Irene Montero muestra su apoyo a Irune Costumero: "No estás sola"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado este lunes su apoyo a Irune Costumero, que perdió la custodia de su hija después de que el Servicio de Menores de Bizkaia alegara síndrome de alienación parental (SAP), prohibido ya por la ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia por carecer de base científica.

"A Irune Costumero nuestro país le debe reparación por no reconocer su lucha protegiendo a su hija frente a la violencia machista. Urge que nuestra justicia deje de aplicar el falso SAP o derivados, como la relatora de la ONU o el Comité CEDAW nos recuerdan. Irune, no estás sola", ha escrito Montero en Twitter.

El SAP es un argumento que se ha utilizado para retirar custodias y que presupone que un progenitor manipula a su hijo en contra del otro progenitor, en la mayoría de los casos la madre.

Es el caso de Costumero, a la que el Servicio de Menores de Bizkaia le quitó en 2017 la custodia de su hija de cinco años alegando SAP, una decisión meramente administrativa.

Este lunes comienza el juicio contra el Servicio de Menores de Bizkaia que sienta en el banquillo al diputado foral de Acción Social, Sergio Murillo, y a tres funcionarios acusados de prevaricación, maltrato y delito de lesiones psíquicas por haber quitado a Costumero la custodia de su hija sin conocimiento del juez, que previamente había resuelto un régimen de custodia compartida.

El tribunal deberá dictaminar sobre si los cuatro responsables de la institución separaron a ambas a sabiendas de que no estaban actuando correctamente y si son, además, responsables de su sufrimiento.

Se tratará de determinar si esta situación, por la que la ONU envió una dura comunicación al Gobierno de España, supone un caso de violencia institucional, asentado sobre un informe que recogía que la menor sufría un supuesto síndrome de alienación parental.

Ese síndrome, negado científicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue rechazado por el Consejo General del Poder Judicial y será perseguido por la Ley de Protección a la Infancia aprobada en las Cortes, al considerar que menoscaba la credibilidad de las madres y tumba testimonios de malos tratos, volviendo la sospecha hacia ellas.