suelo con el vehículo, conduciéndolo hacia adelante y marcha atrás, para después apearse y grabarla con su propio móvil, insultándola y haciendo gestos obscenos frente a la cámara mientras ella se orinaba a causa del miedo.

La vigilante, que asegura en su denuncia que no fue auxiliada por ninguno de sus compañeros ni por sus superiores, con los que contactó posteriormente, logró finalmente llamar a la policía, que se personó en el lugar de los hechos, levantó atestado y, ante el estado de la mujer, llamó a una ambulancia que la trasladó a urgencias.

Allí le diagnosticaron una crisis de ansiedad derivada de un "episodio de violencia en el ámbito laboral", así como diversas lesiones y magulladoras "presuntamente producidas por violencia de género física y psíquica", tal y como figura en el parte médico.

Tras salir de urgencias, la mujer acudió a otro centro privado donde le diagnosticaron también ansiedad, "miedo y nerviosismo" y "magulladuras y escoriaciones en antebrazos, muñecas, dorsos de las manos y dedos y contusiones en muslos y rodillas" provocadas por "supuesta violencia en área laboral".

La agresión ocurrió un viernes por la noche y el lunes el sindicato de la trabajadora, al Confederación Intersindical Galega (CIG), reclamó a la empresa la activación de su protocolo de acoso, que castiga cualquier comportamiento "realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo".

Al día siguiente, la dirección de Prosegur en Madrid se negó activar el protocolo sin siquiera escuchar a la víctima, alegando que la agresión fue un "incidente aislado" que no era "constitutivo de ningún tipo de acoso". Sin embargo, sí anunció una investigación a cargo de un consultor externo de cuyo resultado, advirtieron, podrían derivarse sanciones graves, incluido el despido.

Lo cierto es que la representación de la víctima asegura que el agresor sigue a fecha de hoy desempeñando con normalidad su trabajo en el mismo puesto que antes, mientras la víctima continúa de baja.

Público se ha dirigido a Prosegur para confirmar ese extremo y para interesarse por el resultado de la investigación del consultor externo, pero más de siete semanas después de la agresión, la empresa sigue sin ofrecer una respuesta. Fuentes de la compañía han asegurado que la dirección no va hacer más declaraciones sobre el tema.

El secretario comarcal de la CIG en Ourense, Anxo Pérez Carballo, ha lamentado la falta de respuesta de la dirección de la empresa y ha anunciado que el sindicato ha presentado denuncias en la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, ante la negativa de Umivale, la mutua que trabaja con Prosegur, a reconocer, pese a la denuncia, el atestado policial y los informes médicos de urgencias, que la baja de la vigilante se debe a un accidente laboral.