Violencia hacia la infanciaViolencia sexual, custodias, juzgados... diversos colectivos ofrecen sus aportaciones para mejorar la Ley de la Infancia

Dotar a la ley de perspectiva de género, enfatizar las violencias sexuales intrafamiliares que sufren los menores, mejorar aún más el sistema para tomar testimonio a niños, niñas y adolescentes en los juzgados, asegurar que los condenados por violencia de género no puedan ostentar la custodia o asegurar que los servicios de atención y mediación a la infancia sean de titularidad pública. Estas son algunas de las enmiendas más destacadas presentadas por organizaciones de la sociedad civil para mejorar el proyecto de ley contra las violencias en la infancia.

El pasado nueve de junio el Consejo de Ministros dio el pistoletazo de salida a esta norma, un texto largamente reclamado por organizaciones y grupos de la sociedad civil y cuya puesta en marcha se vio retrasada en numerosas ocasiones por la lentitud en los trabajos y por las diversas convocatorias electorales que dieron al traste con su tramitación. Si bien su presentación estuvo acompañada de elogios, también originó una avalancha de críticas. Muchas de ellas de gran calado para un texto que llevaba ya años negociándose entre diversos grupos políticos y cuyo primer borrador había recibido ya diversas aportaciones de la sociedad civil y organizaciones de juristas.

Una norma considerada "pionera" y "única en el mundo" por los responsables del ministerio de Derechos Sociales en su presentación, pero que el propio vicepresidente Pablo Iglesias reconoció que el Gobierno no quería retrasar más su tramitación, y confiaba en que el "tramite de enmiendas puede contribuir a mejorarla".

Si en junio pasado tras las críticas tanto el ministerio de Justicia como el de Igualdad se comprometieron a introducir cambios para mejorar aspectos de la ley, ahora son las organizaciones y asociaciones profesionales y de la sociedad civil las que han desgranado una larga lista de propuestas de cambios para el texto. Una llamada a la participación que se inició poco después de su presentación y que tras cuatro prórrogas tiene previsto cerrarse el próximo 23 de septiembre, aunque desde el ejecutivo no descartan que puedan producirse una nueva ampliación del plazo.

Hasta el momento la ley ha recibido multitud de contribuciones desde diversos colectivos. En este artículo se repasan las principales aportaciones de varias de estas asociaciones, entre las que se incluyen organizaciones de defensa de la infancia, asociaciones feministas y juristas con perspectiva de derechos de mujeres e infancia.

La infancia como un todo

La organización de defensa de los menores AGAMME resalta en sus comentarios a la ley que se trata de un proyecto que "presenta lagunas, contradicciones internas o con el resto del ordenamiento jurídico", y afirma que la forma en la que se ha redactado la norma supone incluso un retroceso en aspectos como el estatus jurídico de la persona menor de edad o en la comprensión de la infancia y la adolescencia "como un proceso evolutivo que requiere diversos enfoques".

"En toda la ley no hay apenas referencias a tramos de edad. Una ley que pretenda garantizar el acceso a derechos de la infancia y adolescencia deberá partir de un conocimiento profundo de este período y articularse a partir de ese conocimiento", afirma AGAMME en su escrito. Explica que la edad, el nivel evolutivo, y las características funcionales específicas tienen que ser reconocidas como "elemento vertebrador" de la atención qua cada menor necesita y estar basado en la psicología evolutiva.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), al igual que hacen otras organizaciones, resalta la necesidad de que los derechos de la infancia sean tratados de una forma transversal en la ley, reconociendo todos los derechos. La AMJE echa en falta en la exposición de motivos de la ley, referencias directas a las discriminaciones por razón de edad, de discapacidad, situaciones de desigualdad, desventajas estructurales que enfrentan los niños, niñas y adolescentes, las relaciones asimétricas de poder y las imágenes esteriotipadas que provocan que estén más expuestos a violencias por razón de edad.

Violencias sexuales intrafamiliares

Entre las principales carencias de la futura norma, las diversas organizaciones resaltan la baja atención que presta a las violencias sexuales intrafamiliares en la infancia. El hecho de que ésta represente más del 80% de las violencias que se producen en niños, niñas y adolescentes, merece que la ley la refleje de forma clara y que desarrolle medidas de protección específicas. En su redacción actual el texto del proyecto de ley habla principalmente de abusos sexuales, pero no de violencia intrafamiliar o incestuosa. Para Estrela Gómez, coordinadora de AGAMME, es imprescindible "eliminar el delito de abuso sexual dado que entendemos que el desequilibrio de poder en todo acto de violencia sexual contra un menor de edad lleva a definirla como agresión sexual".

Diversas organizaciones, como la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas, la Asociación de Mujeres Juristas Themis o la propia AGAMME, exigen en sus escritos que se elimine el tope de edad para denunciar estos delitos. Reconocen que la ampliación que propone el proyecto de ley para que el plazo de prescripción comience a contar a partir del momento en que la víctima cumpla los 30 años en lugar de los 18 que contempla la ley en la actualidad, es un paso importante pero escaso y que un ley integral de la infancia debería ir más allá. Según Ángeles Jaime de Pablo, portavoz de Themis, "nuestra experiencia muestra que las víctimas tardan muchos años en ser conscientes de los abusos o se atreven a denunciar, por lo que creemos que sería necesario que la prescripción comience a contarse a partir de que la víctima cumpla los 50 años".

Otro punto coincidente para la mayoría de organizaciones que han elaborado escritos para enmendar el proyecto de ley, es la necesidad de que esta norma incluya la perspectiva de género. Este diario ya avanzó el día de la presentación del proyecto de ley que el texto propuesto no contenía medidas para valorar de forma diferenciada las violencias que sufren niños y niñas, y no hacía ninguna referencia a la mayor vulnerabilidad que sufren las niñas ante violencias específicas por el hecho de serlo (como puede ser el matrimonio forzoso, la mutilación genital femenina o la mayor incidencia de las violencias sexuales en la pubertad, por poner algunos ejemplos).

Según un grupo de asociaciones de ayuda a víctimas de violencia de género, esta perspectiva transversal debería atravesar todo el texto para comprender y prevenir estas violencias, "tal como se solicita en el pacto de Estado contra la violencia de género" aprobado en el Congreso en 2017. Este grupo de asociaciones explica en su escrito que "es fundamental enmarcar que una gran parte de la violencia que reciben las y los niños proviene de la violencia machista" y recuerdan que la mayoría de esta violencia permanece oculta porque no se denuncia.

La reciente publicación de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres por parte del Ministerio de Igualdad, revela que entre más de un 80% de la violencia de género y cerca de un 90% de las violencias sexuales en mujeres de más de 16 años nunca llega a denunciarse. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, afirmaba a Público que si estas son las cifras en mujeres, la opacidad en las violencias sexuales hacia la niñas es aún mayor.

Las asociaciones afirman que una ley que "pretende ser integral no podrá erradicar la violencia sobre las y los niños y adolescentes si no contempla esta realidad".

Muchas de las propuestas de cambio de la ley resaltan que ésta no tiene en cuenta las medidas acordadas en el pacto de Estado contra violencias machistas. Un documento surgido de la negociación de todos los partidos políticos y que debería ser de obligado cumplimiento para las administraciones públicas. Entre estos incumplimientos destacan que el proyecto de ley integral de la infancia no establece el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia (Themis). 

AGAMME por su parte exige modificaciones legales para adaptar las leyes a  la normativa europea y hacer efectivo el Convenio de Estambul y el pacto de Estado de Violencia de Género, para que la adopción de estas medidas de protección no sean potestad del tribunales como en la actualidad, sino una obligación legal del juez.

Abolición expresa del Síndrome de Alienación Parental

Todas las propuestas revisadas por este diario hacen refencia a la necesidad de que la ley integral contra las violencias en la infancia contenga un posicionamiento claro y rotundo contra la utilización del conocido como Síndrome de Alienación Parental, una supuesta patología que no esta reconocida por ningún organismo internacional de prestigio y que se aplica de forma habitual en muchos juzgados y equipos psicosociales para culpabilizar a las madres de influenciarlos contra el otro progenitor.

A este respecto, AMJE propone la modificación del Código Civil de 1889, con un texto que diga: "En ningún caso podrá utilizarse el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como presupuesto para suspender o limitar la guarda y custodia, las estancias, visitas o comunicaciones de una persona menor de edad con alguno de sus progenitores. cuando los menores no quieren tener relación con sus padres". Esta asociación de juristas advierte que se prohiba el uso de esta práctica bajo cualquier nombre que se utilice para denominarlo.

Otro de los temas de controversia en la ley de infancia tiene que ver con los Puntos de Encuentro Familiares (PEF) y los mecanismos de mediación y atención a la infancia. Diversas propuestas exigen que éstos sean de titularidad pública, que estén formados por equipos multidisciplinares, sean ideologicamente independientes y posean protocolos adecuados para no revictimizar y proteger de la violencia machista a niños, niñas y adolescentes. 

Para la AMJE, la ausencia de una normativa única que regule los recursos y servicios públicos de atención especializada a niñas, niños y adolescentes permite que cada comunidad autónoma los gestione dentro de sus competencias sin que se garantice una intervención con perspectiva de género y de la y el menor.

AGAMME aboga también porque la nueva ley prohiba las maniobras de contención física de menores de edad boca abajo o presionando órganos vitales.