Violencia de género¿Por qué los hijos de Juana Rivas no han recibido ninguna medida de protección?

Desde que Francesco Arcuri se llevara a sus hijos a Italia en agosto de 2017, Juana Rivas interpuso ante la Policía y la Fiscalía de Cagliari (Cerdeña) seis denuncias por malos tratos físicos y psicológicos continuados hacia sus hijos por parte de su expareja. En ellas, como una letanía, figura la misma y machacona petición: que se apliquen medidas de protección urgentes hacia sus hijos ante el temor por su integridad.

Las denuncias, tal como explica Rivas, están basadas en los relatos que hacen sus hijos, especialmente el mayor, que cuenta hoy con 12 años, en conversaciones y cartas a su madre en las que detalla los insultos, desprecios y abusos físicos que reciben de su padre de forma habitual.

En varias cartas, el menor relata los arranques de ira de su progenitor y afirma sentir miedo por su propia vida y la de su hermano menor, de cuatro años. 

El último episodio tuvo lugar el pasado fin de semana cuando tras recoger a los niños para pasar de un par de días juntos, Rivas descubrió hematomas en la espalda de su hijo menor fruto, según los niños, de un cabreo del padre hacia el más pequeño que acabó con el menor estampado contra los hierros de la cama y luego golpeado contra una pared. Ante estos hechos Rivas se negó a entregar a sus hijos a Arcuri mientras no se tomaran medidas que garantizaran su protección. Estaba dispuesta, incluso a que los menores fueran a alguna institución o casa de acogida. 

Nada de eso sucedió. De hecho, tras ser citada en la comisaría de Cagliari y dejarla marchar asegurando que se valoraría la posibilidad de un lugar seguro, el pasado jueves fue obligada a entregar a los menores a su expareja por decisión del juzgado de familia donde se está decidiendo la custodia de los niños, sin que se adoptara ninguna salvaguarda. Tampoco los hechos denunciados iniciaron una investigación de urgencia ni una exploración de los menores por parte del juez, expertos forenses ni psicólogos. Nada.

¿Cómo es posible que los hechos denunciados no hayan puesto en marcha una investigación?

¿Cómo es posible que los hechos denunciados no hayan puesto en marcha una investigación para determinar si los hijos de Juana Rivas están efectivamente en riesgo? ¿Cómo se aplica la máxima del interés superior del menor, incorporado en casi todos los ordenamientos jurídicos y en los tratados internacionales ratificados tanto por España como por Italia?

Para muchos expertos en violencia de género y en derechos de la infancia, este tipo de actuaciones (o no actuaciones) se deben a varias causas pero con un denominador común: a las mujeres y a los niños no se los cree cuando denuncian.

Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género, explica que en los casos de violencia de género prevalecen los prejuicios de que las mujeres son malvadas y que tienen intereses ocultos a la hora de denunciar para hacer daño a su pareja, "intentar quedarse con coche, casa y niños" y que el imaginario colectivo incorpora estos estereotipos como algo habitual. 

"La justicia considera que Juana se inventa los hechos y que los instrumentaliza en su propio beneficio. Que no hay violencia. Pero los indicios de que ésta violencia existe, no sólo hacia ella sino también hacia los niños, no se han investigado. Esta es la clave", explica Lorente, que actúa como perito de Rivas en el juicio que se lleva a cabo en Italia de forma desinteresada.

"No ha habido una exploración seria de los menores ni en Italia, ni en España", explica Lorente, que recuerda que cuando el juzgado de instrucción Nº2 de Granada exigió a Arcuri llevar a los menores a una exploración en medicina legal en la mañana del 31 de agosto del años pasado, éste se marchó la noche anterior con sus hijos en coche rumbo a Francia, lo que "supuso un secuestro de los menores que nadie castigó", afirma.

Lorente también es muy crítico con el proceso pericial en el que se basa el juicio del juzgado italiano que dirime sobre la custodia de los menores, proceso que las abogadas italianas de Rivas han pedido que se anule por faltas graves. Según Lorente, el informe pericial, sobre el que el juez tiene que decidir y en el que sólo le permitieron participar haciendo comentarios al informe de la perito del tribunal, está plagado de estereotipos de género "reforzando el hecho de que ella es una mala mujer que denuncia a un hombre bueno" y está basado en una "metodología falaz que viene a concluir que ella manipuló a su hijo mayor, describiendo un auténtico Síndrome de Alienación Parental (SAP)" para el que "no existe base científica".

Los prejuicios de género ponen a los hijos en riesgo

"Esta gente [el juzgado] quiere pensar que Juana es una mujer mala que está haciendo la vida imposible a Arcuri, pero de lo que estamos hablando aquí es de la protección de los niños, y ahí están fallando todos los mecanismos", afirma Gema Fernández, de la organización Women´s Link.

Esta abogada, experta en derechos de las mujeres y en violencia de género, explica que existen mecanismo internacionales que regulan la protección de los menores bajo lo que se conoce como "interés superior del menor". Tanto Italia, como España han firmado y ratificado tratados como el de la CEDAW (la convención antidiscriminación de Naciones Unidas), el Convenio de los derechos del niño y niñas, así como el Convenio de Estambul del Consejo de Europa. En todos ellos, se reitera la necesidad de poner por encima de cualquier otra consideración el interés superior de los menores. 

"Lo malo es que a veces", afirma Fernández, "este interés superior parece más una coletilla que se utiliza en las sentencias, sin explicar qué se ha tenido en cuenta para determinarlo".  Esta abogada recalca que se trata de un derecho internacional y que su aplicación pasa necesariamente por escuchar a los menores y tener en cuenta su palabra. "Pero en el caso de Juana Rivas se está hablando de lo que pasa entre los adultos y abandonando a los niños porque el Estado no está haciendo lo que debe para averiguar si existe violencia hacia los menores. La acusan a ella de utilizar a los niños, de mentir, pero no se investiga. Esto ya lo vimos en el caso de Ángeles González Carreño y le pasa a muchas otras mujeres.", añade Fernández. 

De hecho, la CEDAW condenó a España por el caso de Ángeles González en 2014 y exigió al Estado español que pusiera en marcha medidas específicas para asegurar la protección de los menores. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad del Estado en el asesinato de su hija Andrea de sólo siete años a manos de su padre, por no atender ninguna de las 51 denuncias que esta madre había interpuesto para evitar que su expareja y padre de la menor tuviera visitas no vigiladas con la niña. En una de ellas la asesinó.

"Los estereotipos de género que hay sobre la mujer, tienen un impacto terrible sobre los derechos y la seguridad de sus hijos"

"Lamentablemente este comportamiento de no creer a las mujeres es muy habitual cuando se piden medidas de protección. Pero al final los estereotipos de género que hay sobre la mujer, tienen un impacto terrible sobre los derechos y la seguridad de los niños". ¿Que va a pasar si a estos niños el padre les hace algo malo, que justificación se va a dar de porqué no se escuchó o se miró si efectivamente estaban en riesgo? ¿Que su madre era una loca?", añade Fernández.

Varias juristas resaltan que lo que pasa en Italia hoy es lo que pasaba en España hace más de 15 años, antes de aprobarse la ley contra la violencia de género de 2004, en donde los juicios civiles y penales van por separado. Es decir, "en Italia se puede dirimir la custodia de los niños sin tener en cuenta la parte penal que determine la existencia de violencia de género", afirma la abogada de Rivas en Italia, María Eugenia Álvarez González. "Y eso es lo que está sucediendo con Juana".

A los niños se los ve como una propiedad de la familia

"Si a las mujeres no se las cree, a los niños menos", afirma Carmela del Moral, analista jurídico de Derechos de la Infancia de Save the Children. "Se tiende a no creer lo que cuentan los niños y las niñas, cuando en realidad es mas probables que oculten algo que ha pasado a que se lo inventen".

Esta experta pone el foco en que los tratados internacionales, especialmente el de la Convención sobre los derechos del niño, que afirma que este interés superior debería ser el principio rector que guíe todas las decisiones que se tomen en materia jurídica, administrativa o de educación. "Es un proceso que debe ser documentado y hecho por profesionales con conocimiento en la materia y poner varias cuestiones en valor para no vulnerar sus derechos. Sobre todo su derecho a ser escuchados". 

"En procesos judiciales nos encontramos con que los profesionales que van a tomar declaración a los menores, cuando esto ocurre, no tienen una preparación específica en psicología evolutiva y no sabe como interrogar a un menor, haciendo que estos testimonios no sean válidos", afirma del Moral.

"En el caso de Juana Rivas se tendrían que haber escuchado en un primer término a los niños"

"En el caso de Juana Rivas se tendrían que haber escuchado en un primer término a los niños. En una situación de denuncia se debería pensar en aplicar un procedimiento de riesgo a los menores. Esto es, tomar medidas administrativas para asegurar su bienestar y poner en marcha todos los mecanismos: estudios psicosociales a los progenitores, a los propios niños y tomar medidas cautelares necesarias", afirma la experta de Save the Children.

En España una modificación legal de 2015 reconoce a los hijos de mujeres maltratadas como víctimas directas de la violencia de género. Un cambio de perspectiva "necesario pero insuficiente", para del Moral. "Por ahora se ve a los menores como meros complementos de la madre y faltan medidas específicas. La legislación establece que los jueces deben pronunciarse sobre las visitas a los progenitores en temas de custodia, pero todavía falta romper con esa idea de que padre maltratador puede ser un buen padre", añade.

"A los niños no les afectan sólo los prejuicios de género hacia la madre, sino que hay una falta total de perspectiva de derechos de la infancia a nivel institucional, y especialmente en la administración de justicia, donde la perspectiva de los derechos de la infancia y el derecho superior de los niños no se aplica o no se aplica como debería.

"En lo que respecta a la lucha por los derechos de la infancia estamos 40 años por detrás de la lucha de los derechos de la mujer. Cuesta entender que niños y niñas son sujetos de derechos y ciudadanos con los mismos derechos y capacidades que los adultos. Aún se ven como una especie de propiedad de la familia. Como una extensión y no como sujetos, lo que dificulta mucho que se les tenga en cuenta realmente a la hora de tomar decisiones, incluso las que van encaminadas a su propia protección.